Grave que universidades sean parapeto para triangular dinero público: Jacqueline Peschard | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 05 de Octubre, 2017

Grave que universidades sean parapeto para triangular dinero público: Jacqueline Peschard

Jacqueline Peschard. Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Afirma que falta transparencia en el caso porque la SFP revela la disminución de triangulaciones, pero no quiénes han sido sancionados, si hay reparación y si las entidades involucradas, como Pemex o Sedesol, siguen celebrando este tipo de contratos

Grave que universidades sean parapeto para triangular dinero público: Jacqueline Peschard | La Crónica de Hoy
Jacqueline Peschard considera que hay avances en transparencia, pero que aún falta mucho por hacer.

Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y del Comité de Participación Ciudadana en entrevista con Crónica, califica como “un asunto de la mayor gravedad” el que universidades, politécnicos y tecnológicos del país, se conviertan “en parapeto”, incluso de empresas “fantasma”, para desviar millonarios recursos públicos mediante la triangulación de contratos de obras y servicios.

—¿No resulta delicado que universidades e institutos de educación superior se presten a este tipo de situaciones?

—“No es delicado, es muy grave. Es muy grave que las universidades no sepan a qué empresas le subcontratan los convenios que les transfieren de manare directa las entidades del servicio público. Empresas que no son del ramo, que no tienen la experiencia, capacidad ni la infraestructura para hacer los trabajos, y que en el peor de los casos ni siquiera existen, que son fantasmas”.

—¿Es una acción ilegal la que cometen las instituciones de educación superior?

—“No lo es desde el punto de vista que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas permite la asignación directa de contratos a las universidades, por parte de las entidades del sector público. Pero donde el asunto comienza a opacarse es cuando las universidades, politécnicos o tecnológicos, al no poder realizar la obra convenida, subcontratan con empresas que a veces ni siquiera existen o que no se dedican al ramo específico de la obra”.

—¿Hay que eliminar los convenios o modificar, desde el Congreso, dicha la Ley de Adquisiciones?

—“Primero que nada hay que modificar esa Ley, pero lo hemos demandado desde hace mucho y no avanza esta exigencia ciudadana. Se presta para cualquier tipo de irregularidades y anomalías como las que ocurren ahora, pero también, una vez otorgados los convenios, hay que vigilar estrechamente que se subcontraten con empresas especializadas y, sobre todo, que no se dejen en manos de empresas fantasmas”.

—La Secretaría de la Función Pública informó que de 2013 a la fecha se redujeron de mil 422 a 101 este tipo de convenios, ¿esto es bueno, es malo?

—“Hay en este asunto una grave falta de transparencia del gobierno federal al dar a conocer esa reducción, pero no dice por qué razón disminuyeron, quiénes han sido sancionados, si hay o no reparación de los daños, y si las entidades involucradas, como Pemex o Sedesol, siguen celebrado ese tipo de contratos, porque a lo mejor, de 300 que antes daban, ahora disminuyeron a 50, pero los siguen dando, por ejemplo”.

—¿No está claro entonces? ¿Es insuficiente?

—“No, desde luego no está claro. Más bien, hay un enorme hueco en la información proporcionada porque no está claro de dónde viene esa reducción en los montos de los convenios, como tampoco lo está el por qué se redujeron, qué entidades participaron, cuáles son las empresas y servidores públicos beneficiados, quiénes han sido sancionados, qué tipo de sanción recibieron, si hay gente en la cárcel por irregularidades, etcétera”.

—Además, no se trata de un asunto que apenas surja, ¿no es cierto?

—“Efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación puso al descubierto este asunto desde la revisión de la Cuenta Pública 2011. Desde entonces se tiene identificado con claridad este tipo de desvíos de recursos públicos, aprovechando la posibilidad que tiene el sector gubernamental de hacer asignaciones directas con diversos entes públicos, como las universidades”.

—Pero debe haber alguna ilegalidad ¿o no?

—“La ilegalidad viene cuando las empresas subcontratadas son sólo de fachada, es decir, fantasmas, porque no pagan impuestos y también porque, en estos casos, no hay claridad sobre los propios contratos que las emparan e incluso si realizan o los trabajos encomendados”.

—¿Entonces no está claro el beneficio de reducir los convenios?

—“Lo que no queda claro es, ¿se frena la triangulación?, ¿a partir de que resulta este freno? ¿a quien se ha perseguido? ¿a quién se le ha puesto algún tipo de sanción? Eso es lo que no sabemos, pero sí sabemos que la Auditoría Superior, desde 2011 hasta 2015 por lo menos, ha denunciado este tipo de proceso irregularidades, y si ya Función Pública ha actuado para identificar las irregularidades, donde están las sanciones. Lo que sí tenemos claro que es que hay enormes huecos de información y de transparencia”.

—Muy bien, ¿de modo que reducimos todo a la falta de transparencia? 

—“Lo que pasa es que en este asunto, como en muchos otros, no hay información suficiente ni de lo que hace la Secretaría de la Función Pública ni de lo que hace la Procuraduría (General de la República), porque hay denuncias administrativas y penales desde por lo menos 2013, pero no sabemos a quién se ha sancionado, insisto, pero además las razones por las que se han inhibido, si es que así ha ocurrido, los contratos con empresas fantasmas”.

—¿Es un queso gruyere en materia de transparencia este asunto de los convenios de universidades?

—“No sé si la figura del queso gruyere sea la mejor para describir este problema, pero hay muy severas deficiencias de transparencia. Necesitamos saber los cómo, cuándo, cuántos servidores públicos han sido sancionados. ¿Son muchas las 44 carpetas de investigación que tiene abiertas la Función Pública? ¿O son pocas si se toma en cuenta que de mil 422 convenios pasaron a 101? ¿Derivaron ya en algo esas carpetas? Es decir, ¿sirven de algo esas cifras globales, sin mayores detalles?”.

—A este sexenio no le ha ido muy bien en lo que se refiere a corrupción, ¿no es cierto?

—“Hemos avanzado en transparencia sí, pero nos falta mucho porque hay una deficiente respuesta de las autoridades respecto de lo que la ciudadanía exige. Y sí, a esta administración no le ha ido del todo bien y si hay avances en la lucha contra la corrupción es precisamente porque se han ido elevando los niveles de exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudad organizada”.

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