La PGJ va por extinción de dominio en caso Peralvillo | La Crónica de Hoy
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La PGJ va por extinción de dominio en caso Peralvillo

La fiscal contra la Trata de Personas, Juana Camila Bautista, asegura que el dueño del predio no se ha presentado para deslindarse por la explotación infantil

El inmueble de la calle Juventino Rosas podría ser sometido a la figura de extinción de dominio y formaría parte de los bienes incautados por el Gobierno capitalino.

La Procuraduría de Justicia local promoverá un juicio de extinción de dominio del inmueble donde vivían los niños que eran explotados para vender dulces, ubicado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc.

La demanda se hará una vez que los acusados hayan obtenido la vinculación a proceso.

La fiscal contra la Trata de Personas, Juana Camila Bautista, señaló que, hasta el pasado miércoles, el dueño del predio no se había presentado ante la Procuraduría para deslindarse de lo ocurrido.

Sin embargo, recalcó que las autoridades ya están en su búsqueda para que pueda rendir su declaración de los hechos.

Bautista explicó, en entrevista con Crónica, que el gobierno dará una batalla legal para que el predio pase a los bienes de la administración.

Este lugar fue usado desde hace al menos un año y medio para que los niños y jóvenes vivieran ahí, según las víctimas y los vecinos.

La Ley de Extinción de Dominio es aplicable cuando el dueño del inmueble tenía conocimiento de que dentro de su propiedad se cometía un ilícito.

La fiscal señaló que la Procuraduría colocó los sellos en los que se informa que el predio fue asegurado, debido a que forma parte de las investigaciones, pero indicó que éstos han sido retirados de forma ilegal.

La casa, marcada con el número 16A de la calle Juventino Rosas, de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, era usada para que los niños durmieran, luego de vender dulces por largas jornadas.

De acuerdo con información de la Procuraduría, dentro de la casa sólo había dos camas y pocos muebles. Así también, madera podrida y retacería.

Pese las austeras condiciones en las que se encontraba la vivienda, el personal de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del DIF capitalino aseguró que la situación “no estaba tan mal”.

“Ya vimos que no están tan mal, habría que cambiar algunas cosas de higiene y alimentación”, fue lo que dijo un integrante de la Procuraduría y que Crónica evidenció en su publicación del 17 de junio.

Los brigadistas revisaron las condiciones de la vivienda y aseguraron que no habían visto “nada fuera de lo normal”, pero aseguraron que tendrían que hacerse algunos cambios.

“Ustedes comen en la calle y eso los tiene en vulnerabilidad porque no sabemos qué tipo de comida compran, tal vez un poco más de limpieza y el arreglar las instalaciones, pero nada más”.

¿QUÉ DICE LA LEY? La Ley de Extinción de Dominio permite al gobierno disponer de los inmuebles relacionados con cuatro delitos: robo de vehículos, narcomenudeo, secuestro y trata de personas.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley, la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes es sin compensación alguna para el afectado.

Para evitar que alguien pierda sus inmuebles, en caso de que éstos hayan sido usados para algún delito, debe comprobar que no estaba enterado de lo que sucedía en la vivienda.

Durante el juicio, los afectados deberán probar que los bienes no fueron producto de acciones ilícitas, que su actuación fue de buena fe y que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.

El dueño del predio debe ser notificado personalmente. Sin embargo, si el agente del Ministerio Público advierte que se desconoce el domicilio de las personas a notificar personalmente —­lo que se acreditará con los informes de investigación respectivos— se hará a través de edictos.

“La audiencia se celebrará estén o no estén presentes las partes, excepto el Ministerio Público, así como los peritos o testigos, cuya presentación quedará a cargo de la parte que los ofrezca. La falta de asistencia de los peritos o testigos que el juez haya citado para la audiencia, tampoco impedirá su celebración, pero se impondrá a los faltistas debidamente notificados una multa de hasta 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente”, precisa el artículo 44, fracción III.

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