El cambio estructural de las finanzas públicas

Carlos Matute González

El pasado 8 de septiembre se presentó el paquete económico para el 2018 en la Cámara de Diputados. Lo destacable es la importancia que tienen el gasto en pensiones y el pago del servicio de la deuda en el presupuesto. Esto, que aparentemente es un aspecto meramente administrativo, revela el alineamiento de fuerzas políticas en los últimos años y será uno de los temas más importantes en las elecciones del próximo año.
¿Cuál es el origen del monto creciente en las pensiones? El pasivo laboral asumido por el gobierno federal de las reformas de la seguridad social del 97 (IMSS) y 07 (ISSSTE), pero sobre todo las reformas no llevadas a cabo en los sistemas de las universidades públicas estatales y de los organismos públicos descentralizados como el propio IMSS, ISSSTE, CFE y PEMEX. El efecto del cambio del sistema de reservas colectivas de reparto a individuales se amortiguará con el transcurso de los años, ya que se comporta como una parábola, crece en los primeros años y disminuye en los siguientes hasta extinguirse. En cambio, las reformas aplazadas siguen acumulando pasivos en forma exponencial.
Estimado lector, se ha preguntado ¿qué porcentaje de las participaciones federales a los estados se destina al pago de las pensiones de las universidades públicas? Un profesor jubilado recibe más que uno en activo y las cuotas que se pagan a las reservas colectivas de los activos son insuficientes para cubrir la nómina de los jubilados, con lo que hay un permanente subsidio a la educación superior que no va directamente a la ampliación del servicio que se presta, sino a cubrir un gran pasivo, cuyo crecimiento sólo se ha detenido en algunos estados. Esta circunstancia afecta directamente a los jóvenes que pretenden inscribirse en las universidades y son rechazados por falta de espacio y deprime el pago de los profesores de asignatura, que son quienes imparten el 80 % de las cátedras.
Algo similar ocurre en el IMSS, ISSSTE, CFE y PEMEX, cuyos planes de inversión son cancelados o aplazados por falta de recursos que se destinan al pago de la nómina de pensionados, lo que representa una transferencia de recursos entre generaciones. Simple y llanamente se está comprometiendo el futuro. La buena administración de los institutos (la compra consolidada de medicamentos y el uso de asociaciones públicas y privadas), así como las reformas estructurales en materia de energía han diferido la crisis financiera de estos organismos, pero no la han conjurado.
La deuda pública, cuyo crecimiento se pretende detener el año entrante con la propuesta de que haya un balance operativo del presupuesto superavitario, representa cerca del 50% del PIB debido a los bonos emitidos para garantizar el pago de las pensiones del ISSSTE conforme a los artículos transitorios de la ley reformada y el gasto asistencial comprometido en los procesos electorales. Por un lado, el pago de pasivos laborales y, por el otro, un recurso que no es eficiente en el combate de la pobreza en el mediano plazo, porque no mejora la productividad, ni aporta elementos sólidos para la superación de la condición de desventaja. Hay que señalar que esto no ocurre con el gasto en educación y salud, cuando éste beneficia a las generaciones jóvenes y no se destina al pago de pasivo laborales.
La lectura crítica constructiva del paquete económico conduce a una conclusión casi ineludible. Las campañas del 2018 no pueden soslayar estos temas, ni pueden ofrecer cambios cosméticos o no realistas respecto al problema pensionario. Hay que proponer un esquema a los jóvenes que no sea una vuelta al pasado de las reservas colectivas y el sistema de reparto que ya son un fracaso generalizado en el mundo (la crisis financiera europea del 2008 es producto en gran medida del pasivo laboral), ni el aumento indiscriminado de cuotas obrero-patronales que afectaría la generación de empleos. Hay que detener la acumulación de pasivos pensionarios en las universidades públicas con una reforma profunda y evitar que los excesos -jubilados a los 45-55 años por contrato colectivo- sean cargados al erario público. Hay que romper el círculo vicioso del clientelismo político que condiciona su apoyo a que se garantice la continuación de las enormes transferencias de recursos presupuestales a grupos minoritarios de la sociedad. El cambio estructural de las finanzas públicas debe ser uno de los temas centrales en las campañas federales y estatales del 2018. Además, en lo inmediato, hay que programar gasto para la reconstrucción por los sismos. ¡Vaya encrucijada!


Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

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