La competencia económica y la OCDE: el caso de México - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Lunes 26 de Junio, 2017
La competencia económica y la OCDE: el caso de México | La Crónica de Hoy

La competencia económica y la OCDE: el caso de México

Carlos Matute González

Hay cinco ejes de la transformación constitucional de los años recientes: los derechos humanos; la distribución del poder social; el rediseño de la distribución de facultades en el federalismo vía la concurrencia, la homologación y el otorgamiento de la autonomía constitucional a la Ciudad de México; la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción; así como el cambio económico estructural. En este último, hay que destacar la nueva institucionalidad para impulsar la competencia económica y la prevención de monopolios que afecten los derechos de los consumidores, con énfasis en las telecomunicaciones.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conjuntamente con la Secretaría de Economía, publicó en diciembre de 2016, un balance de experiencias internacionales sobre la resolución de asuntos de competencia económica por órganos de jurisdicción especializada y general, como resultado del trabajo derivado de un acuerdo para la promoción de la eficiencia de los mercados, así como el aumento de la productividad y de la competitividad en beneficio de las personas.
Este libro es un reporte del papel que desempeñan los órganos jurisdiccionales y sus efectos en la implementación de las políticas públicas en esta materia. La principal conclusión es que un sistema de revisión de las decisiones de las agencias o comisiones de competencia económica integrado por órganos jurisdiccionales especializados en dos instancias es la mejor práctica internacional, la cual fue la adoptada en México. En la elaboración del reporte participaron expertos mexicanos como los magistrados Jean Claude Tron Petit y Adriana Campuzano Gallegos del Poder Judicial de la Federación.
¿Esto qué significa para el ciudadano común? Que el diseño institucional de la Constitución y las leyes secundarias es la mejor opción explorada en el mundo en la materia de competencia económica y consiste en que dos órganos autónomos del Poder Ejecutivo (Cofece e Ifetel) llevan a cabo las investigaciones de las posibles prácticas monopólicas y, en su caso, emiten las sanciones que son revisables ante un juez de distrito y un tribunal colegiado, ambos especializados.
¿Qué es lo trascendente jurídicamente? La reforma constitucional de 2013 en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Sin embargo, ésta sólo sería un conjunto de buenas intenciones si faltara el andamiaje institucional que posibilita a los particulares, empresas y concesionarios acudir a órganos autónomos, independientes, objetivos, profesionalizados e imparciales para solicitar la aplicación correcta de las leyes antimonopolio.
Eso es la esencia de la nueva constitucionalidad en nuestro país: No hay un actor político estatal exclusivo que determine lo correcto en esta materia, sino que hay una pluralidad de entes públicos involucrados, lo que en el mediano y largo plazo previene de colusiones entre los servidores públicos reguladores de los mercados y que las empresas dominantes o relevantes afecten la competencia y obtengan ganancias indebidas o limiten la competencia.
La reducción de las tarifas de los teléfonos celulares, la limitación a las malas prácticas de los grupos económicos y las sanciones a cárteles como los que suelen conformarse en productos farmacéuticos o bienes de la canasta básica (pollo y huevo) no serían permanentes ni ejemplares para agentes económicos poderosos si no hubiera un entramado institucional, descentralizado políticamente, que garantice su recurrencia.
El análisis fácil y superficial suele pasar por alto que las iniciativas de los políticos que, eventualmente, se convierten en una ley no son eficaces, no son una realidad palpable si no se soportan tanto con personas como órganos dedicados constante y persistentemente a conseguir sus propósitos. También suele olvidar que los cambios que producen frutos son parte de un entorno más amplio y no pueden ser aves de paso ni clamores en el desierto. Así, el éxito del impulso a la competencia económica depende de que haya una transformación efectiva de la participación del Estado en la economía y que éste abandone el protagonismo para convertirse en un regulador y supervisor de las actividades propias del mercado.
Además, el éxito de un modelo debe tener aliados internacionales. Por ejemplo, el Estado Benefactor tuvo apoyos ideológicos y organizacionales sustanciales en la segunda mitad del siglo XX en la ONU y el acuerdo de Bretton Woods. Hoy, las políticas públicas nacionales antimonopólicas tienen en la OCDE a su principal aliado. Entonces, es relevante que esta organización se pronuncie favorablemente sobre la que está ocurriendo en nuestro país. Es relevante que el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, acuda a la Asamblea de la OCDE para exponer las ventajas del modelo mexicano. Hay camino andado, aunque falte mucho por recorrer.


cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

Imprimir

Comentarios