Inteligencia, confianza y acceso a la información: El papel del Estado - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 09 de Julio, 2017
Inteligencia, confianza y acceso a la información: El papel del Estado | La Crónica de Hoy

Inteligencia, confianza y acceso a la información: El papel del Estado

Javier Santiago Castillo

En ciertos espacios del poder suele confundirse la seguridad nacional con el espionaje. La seguridad nacional tiene que ver con el análisis y la toma de medidas preventivas de asuntos que pueden poner en peligro al país. Desde fenómenos naturales hasta riesgos económicos, políticos y sociales. El espionaje, según el diccionario, es una actividad secreta para obtener información de un enemigo del país. Siguiendo el significado de la palabra, lo grave es cuando un gobierno espía a sus ciudadanos por razones políticas, porque los considera enemigos.

Creímos que las prácticas más nefandas de intimidación y control político, propias del autoritarismo, habían desterrado o al menos matizado. No es así. La investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, publicada por el diario New York Times, da cuenta de la persistencia del espionaje político.

En el México del partido hegemónico, los aparatos del Estado siempre estuvieron bien aceitados a la hora de allegarse datos importantes, casi siempre con la amenaza o el uso directo de la fuerza; muchos son los testigos mudos de ese pasado autoritario, pero en el origen de vano intento de controlar lo incontrolable, siempre se buscaba más y más información, a toda costa.

Lo paradójico es que la información casi siempre obtenida por vías ilegales resultaba poco útil para refrenar los anhelos de cambio político. Ni se lograba intimidar a los promotores de la democracia ni mucho menos se lograba mediatizar a los movimientos.

Es natural, las transformaciones sociales y políticas resultan de una multitud de esfuerzos, no siempre articulados entre sí. Y es que la premisa central del espionaje político, está equivocada. Al concebir el cambio como producto de pequeños grupos de conspiradores a los que se debía cooptar, nulificar o eliminar, el régimen no hacía sino aplicar recursos crecientes a logros nimios.

La denuncia actual de espionaje político (Disponible en https://r3d.mx/2017/06/19/gobierno-espia/) sobre defensores de derechos humanos, periodistas, activistas sociales y dirigentes partidarios es un fracaso más de ese concepto de la acción pública. Para bien de todos, ninguno de ellos ha modificado ni mucho menos renunciado a su fervor cívico y pasión por las causas colectivas. Sería risible, de no ser porque detrás de cada intento de intimidación, chantaje o control gubernamental persiste una amenaza real sobre la seguridad de las personas.

¿Recuerda usted las atrocidades de la Policía Federal de seguridad y de la Brigada Blanca? A lo largo de muchas décadas, miles de mexicanos lucharon, y luchan, por una demanda sencilla pero significativa: que el gobierno actúe conforme a la Ley, para que el arbitrio no se convierta en arbitrariedad, ni la autoridad en autoritarismo.

Los actos de espionaje político contradicen toda noción de Estado Democrático de Derecho. Implican que los recursos que la sociedad ha confiado al Estado se emplean en favor de una opción, proyecto político o ambición personal de control, y no para resguardar el interés general de la sociedad y la seguridad de la Nación. Ponen al Estado al servicio de unos cuantos, negando su esencia y su razón de existencia.

Nuestras leyes prevén la recolección de información e, incluso, la intervención de las comunicaciones privadas. Pero también disponen justificaciones y mecanismos para que válidamente puedan llevarse a cabo. Entre ellos no figura la vigilancia sobre los actos que las personas realizan de manera legal y al amparo de sus derechos fundamentales.

Todos podemos coincidir en que la existencia de los aparatos de Inteligencia es necesaria y socialmente útil, pero sólo cuando ciñen su actuación a los controles institucionales adecuados. No es reprochable la recolección de información pública y su análisis. Lo reprochable en el atentado al derecho a la privacidad, que se encuentra tutelado.

Nadie en su sano juicio podría proponer la desaparición de los aparatos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas; ni siquiera del Cisen. Pero resulta que gobiernos estatales e incluso algunos municipales han creado sus propios aparatos, sin que se informe a la sociedad de sus protocolos de actuación, ni sus mecanismos de control institucional.

Es difícil saber quién ordenó el espionaje del que dio cuenta el NYT, el propósito que perseguía y cuántos ciudadanos más, que ejercen su actividad en forma lícita y a la luz del día, están siendo ilegalmente vigilados. Pero no es imposible. Además, tampoco podemos descartar a agencias de espionaje de otros países. Por ello resultan insuficientes las manifestaciones que el gobierno, desde la Presidencia de la República hasta un largo etcétera de dependencias, se concreten a negar el espionaje. La legitimidad de la acción del gobierno está en juego, debido a la acción ilegal de alguna de sus dependencias o de alguna agencia extranjera.

Toda vez que se trata de un delito y que el ministerio público sigue conservando el monopolio de la acción penal, no corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que actúa sólo en el ámbito administrativo, sino a la Procuraduría General de la República.

Se requiere una investigación con mecanismos de justicia abierta, con expedientes disponibles al público, contratos a la vista de todos los ciudadanos, bitácoras de utilización del software accesibles para su consulta y el conocimiento de sus operadores responsables; se trata de abrir la casa para que conceptos como Justicia Abierta y Gobierno Abierto se lleven a la práctica con transparencia y apertura a la ciudadanía.

No existe certeza de que el operativo de espionaje se haya instrumentado desde alguna oficina del gobierno federal. Pero, creo que fue Francis Bacon quien dijo que la duda, como el murciélago, no vuela más que en la oscuridad. Por eso es indispensable que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. Tenemos la oportunidad de hacer de este tema una ocasión para avanzar un trecho más en una relación sana y democrática entre gobernantes y gobernados. Aprovechémosla.

 

P.D. Mi solidaridad con los activistas, académicos, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

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