La independencia y el Estado-nación - Isidro Pedraza | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 14 de Septiembre, 2017
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La independencia y el Estado-nación

Isidro Pedraza

En 1789 la Asamblea Nacional francesa proclamó los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dando origen a un potente discurso que se extendió en el mundo europeo. Surgió entonces una filosofía política que se ha llamado liberal, que sustenta la idea de autonomía del individuo dentro del Estado, define a la ciudadanía como capacidad de participación política y propone la libertad, la igualdad ante la ley, los derechos de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, como ejes de la relación entre los ciudadanos y su gobierno, y de los ciudadanos entre ellos. Estos principios básicos se conciben en términos del reconocimiento de que la condición de ciudadano implica ser sujeto de derechos y obligaciones iguales a los de los otros ciudadanos a partir de una ley compartida.
La mayoría de los países europeos adoptaron las ideas liberales de la economía, preservando las monarquías y manteniendo al margen de los nuevos derechos a sus colonias. El liberalismo se impuso en las metrópolis, mientras en las colonias se perpetuó el régimen de dominación colonial con principios feudales, subsistió la sobreexplotación de la mano de obra servil y se mantuvo la situación de esclavitud en que vivían millones de hombres y mujeres.
Pero los principios liberales se abrieron paso a las sociedades de ultramar, que los adoptaron para sustentar proyectos autonómicos y luchas nacionalistas que demandaban la independencia. Mientras en Europa surgían numerosas monarquías parlamentarias y diversas versiones del liberalismo económico, en América emergían en las colonias movimientos insurgentes que buscaban crear nuevas naciones, con los mismos derechos soberanos que las metrópolis. Salvo la notable excepción de Haití, en las colonias fueron burgueses, criollos e inmigrantes, quienes encabezaron a los pueblos que buscaban las transformaciones liberales.
En la Nueva España, las reformas borbónicas del siglo XVIII habían afectado a los criollos al excluirlos de los puestos medios del gobierno virreinal y al limitarles su acceso a la ciudadanía. En España y sus colonias, con la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz y para fortalecer el combate a la intervención francesa, se amplió la calidad de ciudadano a todos los propietarios, buscando la unidad social. Al producirse la restauración monárquica en 1814 se volvió al principio imperial autoritario abrogándose las reformas; ese mismo año, en octubre, culminó el Congreso convocado por los insurgentes y se publicó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como Constitución de Apatzingan. Los miembros del Congreso retomaron el principio de los revolucionarios franceses estableciendo:
“La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La integra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las instituciones políticas”
La Constitución de Apatzingan solo tuvo vigencia por breve tiempo y solo en los territorios bajo el control de los insurgentes, y en 1821 fue desconocida por la oligarquía criolla, que, para contener la revolución social, pactó con los enviados del rey de España la independencia de México; en el Plan de Iguala se establecieron tres garantías: la independencia, el exclusivismo de la religión católica, y el orden social y la unión de todas las clases. Frente a las reformas liberales contenidas en la carta de Apatzingan, se reivindicaban ideas conservadoras que prolongaban el régimen jurídico colonial. En los Tratados de Córdoba, se reconoce la independencia, pero se dejan a salvo los “derechos” de la casa reinante de España, y al establecerse la Regencia Provisional se privilegiaba la presencia del Ejército iturbidista y de la iglesia. Desde el punto de vista político y social, el movimiento de Iturbide tiene poco en común con el de Hidalgo y nada que ver con el de Morelos.
Los líderes criollos conservadores del naciente Estado, sostuvieron los principios de gobierno de la monarquía y los criterios sociales excluyentes que afectaban a los nativos americanos, mestizos, indios y castas, y mantuvieron la religión de estado y los fueros. Respecto a la ciudadanía, debatían sobre quienes integraban “el pueblo” y sobre los derechos y obligaciones que deberían incluirse en la nueva ley, así que la ciudadanía se reservó para los blancos, de origen europeo, católicos, propietarios, es decir para el grupo criollo que representaba a la minoría dominante, quizá un 3 o 4% de la población.
En la etapa de creación del Estado mexicano, derrotada la opción representada por Morelos y los constituyentes de Apatzingan, el gran debate se dio entre “el binomio conflictivo Hidalgo-Iturbide…cada uno llegó a simbolizar [una de] dos patrias irreconciliables: la republicana, federal y popular de los liberales y la monárquica, centralista, fuerista de los conservadores.” Si bien ambos grupos criollos se identificaban en principio con el proyecto monárquico constitucionalista contenido en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, al fracasar el intento de que un Borbón aceptara ser emperador, quedó abierta la disputa por la hegemonía en la nueva nación que duraría 34 años y culminaría con la creación de la Segunda República en 1857.

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