Luces y riesgos de la fiscalización política - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 19 de Noviembre, 2017
Luces y riesgos de la fiscalización política | La Crónica de Hoy

Luces y riesgos de la fiscalización política

Javier Santiago Castillo

La fiscalización de los recursos que emplean los partidos políticos es un bien público que debe producirse con las más altas exigencias técnicas, pero también con realismo y sensibilidad ante las circunstancias en que se desarrolla el quehacer partidista. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado los dictámenes y proyectos de resolución recaídos a la revisión del informe anual de los partidos políticos correspondiente al ejercicio 2016.

Los documentos proponen sanciones por desapegos a la normativa fiscalizadora, por gasto no reportado y por no haber aplicado el mínimo que la ley dispone para actividades específicas, es decir publicaciones, investigaciones socioeconómicas y políticas y formación de cuadros, entre otras faltas.

Por supuesto, hay temas cuyo tratamiento resulta discutible. Es natural, la materia fiscalizadora es polémica por su propia naturaleza. Sin embargo, hay un tema cuyo tratamiento es un buen ejemplo de la armonía que debe buscarse entre las exigencias normativas y las circunstancias partidistas. La Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización disponen que los sujetos obligados deberán registrar contablemente sus ingresos y gastos en el sistema integral de fiscalización en tiempo real, es decir dentro de los tres días siguientes a que se recibió el ingreso o se efectuó un egreso.

El propósito es lograr una contabilidad oportuna y verídica. No es poca cosa, pues el correcto uso de los recursos públicos que reciben los partidos y los de carácter privado que les han confiado los ciudadanos resulta fundamental para el desarrollo de nuestro sistema de partidos, para el fortalecimiento de la democracia y para asegurar que los partidos no dependen de patrocinadores que les aparten del interés público o bien que no reciben recursos los manera extralegal o de plano ilegal.

Es así que, al revisar los informes anuales, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE se percató que en un muy elevado número de casos, los partidos políticos no hicieron sus registros contables en tiempo real. Ciertamente, hubo algunos excesos como, por ejemplo, considerar traspasos entre cuentas o bien asientos de cargo y abono como operaciones distintas de la que les dio origen. Pero en diversos casos se generaba una ficción, según la cual los partidos habrían realizado operaciones por montos que multiplicaban hasta por veinte veces los recursos efectivamente utilizados.

Al analizar la situación, la Comisión de Fiscalización ordenó la depuración de los registros contables para aplicar la regla de los tres días, el tiempo real, únicamente a las pólizas de origen que implicaran operaciones reales, excluyendo traspasos entre cuentas y pólizas de ajustes o de corrección, habituales en toda contabilidad. Además, la Comisión ordenó inaplicar la regla de los tres días en todos los registros contables que los partidos hubieran realizado durante el primer semestre de 2016.

No se trata de un acto de benevolencia o de falta de energía en la aplicación de la ley. Es, hay que decirlo, una manera realista para hacer que los sujetos obligados cumplan las exigencias normativas, de modo mesurado y paulatino. Ocurre que los sujetos obligados hacían su contabilidad en sistemas propios. No fue sino hasta 2016 que debieron registran cada ingreso y cada gasto en un sistema informático que, por mandato de ley, generó el INE, el hoy llamado Sistema Integral de Fiscalización.

Pero resulta que el sistema informático no estuvo disponible desde el primer día del ejercicio, que en su implantación presentó fallas técnicas, que debieron aplicar mejoras inmediatas y que, por su parte, los partidos debieron modificar sus procedimientos administrativos y rutinas contables, así como capacitar a su personal en el uso del nuevo sistema. En los hechos, el primer semestre de 2016 constituyó un periodo de transición. De manera que no resultaba realista exigir que desde el primer día se cumpliera con absoluta precisión la exigencia de tiempo real. Es así que la Comisión de Fiscalización resolvió que sólo para el segundo semestre se aplicara de manera cabal la regla de los tres días, proponiendo como sanción por las demoras en el registro contable la amonestación pública.

Esta determinación no debe leerse como un criterio de carácter permanente. Es un criterio extraordinario para una situación extraordinaria, para un periodo de transición que ya ha quedado en el pasado. En lo sucesivo, tanto en la revisión de los informes anuales de 2017, como en las próximas campañas electorales, podemos estar seguros que la inobservancia a la exigencia legal y reglamentaria de “contabilidad en tiempo real” implicará sanciones económicas.

De otro modo, no se lograría el propósito normativo de contar con información oportuna y de calidad, así como evitar el “maquillaje de las cifras”.

Es de celebrar este criterio realista y sensible de aplicación de las normas. Esperemos que el Consejo General lo avale. Al mismo tiempo, los partidos políticos debieran tener presente que, en las próximas campañas, la exigencia de registro de ingresos y gastos en tiempo real será inflexible.

En la misma tónica, es deseable que la Comisión genere criterios igualmente realistas y certeros en temas como, por ejemplo, las agendas de eventos de los candidatos que por norma reglamentaria deben colocarse semanalmente en el sistema integral de fiscalización, para omitir en ellas actividades puramente privadas de los candidatos o bien acciones que no implican el uso de recursos, ya que este tipo de actividades exceden el ámbito de la fiscalización.

Otro tema polémico que surge en el horizonte está referido a los criterios para el prorrateo de gastos entre las campañas beneficiadas. A propósito de la elección de Coahuila, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó aplicar un criterio lesivo que dispersa excesivamente los gastos. No es un criterio obligatorio para el INE y por ello convendría que la Comisión de Fiscalización anuncie oportunamente el modo como actuará en esos casos. Esperemos que la autoridad envíe un claro mensaje de que aplicará la ley con exigencia razonable. Es una manera de conjurar los riesgos que ya despuntan en este tema.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

Imprimir

Comentarios