La coalición de Döring - Sergio González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 23 de Agosto, 2017
La coalición de Döring | La Crónica de Hoy

La coalición de Döring

Sergio González

En su iniciativa de Ley reglamentaria del Gobierno de Coalición (GC), el Diputado Federico Döring (PAN), propone regular la nueva institución política y constitucional con altos grados de detalle y certeza jurídica. Como ya lo he señalado, crea normas e instituciones parlamentarias o semi parlamentarias que modificarían de fondo nuestro régimen presidencial y que por ello hay que tener a la vista. Veamos.

Para empezar, esclarece el contenido expreso del convenio de coalición, enlistando 10 elementos obligatorios, que ninguna otra norma vigente o en proyecto atiende con tal amplitud. Por ejemplo, las cuestiones de principios en las cuales difieran el titular del Ejecutivo federal y los partidos políticos coaligados o entre éstos, y su tratamiento público; o la obligación de los miembros de los partidos coaligados integrantes del gabinete de asumir colectivamente la aprobación y ejecución del programa de gobierno del GC.

Del mismo modo, la identificación de las dependencias de la administración pública federal cuyos titulares integran el gabinete y la obligación del Presidente de consultar con los dirigentes de los partidos coaligados y sus coordinadores parlamentarios en el Senado las propuestas de Secretarios del gabinete sujetos a ratificación, así como las causas de disolución del GC, adicionales a las previstas por la ley.

Pero no solo eso, en un giro innovador, la iniciativa enlista los contenidos que por ley no podrían ser objeto del convenio. Así, dispone que en ningún caso serán objeto lícito del convenio las facultades de nombramiento o de propuesta de nombramiento de los servidores públicos que la Constitución expresamente confiere al Presidente; ni las potestades que la Constitución le confiere al Presidente en materia de suspensión o restricción de derechos humanos y garantías individuales.

Igualmente, las relativas a su participación en los asuntos del gobierno de la CDMX establecidas en el artículo 122 constitucional, derogadas, por cierto, desde la reforma política de enero de 2016. Dispone también que no podrán ser objeto lícito del convenio las obligaciones y potestades de las Cámaras legislativas referidas a la intervención en las entidades federativas en materia de desaparición de poderes locales y el consecuente nombramiento de Gobernador sustituto o tratándose cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas.

Tampoco podrá convenirse el ejercicio de las atribuciones relativas a la función electoral del Congreso en los supuestos de ausencia del Ejecutivo Federal (nombramiento de Presidente interino o sustituto); y las que la Constitución les confiere a las Cámaras en materia de responsabilidades de los servidores públicos (juicio político y declaración de procedencia).

Asimismo, no será considerado objeto lícito del convenio el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte, ni el de los magistrados del Tribunal Electoral Federal; ni las equivalentes de los cuerpos de gobierno y titulares de los órganos constitucionalmente autónomos. Seguiré en entregas posteriores.

gsergioj@gmail.com

@El_Consultor_

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