Socavón: renuncia y medidas necesarias - Raúl Trejo Delarbre | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 16 de Julio, 2017
Socavón: renuncia y medidas necesarias | La Crónica de Hoy

Socavón: renuncia y medidas necesarias

Raúl Trejo Delarbre

Ineptos. Incompetentes. Insensibles. Los adjetivos para calificar el comportamiento de los funcionarios federales que reaccionaron o dejaron de hacerlo ante la tragedia en al llamado Paso Express de Cuernavaca pueden ser tajantes pero resultarán insuficientes. Una obra que costó miles de millones de pesos no recibió la supervisión necesaria para evitar el daño elemental —además previsible y por si fuera poco anunciado— que costó la vida de dos personas. Los intentos del Gobierno Federal para atenuar su responsabilidad en ese asunto y muy especialmente las declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, son inaceptables.

La construcción del Paso Exprés ocasionó, sobre la autopista México-Cuernavaca, un sobrepeso que rompió la tubería que corre bajo esa vía. La inundación consiguiente formó una hendidura sobre la cual un tramo de la autopista terminó por romperse. El incremento en las lluvias, que en las semanas recientes ha sido mayor que en otras temporadas, empeoró el deterioro en el subsuelo de la autopista. Pero es inadmisible la versión de las autoridades que, sobre todo en las horas y días posteriores, atribuyeron el incidente al crecimiento en la precipitación pluvial que habría empeorado debido a la acumulación de basura en las alcantarillas.

Las carreteras, especialmente una vía de tránsito intenso y pesado como es la autopista a Cuernavaca, tienen que estar preparadas para resistir fenómenos meteorológicos mayores a los que son habituales. La estructura y el funcionamiento de una obra con la extensión de 14 kilómetros y que costó más de 2 mil 200 millones de pesos tendría que estar sometida a una constante vigilancia.

La negligencia es más notoria porque durante la construcción del Paso Express ya había ocurrido un movimiento del suelo que obligó a inyectar cemento bajo la autopista (Reforma, 15 de julio). Los encargados de esa reparación no advirtieron que al cerrar espacios libres se produciría una mayor presión sobre el tubo que conducía el agua recuperada metros arriba.

Tal apreciación no fue señalada por especialistas en mecánica de suelos sino por los vecinos de la comunidad de Chipitlán a través de su ayuntamiento que, días antes de la tragedia, comunicó a la SCT que el muro de contención del Paso Express estaba a punto de romperse. Nueve días antes de la apertura del socavón, vecinos de esa zona bloquearon la carretera para exigir la reparación de la tubería que pasaba por abajo de la vía rápida y entregaron fotografías de la hendidura que estaba ensanchándose (Milenio, 13 de julio).

Por otra parte la Secretaría de Protección Civil del estado de Morelos, el presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, así como diputados locales, habían manifestado de manera formal sus inquietudes ante defectos en la construcción del Paso Express que ponían en riesgo a quienes emplearan esa vía y a los vecinos de la zona (Excélsior, 13 de julio). La SCT hizo reparaciones menores y, evidentemente, insuficientes.

El miércoles 12 de julio, muy temprano, Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero iban a la empacadora de pollo en donde trabajaban, en Jiutepec. Al llegar al kilómetro 93.8, se los tragó la tierra. Su auto cayó en un socavón que se abrió repentinamente y que alcanzó 15 metros de largo y 5 de hondura. Desde esa profundidad pudieron hablar por teléfono para avisar del percance. Los equipos de rescate tardaron en llegar. Las maniobras se dificultaron porque el peso de la maquinaria fracturaba más la carpeta de la autopista. Los señores Mena fueron rescatados diez horas más tarde, cuando ya habían muerto por asfixia.

El Paso Express fue construido por las empresas Epccor de capital mexicano y Aldesem, filial del consorcio español Aldesa. El costo de esa obra estaba previsto inicialmente en mil 45 millones de pesos, pero al final ascendió a 2 mil 213 millones de pesos.

Se trata de recursos públicos cuya asignación fue decidida por el Gobierno Federal. En cualquier democracia los gastos de esa índole están sujetos a la más escrupulosa supervisión pero, además, su asignación y evaluación son consideradas como parte de las responsabilidades de los gobernantes. En México, sin embargo, en el poder político se sigue considerando que la sociedad tiene que agradecer tales erogaciones.

Por eso desde el 5 de abril, un día antes de que Peña Nieto lo inaugurase, los 14 kilómetros del Paso Express estaban flanqueados por  letreros que proclamaban: “¡Gracias! Señor Presidente por el Paso Express Tlahuica”. Algunos de ellos tenían el logotipo y el nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

¿Por qué la Cámara que reúne a los empresarios de la construcción tiene que agradecerle al gobierno que cumpla con su obligación de hacer obra pública? El miércoles pasado, después de los hechos en el kilómetro 93, esos letreros fueron retirados a toda prisa.

Sin embargo más de un día después la SCT, en su cuenta de Twitter, seguía difundiendo anuncios para promocionar el trabajo de esa dependencia en la construcción de carreteras. Acompañando a un  breve video, se colocó el siguiente mensaje: “#ObrasParaTi #LoBuenoCuenta ¡Esta es parte de la #Infraestructura que está transformando a México! #Comparte”. El mensaje, en efecto, fue compartido por muchos tuiteros pero con expresiones que dan cuenta de la indignación ante la insensibilidad de quienes encabezan a esa dependencia: “Cínicos”, “increíble la falta de tacto”, “¿no tienen ni tantita vergüenza?”.

La tragedia fue seguida hora tras hora en los medios de comunicación. Inicialmente llamó la atención el desparpajo del delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón, que insistió en culpar a las lluvias. El secretario Ruiz Esparza llegó al sitio del percance y fue recibido con reproches por habitantes de Chipitlán. Allí presenció el dolor de vecinos y familiares, se percató de las causas al menos aparentes de la fractura en la autopista, se enteró —si es que no lo sabía— de que ese episodio lo pudo haber evitado la Secretaría a su cargo.

Después de conocer todo eso, el secretario Ruiz Esparza dijo que la SCT se haría responsable de indemnizar a los familiares de las dos víctimas “por el mal rato que pasaron”.

Si ya, desde las primeras horas después del incidente, había un ánimo público adverso a Ruiz Esparza por la incompetencia de la secretaría que encabeza, esa declaración mostró además una deleznable insensibilidad. O quizá es simplemente impremeditación y tontería. El sábado, en una entrevista, el titular de la SCT dijo: “mi principal trabajo en este momento es atender este asunto con la mayor diligencia… y si hay alguna responsabilidad, afrontarla con mucho gusto” (El Universal, 15 de julio).

Pues hay que darle gusto al secretario Ruiz Esparza. Su destitución sería muestra de que, aunque fuese de manera tardía, el gobierno toma en serio la improvisación que ocasionó la muerte de dos personas y la ausencia de supervisión suficiente en una obra pública de enormes dimensiones. También sería una respuesta a la indignación que se ha extendido a causa de ese desastre.

La remoción de Ruiz Esparza sería una medida pertinente. Pero no sería suficiente. El socavón en la autopista de Cuernavaca tendría que propiciar indagaciones y reacciones a fondo, como las siguientes.

Los familiares de las dos víctimas tienen que recibir indemnizaciones  cuantiosas y ejemplares, con recursos aportados por las empresas constructoras. El erario público no tiene por qué hacer gastos que corresponden a los responsables directos de esa tragedia.

Hace falta, pronto y bien hecho, un estudio completo del Paso Express y de otras vialidades en las que se han detectado hundimientos y desplazamientos del terreno. De esa manera se podrá determinar, a la mayor brevedad, qué reparaciones son necesarias a fin de evitar nuevas tragedias.

La investigación para determinar las responsabilidades en las que incurrieron funcionarios de la SCT, y eventualmente de otras dependencias, que tenían que haber supervisado de manera constante el funcionamiento de la autopista, tiene que ser expedita y con resultados detallados a la vez que públicos.

Las averiguaciones tienen que incluir la revisión de protocolos y recursos con los que reaccionaron las autoridades federales, y de Morelos, para rescatar a las víctimas del incidente.

También es necesaria una investigación para esclarecer por qué no fueron atendidas las advertencias de autoridades y vecinos sobre el deterioro en ese tramo, y en otros, del Paso Express.

La asignación de recursos públicos, las maneras como fueron ejercidos, los motivos para que el costo de la obra creciera a más del doble y, de manera más amplia, los negocios de las empresas Aldesem y  Epccor, tendrían que ser develados y explicados con todo detalle.

Ya es tiempo de que las obras públicas dejen de ser pretexto para que el gobierno, y sus beneficiaros, emprendan las ofensivas campañas de autoelogio que suelen acompañar a cada inauguración. Así como, debido a la vergüenza y a las desaprobaciones que propiciaban, los anuncios de interesado agradecimiento al presidente Peña fueron retirados del Paso Express, debieran desaparecer todas las expresiones de lucro político a partir del ejercicio de recursos públicos.

Muchas de estas tareas tendrían que estar a cargo de la Fiscalía Anticorrupción que el Senado no ha sido capaz de designar.


@ciberfan

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