Odebrecht y los partidos - Aurelio Ramos Méndez | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Sábado 19 de Agosto, 2017
Odebrecht y los partidos | La Crónica de Hoy

Odebrecht y los partidos

Aurelio Ramos Méndez

La corrupción de políticos y funcionarios ya es el arma más letal en la contienda por la Presidencia. Por desgracia, no como objeto arrojadizo o mera estrategia de guerra sucia, a base de invenciones y calumnias, sino como rigurosa, notarial relatoría de actos punibles y documentados.

Estaba previsto desde mediados del sexenio que así sucedería. Lo importante ahora consiste en prever qué pasará concluido el proceso electoral, cuál será la traducción a la realidad de la batalla campal en que —parece mentira— la corrupción definirá quién será el Presidente de la República.

Está visto que en el presente gobierno el combate a la corrupción no ha sido más que concepto para echar bonitos discursos; pero, también, que ningún partido —del PAN y el PRD al Verde, el PT y demás fauna— carecen de voluntad genuina de extirpar este cáncer.

Así las cosas, corresponde a los ciudadanos aplicarse a fondo para elegir dentro de un año de seguro no al más limpio, sino al menos salpicado de deshonestidad.

Y, asimismo, convendría explorar en serio la factibilidad de una amnistía económica general, un borrón y cuenta nueva, planteada en medios de opinión años antes de que esta medida fuese insinuada por el puntero en la contienda 2018.

El perdón total del pecado original que escoden muchos de los más cuantiosos capitales de la élite dirigente, no sólo de políticos y funcionarios sino también —sobre todo— de grandes empresarios, se realizaría sobre la advertencia de que, a partir de ahora, eso sí, habrá cero tolerancia a los corruptos.

Tendría que ser de este modo debido a que, por donde uno mire, no parece haber ni un solo presidenciable limpio y en aptitud de pasar el trapo húmedo por todos los rincones para quitar el cochambre.

De manera directa o indirecta la totalidad de los prospectos conocidos hasta ahora tiene responsabilidad en el actual estado de cosas, así sea sólo por haber consentido la farsa de sus respectivos partidos en torno de este tema.

No está sin mácula ni siquiera el más aventajado de los contendientes. Y de los independientes mejor no hablemos, por más que algunos también han encontrado la manera de capitalizar el asunto y fortalecer sus ambiciones electorales con el discurso de la extirpación de la corrupción y el cambio.

En el torneo de acusaciones la peor parte, sobra decirlo, toca al PRI. Partido al cual el escándalo Odebrecht, que envuelve a Emilio Lozoya Austin le cayó como karma cuando aún no se apagaba el eco de las peroratas anticorrupción —huecas y recursivas— lanzadas en su XXII Asamblea.

En el cónclave priista se acordó la creación de una Comisión de Ética que prevenga, investigue y sancione actos de corrupción y se hizo obligatoria la declaración 3de3 para candidatos y funcionarios.

Y Manlio Fabio Beltrones aseguró, sin sonrojarse, que —ahora sí— su nonagenario partido combatirá las conductas corruptas, y se concentrará en construir un sistema en el que no tengan lugar prácticas deshonestas.

Perdieron el tiempo los priistas. Su credibilidad está por los suelos.

Podría decirse, sin hipérbole, que es más fácil que con su huelga de hambre Javier Duarte concite cierta conmiseración, a que alguien se trague entero el cuento tricolor del combate frontal a la inmoralidad, del fin de la concepción del Estado como botín y del puesto público como el gordo de la lotería.

De cara a esta nula fiabilidad, para atemperar las exigencias de las bases y en aras de la oportunidad, bien pudo la cúpula priista haber copiado, letra por letra, el Código de Ética de la constructora brasileña que repartió sobornos en once países. Recomendación que aplica para cualquier partido.

A la luz de las prácticas delictivas de los ejecutivos de aquella firma resulta irónico —al igual que en cualquier partido—, el contenido del código de conducta en el cual se asienta lo siguiente:

“Es vedado a todos los Integrantes de la Organización Odebrecht realizar cualquier tipo de pago ilegal, impropio o dudoso a funcionario público o equiparado, sea directamente o por intermedio de terceros”.

La empresa cuyos directivos aseguran haberle dado al vástago del ex secretario de Energía, Emilio Lozoya Thalmann, 10.5 millones de dólares a cambio de contratos de Pemex, también dispone en su vistoso código de ética que “toda y cualquier contribución para fines electorales sólo podrá ser hecha si se observa la ley correspondiente”.

Además, ¿quién podría oponerse a la siguiente, saludable declaración de neutralidad política?: “La Organización Odebrecht, de acuerdo con sus principios y valores empresariales, no adopta posiciones políticas o partidarias; por lo tanto, debe ser preservada de la actuación política de sus Integrantes.

“No obstante ello, reafirma la importancia del ejercicio pleno de Ciudadanía por sus Integrantes, en el cual se incluyen la libre manifestación de pensamiento y la opción individual de participación política, afiliación partidaria y candidatura a cargos públicos o políticos”.

Los adversarios del tricolor ya tenían un poderoso arsenal con los casos de Javidú, Roberto Borge, César Duarte, Rodrigo Medina y otros más, cuando —“El rancho ardiendo y la mujer pariendo”— estalló el caso Lozoya.

Escándalo éste elocuente del usufructo de la riqueza petrolera por unos cuantos y de la densa corrupción que llevó a la quiebra a la paraestatal petrolera, hasta hacer imprescindible la reforma energética, y mancha a por lo menos dos Presidentes de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Embadurna asimismo este caso a más de un presidenciable en cuya área de influencia debieron haberse detectado los efectos y el alcance del soborno.

De la resolución de este asunto dependerá la vigorización o el debilitamiento definitivo del principal grupo que puja por la grande —por ahora el más amplio, armonioso y con mayores opciones para coronar con éxito sus aspiraciones—, capitaneado no por esa estrella naciente y refulgente que es José Antonio Meade, sino por el serio y respetado Luis Videgaray.

La creación de un ente de gran calado para combatir a fondo la corrupción fue el número uno de los compromisos de campaña firmados ante notario por Peña Nieto. El resultado, a un año de finalizar la administración, está a la vista. No requiere presentación el incompleto y venteado cascaron del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entretanto, personajes de discutible probidad pertenecientes a todas las formaciones políticas gozan de libertad y respetabilidad; servidores públicos señalados de ladrones pasean muy orondos su impunidad, y peces gordos lograron escurrirse quizá para siempre por el entramado de la ley y están en manos de la justicia ajena.

Los electores están obligados a decir ¡basta!

aureramos@cronica.com.mx

 

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