Campañas, el horror en puerta - Aurelio Ramos Méndez | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Sábado 11 de Noviembre, 2017
Campañas, el horror en puerta | La Crónica de Hoy

Campañas, el horror en puerta

Aurelio Ramos Méndez

Es triste, pero real: Resultaría menos difícil encontrar la proverbial aguja en el pajar, que a un ciudadano del común que aguarde con entusiasmo, y aún con ilusión, el arranque de las campañas electorales.

Con excepción de quienes de algún modo se benefician del proceso electoral –candidatos, dirigentes partidistas, encuestadores, proveedores de servicios o de artículos utilitarios–, la disputa por los votos es esperada como la inminente llegada de una plaga; el arribo de todas las calamidades imaginables.

Tanto es así que aún entre las autoridades electorales se percibe preocupación por la peligrosa eventualidad de un desborde de ánimos, que pueda hacer naufragar el buque en que vamos todos.

Concebidas como período para la reflexión, el intercambio civilizado de criterios, oportunidad para dirimir discrepancias ideológicas, discernir el voto y renovar esperanzas en torno del futuro del país, en los hechos las campañas son consideradas un horror que se nos viene encima.

En lo tocante a la elección de Presidente de la República, ni por error puede hallarse alguien que presuma una confrontación respetuosa y decente entre aspirantes.

Se anticipa, más bien, una contienda sañosa, despiadada; con profusas acusaciones de corrupción y todas las modalidades de guerra sucia, desde noticias falsas hasta manipuleo de redes sociales y el agotamiento de todo un catálogo de ruindades.

Por lo mismo, frente a la perspectiva de que a la ya inquietante crispación social por el estado de cosas imperante, se agregue la acción imprudente e irresponsable de candidatos y partidos en disputa del poder, es procedente encender todas las alertas.

Da grima, ante esta situación, el deplorable estado del rubro de la justicia, con instituciones descabezadas y en entredicho, tan útiles como la carabina de Ambrosio en momentos en que son más necesarias.

Porque antes aun del inicio formal de las precampañas, programado para el 14 de diciembre, y mucho antes de las campañas, que iniciarán el 30 de marzo, ya proliferan denuncias sobre gruesos delitos cometidos por políticos directa o indirectamente relacionados con el proceso electoral.

Las acusaciones van de la comisión de peculados y fraudes, a la recepción de jugosos sobornos, enriquecimiento ilícito y relaciones con la delincuencia organizada, desde huachicoleros hasta narcos y los versátiles y temibles Zetas.

Díganlo si no los integrantes de la pléyade de políticos que por estos días chapalean en el berenjenal.

¿Quiénes? Alberto Anaya y su esposa María Guadalupe Rodríguez, Ricardo Anaya; El Bronco Jaime Rodríguez, Alejandra Barrales, Ernesto Ruffo, Rafael Moreno Valle, Humberto y Rubén Moreira; Enrique Ochoa Reza, y en primer plano, Emilio Lozoya y el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo.

Si no infunden confianza las circunstancias en que se hallan las entidades de procuración de justicia, menos aún lo hace el historial de las mismas.

Lo ordinario en nuestro medio ha sido la pelea de políticos, ya sea en pugilatos cuerpo a cuerpo o en francas campales, sin que las instituciones encargadas de la justicia hayan sido capaces de discernir entre la verdad y la mentira.

Para no hablar de la esquiva Fiscalía Anticorrupción, cuya inexistencia, ciertamente, no puede ser pretexto para dejar de sancionar las pillerías de los políticos mediante la estructura jurídica e institucional vigente. El problema del combate a la corrupción es de voluntad, no de leyes.

Hasta ahora, de cara al 2018, la cosa no ha sido diferente. Dejadez o justicia selectiva y partidizada es lo que se ha visto de Alberto Elías Beltrán y otros encargados de instancias vinculadas con la justicia.

Ninguno de los escandalosos casos protagonizados por los políticos mencionados ha sido resuelto a cabalidad. Permanecen todos cubiertos por un manto de misterio.

Cualquiera que sea la realidad, en curso ya el proceso electoral más competido de la historia reciente, y mientras los políticos se propinan codazos y patadas en las canillas y configuran una atmósfera irrespirable –a base de acusaciones susceptibles muchas de ellas de ser perseguidas de oficio–, es imperativo que el aparato de justicia se ponga las pilas.

El gobierno en general y las áreas encargadas de hacer realidad el estado de derecho tienen que comprender en toda su dimensión y complejidad el momento histórico, si se aspira a evitar una crisis política de gran calado, con ribetes de violencia.

De otro modo, en pocos meses y como si fuera un karma, los mexicanos podríamos hallarnos en un escenario semejante a la de Venezuela, del cual muchos hablan menos como descripción que como invocación, con nuestras autoridades electorales desplazadas y votaciones que nadie a nivel internacional reconoce como democráticas.

En esa indeseable hipótesis se antojaría apenas un gesto de congruencia el tener que aceptar la intromisión de la OEA y sus activistas encabezados por Luis Almagro, tal como ahora nuestro gobierno, en cabeza de Luis Videgaray, no sólo consiente sino que promueve en el caso los comicios organizados por Nicolás Maduro.

En modo alguno puede considerarse tremendismo hablar de estas cosas, si hasta entre las autoridades electorales se observa con alarma el curso del proceso para la renovación no sólo de la Presidencia, sino del recambio de piezas en los tres órdenes de gobierno. Cuidado.

aureramos@cronica.com.mx

 

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