Rendición de cuentas, derecho humano - Sergio González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 27 de Septiembre, 2017
Rendición de cuentas, derecho humano | La Crónica de Hoy

Rendición de cuentas, derecho humano

Sergio González

En esta coyuntura de indignación social generada por una enorme deslegitimación política de nuestras élites, hay que preguntarse si la rendición de cuentas es un derecho humano, si puede gestionarse ante los jueces y si tiene soporte normativo. Se trata de cuestiones apasionantes, pues respuestas afirmativas revestirían de potentes herramientas la lucha contra la corrupción, que tan profundamente lacera a nuestro régimen democrático.

Respecto de la primera pregunta, el profesor Baltazar Pahuamba ofrece una rotunda afirmativa en su innovador texto “El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los recursos públicos”, alegando que, si bien éste no obra expresamente en nuestra arquitectura jurídica, estamos frente a una nueva forma de entender el Derecho, pues el sistema normativo debe proteger los derechos implícitos a partir de los explícitos, ya que resulta absurdo considerar derecho únicamente aquello que el legislador ha decidido enunciar dentro de un catálogo expreso.

Pahuamba declara que esta nueva prerrogativa es la expresión contemporánea de los derechos sociales (“prestacionales”) que constituyen auténticos derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad alimentaria, que al ser elementales para la dignidad humana, su promoción, respeto, protección y defensa deben ser garantizadas por el Estado.

A la segunda pregunta, el autor responde que la ciudadanía cuenta con capacidad jurídica para activar la maquinaria judicial y obligar a todo aquel que utilice recursos públicos a que lo haga de manera debida y, en caso contrario, accionar los procedimientos sancionadores respectivos.

Ilustra citando la resolución de la Suprema Corte en marzo de 2015, dentro del juicio de amparo impulsado por la asociación Mexicanos Primero, cuya pretensión fue exigir el funcionamiento adecuado de la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que presentó argumentos constitucionales que resultaron fundamentales para que la Corte reconociera por primera vez el interés procesal legítimo de una organización social a demandar justicia en materia educativa en representación de los afectados y a reclamar la reparación del daño y el castigo penal para los responsables.

La respuesta a la tercera pregunta surge, de manera pionera e inédita, de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, promulgada el pasado 1° de septiembre. El artículo 3 establece claramente que la rendición de cuentas es el derecho de toda persona para exigir al poder público que informe y justifique las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, incluyendo el establecimiento de indicadores que permitan el conocimiento, la forma en que se llevan a cabo y la evaluación de los resultados obtenidos.

En resumen, la respuesta a las tres preguntas es meridiana, afirmativa y sustentada: una proveniente de la más alta doctrina jurídica, la segunda de un poder judicial de avanzada y la tercera, de poder legislativo capitalino vanguardista y una excepcional y novedosa norma. Este entramado que empieza a forjarse nos obliga al optimismo, pues anuncia mejores tiempos en el combate a la corrupción y empodera a una sociedad exhausta de frustraciones con su clase política.

gsergioj@gmail.com

@El_Consutor_

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