La forma es fondo - Rosa Gómez Tovar | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 03 de Septiembre, 2017
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La forma es fondo

Rosa Gómez Tovar

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma aprobada a la legislación de Jalisco sobre financiamiento público para partidos políticos nacionales, mejor conocida como “Sin voto no hay dinero” propiciada por el diputado local Pedro Kumamoto.

En la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) se establece que el INE, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará el monto de financiamiento público como el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso. La inclusión a la LGPP de los partidos locales significó alrededor de 1,500 millones más de recursos para los institutos políticos, alrededor de 53 por ciento adicional. La propuesta avalada por la SCJN implica una reducción sustancial de los montos que actualmente son entregados a los partidos nacionales en la entidad. En año no electoral se multiplicará el 20 por ciento de la UMA por el padrón, es decir, casi un 70 por ciento menos; mientras que en año de elecciones se multiplicará el 65 por ciento de la UMA por los votos emitidos por partidos y candidatos independientes en la elección de diputados federales anterior. Como la participación ciudadana ronda entre el 40 o 50 por ciento de la lista nominal, la reducción del financiamiento en este caso será aproximadamente del 50 por ciento.

Por otro lado, en Yucatán se proponía reducir el financiamiento en años sin elecciones al 50 por ciento y destinar esos recursos al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. Ante una acción de inconstitucionalidad, la SCJN decidió que esta reforma no es válida, un día después de validar los cambios de Jalisco.

¿Por qué la Corte declaró constitucional esta reforma y no la de Yucatán?

El cambio en Jalisco aplica únicamente a partidos nacionales que estén acreditados en el estado para participar en elecciones locales, no así para partidos locales, los cuales están mencionados en la LGPP, y ya que los congresos locales tienen libertad configurativa concedida por la Constitución de nuestro país, no se está atentando contra nuestra Carta Magna. Por otro lado, en Yucatán se quiso regular a ambos sujetos y destinar recursos etiquetados —el financiamiento público para partidos— a otro fin.

Así, se deduce que la forma en que se planteen los cambios a la legislación local, importa. También que los cambios sólo pueden aplicar a partidos políticos nacionales y no así a los locales. Esto puede tener un impacto negativo en estados donde sí existan partidos políticos locales, pues se puede entender que existan dos bolsas de financiamiento, una para los partidos nacionales y otra para los locales.

Otro asunto que no se ha abordado tiene que ver con los límites al financiamiento privado. Actualmente el ingreso que perciben por fuentes privadas los actores políticos, se acota en función del monto de recursos públicos, por lo que la cantidad de dinero privado que podrán recibir en Jalisco, también se redujo. Nadie se ha detenido a analizar qué efectos tendrá esta reforma ante campañas más costosas y menos recursos permitidos.

Esperemos que antes de que más reformas se aprueben, se pueda analizar el impacto de la reforma en Jalisco y así no poner en riesgo la participación ciudadana, así como el modelo de financiamiento para partidos locales y nacionales.

 


rosagomeztovar@outlook.com

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