El polémico gasto de representantes de casilla - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Sábado 22 de Julio, 2017
El polémico gasto de representantes de casilla | La Crónica de Hoy

El polémico gasto de representantes de casilla

Javier Santiago Castillo

En la encendida sesión del pasado lunes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó instaurar un procedimiento oficioso para determinar los gastos para el pago de representantes de casilla de los partidos políticos en los comicios del pasado 4 de junio, en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, y en diversos municipios con elección extraordinaria.

Fue una decisión prudente y pertinente, orientada a generar certeza respecto de si cada uno de los partidos otorgó remuneraciones a sus representantes generales y de casilla, a cuánto asciende el gasto y en qué medida incide en el posible rebase de los topes de campaña fijados para cada elección.

El procedimiento fue necesario debido a que los partidos, casi de manera unánime, se dolieron por que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) había cuantificado como gasto no reportado diversos casos en que sus militantes actuaron como representantes de casilla en forma libre y desinteresada, es decir, sin pago alguno.

En los hechos, lo que puede apreciarse es que hubo partidos que, a su decir, fueron representados exclusivamente por militantes; otros otorgaron remuneraciones sin importar que se tratara de militantes o simpatizantes, y otros más emplearon una fórmula combinada.

El primer caso es el que llama la atención y suscita sospechas, ya que exige una amplia capacidad operativa nada usual en el breve y turbulento espacio de una campaña. De ahí que la UTF supusiera que se trataba de un gasto oculto, pero sin expresar con suficiencia las razones para tal determinación. Olvidó que, en el derecho sancionador, la autoridad debe acreditar las faltas y no suponer que el sujeto obligado debe demostrar su inocencia.

El error central que al parecer dio origen a todo este debate tiene que ver con un oficio remitido por la UTF pocos días antes de la jornada electoral. En éste, se indicó a los partidos que únicamente debían registrarse en el sistema integral de fiscalización los montos erogados y los recibos emitidos en los casos en que se hubiera otorgado pago. Los recibos de quienes actuaron voluntariamente, es decir, sin pago, debían resguardarse para ser entregados cuando la autoridad los requiriera.

El artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización establece que “El registro de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío de la documentación soporte se realizará al momento de registrar a los representantes respectivos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el Comprobante de Representación General o de Casilla (CRGC)”. La obligación de registro no distingue y, por lo tanto, la UTF no debió dar un tratamiento distinto a representantes pagados y voluntarios. Al hacerlo se favorece el ocultamiento o, al menos, la confección “a modo” de recibos con posterioridad a la fecha en que el gasto debe ser reportado.

La recolección de recibos físicos presentó otro error técnico. Algún partido se quejó de habérsele requerido en Torreón, cuando su centro de operaciones se encontraba en la capital del estado, Saltillo. Entonces, únicamente logró entregar los correspondientes a una región y no así a los de toda la entidad. Otro partido expresó que puso a disposición todos sus recibos, pero los auditores sólo tomaron una muestra de éstos y, no obstante, se le sancionaba por la totalidad. En otro caso, se recibieron cajas de recibos sin cuantificarlos en el acta correspondiente, por lo que se le dejó en estado de indefensión ante una sanción. Son criterios y mecanismos disímiles que no abonan a la certeza ni al trato igualitario que deben recibir los partidos en la fiscalización.

Así las cosas, el Consejo tomó la determinación que en mejor medida contribuye a la certeza. La revisión de los recibos recolectados hace interactuar tres bases de datos: el sistema integral de fiscalización, en el que debió registrarse el gasto que en su caso se haya efectuado; el sistema de información de la jornada electoral, en el que se reporta cuáles partidos tuvieron representantes en la casilla; y el sistema de registro de representantes, en el que se consigna el nombre de cada uno de los representantes de partido a los que se les expidió nombramiento.

Idealmente, las tres bases de datos deben coincidir con exactitud. No necesariamente es así. Sucede que, pese a haber obtenido el nombramiento, algunos representantes no acudan a la casilla; que se generen confusiones por sustituciones de representantes; que el representante no sea admitido en la casilla; que alguien llegue a la casilla cuando el capacitador asistente electoral ya envió el reporte al SIJE, que alguno acuda a la casilla sólo al momento de escrutinio y cómputo, entre otras situaciones. Suponer sin mayores elementos que casos así configuran un gasto oculto resultará un tanto aventurado.

Por añadidura, debemos tener presente que los tres sistemas presentaron fallas técnicas, según reporta la prensa y corroboran los partidos. Ello hace posibles las omisiones de registro y favorece el error humano. Tales fallas no pueden ser atribuidas a los partidos, ya que conciernen en exclusiva a la autoridad.

La pausa en la resolución del tema, acordada por el Consejo, permitirá esclarecer en buena medida lo ocurrido. Pero también es posible que la pausa sirva para que se subsanen omisiones y todo concluya como el parto de los montes. Advierto el riesgo, pero no anticipo el resultado, no sería sensato.

Lo que me parece que debe tenerse muy presente, sin dramatismos, pero y también sin evasión de responsabilidad, es que los errores técnicos ameritan una enmienda profunda y real en éste y en otros temas, para que la fiscalización constituya una efectiva herramienta de preservación de la equidad y la rendición de cuentas en materia electoral.

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