Desastres naturales y elecciones

Consejo Consultivo de Ciencias

Francisco José Sánchez Sesma *

Los sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017 (Magnitud 8.2 y Magnitud 7.1, respectivamente) han traído muerte y desolación al país; el primero impactó gravemente Chiapas y Oaxaca, mientras que el segundo devastó la zona centro del país incluyendo la Ciudad de México. Para el primer terremoto el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) funcionó, eso para la Ciudad de México fue magnífico. Además, la distancia del epicentro fue de casi 700 km y por ello las intensidades fueron menores de dos por ciento en la zona epicentral (sólo en Ciudad Universitaria la aceleración máxima del terreno fue de 9 cm/s/s mientras que en Niltepec, Chiapas, a 197km del epicentro, ese valor superó los 500 cm/s/s). El segundo terremoto, irónicamente en el XXXII aniversario del sismo de 1985, fue M7.1 lo que implica 30 veces menos energía liberada que la de un sismo con magnitud 8.1, como el ocurrido en 1985. No obstante que el epicentro de este sismo, a 112 km de la Ciudad de México en los límites de Puebla y Morelos y 57 km de profundidad, produjo intensidades superiores a las de los dos sismos grandes, por su cercanía e incidencia casi vertical de las ondas en una zona densamente poblada del país. Por esto mismo el SAS no se activó; está diseñado para sismos originados en la costa del Pacífico.

¿Qué es la magnitud de un sismo? Es un número que determina la cantidad de energía liberada en la zona de la corteza terrestre en donde se produce una perturbación. En ambos sismos (del 7 y 19 de septiembre de 2017) las rupturas sísmicas ocurrieron por extensión (/) dentro de la placa subducida. Ambas son fallas de tipo normal, no porque sean “normales”, así se llaman, en oposición a una falla por compresión  (/) o inversa.  Si la ruptura es relativamente pequeña y dura poco, ésta irradia pulsos de alta frecuencia. Cuando la ruptura abarca grandes distancias pueden generarse ondas largas con pulsos de baja frecuencia. Pero si la ruptura es lenta los movimientos pueden ser imperceptibles. Este tipo de temblores lentos se ha descubierto gracias a la tecnología de los sistemas de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés). Irónicamente un temblor lento de magnitud 7.8 puede no causar daños. En México, se han registrado ya varios temblores de este tipo de gran magnitud, pero al no generar daños, no son noticia.

La intensidad mide tanto el poder destructivo en un sitio dado como la reacción de los seres humanos en ese lugar. Un sismo tendrá una magnitud única, mientras que la intensidad o severidad del movimiento variará en el espacio de sitio a sitio, decreciendo en promedio con la distancia a la zona en que se genera. Se han desarrollado diversas escalas de intensidad. Las hay empíricas, como la de Mercalli modificada, e instrumentales, como la intensidad de Arias, en la que a partir de los registros de aceleración del movimiento de la superficie del terreno se calcula una medida de la energía que se relaciona con la que se puede inyectar a una edificación.

En todo caso la tragedia se enseñorea en México. Ahora mismo, mientras escribimos esto, las labores de rescate continúan, a veces bajo la lluvia. Las tareas de reconstrucción y las necesarias para extraer de los datos las enseñanzas del sismo, requerirán de importantes recursos.

Vienen las elecciones de 2018. El país verá con beneplácito que los recursos que el INE ha pedido (más de 25 mil millones de pesos) para la organización de las mismas y para los partidos, se reduzcan a una tercera parte por lo menos. Es sabido que las contiendas electorales en México están entre las más onerosas del mundo, tanto por su duración y los métodos de comunicación que se emplean, como por el enorme desperdicio que generan. La sociedad está secuestrada económicamente y con impunidad para los secuestradores. Ni el INE ni los partidos purgarán pena alguna por el secuestro que hacen. Qué tristeza. Esos gastos desmesurados son consecuencia de la degradación de la vida pública y de la lucha por el poder que acarrea privilegios inmorales a sólo unos cuantos.

Nos dicen que el INE hará su mejor esfuerzo y cuidará que las campañas se apeguen a la ley. Que hay que conciliar la libertad de expresión con las restricciones de la ley electoral. Numerosas son las voces que alertan que hay que blindar las elecciones del dinero sucio del narcotráfico. Tendremos unas elecciones costosas y probablemente poco útiles, a menos que hagamos algo inteligente y necesario para todos los mexicanos.

Las condiciones actuales de urgencia ante los desastres naturales (como los sismos, las inundaciones y los huracanes) son tales que la sociedad agradecerá que las campañas se reduzcan al mínimo indispensable. Así, con base en la lógica, el sentido común, el respeto a la población y el pudor ante las carencias de los mexicanos, parece razonable que:

—La duración de la campaña electoral de 2018 sea de tres meses.

—Se cancelen todos los spots en radio y televisión y se difundan en programas serios las plataformas de los partidos y los debates. Tal vez convenga dejar sólo diez o cinco por ciento de los “spots” del INE.

—La publicidad en las calles se limite a carteles de texto en zonas peatonales o, mejor, que usen y diseñen redes sociales, como hacemos los ciudadanos para tratar de tener voz. No deberá producirse tanta basura.

—Se reprograme el tiempo en cadenas nacionales de radio y televisión, dando espacio a propuestas con un formato de debate en el que queden claras las ideas expuestas y las diferencias entre ellas.

—Se prohíba explícitamente la entrega de despensas, tarjetas u otros bienes a potenciales votantes.

Los ahorros de estas medidas bien podrían dirigirse al Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales) y al Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) para financiar tanto la reconstrucción como la investigación.

Si se busca el predominio de las ideas y no la exhibición de fotos de risueños candidatos y candidatas con lemas repetidos hasta la saciedad, se habrá ganado mucho. El mejor blindaje contra el dinero sucio es la lógica y la inteligencia. Deberá privilegiarse la búsqueda del bien común para tener un México fuerte. Una campaña breve y digna es menos vulnerable. Además, la reducción de dos terceras, o ¿porque no?, de tres cuartas partes de los costos; el tiempo ahorrado de los ciudadanos y las calles menos sucias; la reconstrucción y la inversión en ciencia y tecnología tendrían importantes efectos multiplicadores en la economía. La reconstrucción de México es para todos y urge no sólo en el plano de infraestructura sino en lo social.

Éste es un llamado a la clase política. Su credibilidad es cada vez menor; ésta podría restablecerse si sus acciones contribuyen realmente a fortalecer a México. La clase política tiene la palabra, por ahora.

* Investigador Titular del Instituto de Ingeniería UNAM

* Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores

 

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