El desastre urbano y la responsabilidad de Marcelo Ebrard - René Arce | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 11 de Octubre, 2017
El desastre urbano y la responsabilidad de Marcelo Ebrard | La Crónica de Hoy

El desastre urbano y la responsabilidad de Marcelo Ebrard

René Arce

El 8 de enero de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) un Acuerdo Delegatorio emitido por el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, que otorgaba facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para autorizar las licencias de Uso de Suelo y los Permisos de Construcción. Lo anterior permitiría la operación de su proyecto de los “corredores de integración y desarrollo y en el Centro Histórico de la Ciudad de México” mismos que estarían a cargo de Arturo Aispuro, titular de esa Secretaría, con una larga trayectoria como gestor de los desarrollos inmobiliarios de la iniciativa privada, es decir, “la iglesia en manos de Lutero”. El objetivo consistía en saturar de vivienda nueva las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc que incluye el Centro Histórico.

Ante esta publicación oficial arbitraria e ilegal, la Comisión de Gobierno de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), decidió interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional por invasión de sus facultades, de acuerdo con el Artículo 22 Constitucional, lo cual originó una durísima confrontación entre la Asamblea de mayoría perredista y el Jefe de Gobierno proveniente también del PRD.

La pregunta es ¿por qué se llegó a esta confrontación entre Ebrard y la Asamblea? Desde el inicio de los trabajos de la IV Legislatura de la Asamblea, Marcelo Ebrard se entrevistó con el Presidente de la Comisión de Gobierno, para plantearle la urgencia de aprobar un dictamen legislativo que, en resumen, le otorgaría al Jefe de Gobierno autorizar el uso de suelo y las licencias de construcción de la ciudad, pues su proyecto “impulsaba un desarrollo urbano moderno”. En su opinión, el Presidente de la Asamblea (compañero de partido en esa época) debía entender, que la prioridad debería ser apoyar todo aquello que fuera decidido por el Gobierno de la Ciudad.

La Comisión de Gobierno de la IV Legislatura, realizó un análisis de lo que estaba atrás del proyecto, los corredores urbanos, concluyendo que se trataba de un negocio inmobiliario, ya que se centraba fundamentalmente en las delegaciones con la mayor plusvalía, que lejos de beneficiar a la ciudad traería graves problemas a los vecinos ya asentados en las mismas, con la saturación habitacional y el consiguiente deterioro de su calidad de vida en materia de servicios, seguridad pública, dotación de agua potable, recolección de basura y el congestionamiento de sus vialidades. Por esta razón, se consideró inviable esta propuesta. La decisión de la Asamblea provocó que Marcelo Ebrard intentara destituir al coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y por tanto, de la Comisión de Gobierno; para ello, inició el soborno de varios diputados de los diversos grupos parlamentarios para controlar la mayoría de la Asamblea. Al no lograrlo, ya que solo unos cuantos diputados se prestaron a ello, decidió actuar por la vía legaloide, emitiendo el Decreto antes mencionado en la Gaceta Oficial.

El resultado de la controversia Constitucional, fue otra estrepitosa derrota para él, ya que tuvo que abrogar con otro Acuerdo, publicado el día 6 de octubre del 2008 en la misma Gaceta, su anterior violación a la Constitución. Era evidente que el objetivo de Marcelo Ebrard era tener bajo su control total, el gran desarrollo y negocio inmobiliario de la ciudad de México. Durante tres años ese objetivo no pudo lograrlo.

Desafortunadamente, en el año 2009 cambió la integración de la Asamblea Legislativa, llegó una dócil mayoría perredista que inmediatamente aprobó el dictamen que tanto anhelaba el Jefe de Gobierno, de esa manera  se detonó el “boom” inmobiliario que benefició a funcionarios centrales y delegacionales, a empresas; y lo más preocupante, una gran cantidad de estos proyectos se construyeron en las delegaciones con el mayor riesgo sísmico. Ya sea por omisión o por comisión, se permitió que no se exigiera el rigor que la Ley establecía, para evitar que en sismos posteriores a los de 1985, estos edificios pudieran tener daños estructurales con las consecuencias que hoy hemos sido testigos en los días 7 y 19 de septiembre.

Ebrard solo tuvo tres años para ejercer sus propósitos, pero el gobierno actual de Miguel Ángel Mancera, ha tenido seis años, el desarrollo inmobiliario ha continuado hasta los resientes sismos. ¿Volverá a haber impunidad y falta de castigo a los responsables? Lo veremos.

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