Inaplazable, el fortalecimiento de las leyes de mejora regulatoria: otro frente contra la corrupción - Ma. del Rocío Pineda Gochi | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 05 de Julio, 2017
Inaplazable, el fortalecimiento de las leyes de mejora regulatoria: otro frente contra la corrupción | La Crónica de Hoy

Inaplazable, el fortalecimiento de las leyes de mejora regulatoria: otro frente contra la corrupción

Ma. del Rocío Pineda Gochi

Uno de los temas más sensibles, y quizá de los más polémicos en la sociedad mexicana durante los últimos años, es el fenómeno de la corrupción. En ninguna época de la historia reciente de nuestro país se había dado un amplio tratamiento a este flagelo, lo cual hoy nos permite conocer a la mayoría de los mexicanos sobre sus grandes dimensiones, los impactos e implicaciones socioeconómicas que tiene para nuestro país.

Diversos estudios teóricos y empíricos han demostrado que este problema social tiene orígenes multifactoriales y polifacéticos, y para comprenderlo es necesario abordarlo, desde al menos tres dimensiones: política, económica y social. En este sentido, si ubicamos a la corrupción como una práctica exclusiva de una clase política, de un partido político, de un sector de la población o sólo de los funcionarios públicos, dejamos de lado las prácticas y los hechos de corrupción que cometen todos los días personas comunes que no pertenecen a la administración pública —como aquellos que no pagan servicios de agua y luz; evaden el pago de impuestos; incumplen con las diferentes leyes y reglamentos; sobornan a funcionarios públicos; cometen infracciones de tránsito; incumplen con sus obligaciones ciudadanas; viven en la informalidad, por mencionar algunos— y que se encuentran tanto en la iniciativa privada y/o sector empresarial como en la población en general.

A partir de este razonamiento, damos cuenta que el fenómeno de la corrupción atañe a toda la sociedad, y es el Estado el principal responsable de generar marcos jurídicos para combatirla y erradicarla. Es por ello que no debemos menospreciar que la administración en turno, de la mano del Poder Legislativo, la sociedad civil organizada y la academia, escuchó el sentir social sobre la urgencia de frenar este flagelo que nos daña y lacera a los mexicanos.

Es innegable que hoy contamos con diferentes instrumentos en materia de acceso a la información pública, leyes de combate a la corrupción, un Sistema Nacional Anticorrupción y, en general, un nuevo andamiaje jurídico para combatirla por todos sus frentes, que en lo inmediato nos ha permitido conocer información sobre malversación de recursos públicos que realizaron funcionarios de gobierno —que hoy los tiene tras las rejas o vinculados a procesos judiciales—.

Sin embargo, ningún esfuerzo es suficiente. En días pasados el INEGI presentó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2017, y lamentablemente damos cuenta que la “corrupción regulatoria” tiene un enorme impacto económico para el país, que costó mil 600 millones de pesos en el 2016.

Refiere la encuesta que “librar o agilizar trámites” a las empresas es donde se producen mayores actos de corrupción, con un 65 por ciento, aunque no podemos dejar pasar que tuvieron importantes porcentajes: evitar multas o sanciones, 39 por ciento; obtener licencias o permisos, 31 por ciento; evitar clausura del establecimiento, 30 por ciento, y pagar menos impuestos, 29 por ciento.

Estos datos se traducen en que 8 de cada 10 empresas del país percibió actos de corrupción para realizar los diferentes trámites. En términos monetarios, las grandes compañías erogaron por actos de corrupción 47.6 millones; las unidades medianas desembolsaron 179.5 millones; las pequeñas, 293 millones, y las que más pagaron fueron las microempresas, cifra que ascendió a 93 millones. La actividad económica más afectada por estos actos fue el comercio, con 679 millones, seguida de servicios, 618 millones, e industria, con 315 millones de pesos.

Esta situación hace evidente la urgencia de fortalecer los marcos jurídicos en materia de mejora regulatoria. Recordemos que las Pymes generan más del 80% del empleo en nuestro país y que, desafortunadamente, son las que cargan los mayores costos regulatorios, enfrentándose a más de 150 mil regulaciones y 130 mil trámites, que implican costos de transacción en sus operaciones. Es Inaplazable crear una Ley General de Mejora Regulatoria.

Senadora de la República

Michoacán de Ocampo

@RocioPinedaG

Imprimir

Comentarios