Las prioridades de la reconstrucción - Víctor Hugo Romo Guerra | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Martes 21 de Noviembre, 2017
Las prioridades de la reconstrucción | La Crónica de Hoy

Las prioridades de la reconstrucción

Víctor Hugo Romo Guerra

La llamada Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que se discute en la Asamblea Legislativa, presenta inconsistencias insoslayables, de forma y fondo, que deben ser aclaradas, discutidas y enmendadas.

La prioridad de esta normatividad es darle certeza y protección jurídica a los miles de damnificados que dejó el pasado S-19, con una perspectiva de defensa de sus derechos humanos y, al mismo tiempo, garantizando la viabilidad urbana de la CDMX.

Construir una normatividad razonable y viable requiere diagnosticar las dimensiones del mal, para recetar una solución integral que retorne la salud.

Por eso es indispensable conocer a fondo las causas que originaron y contribuyeron a la devastación durante el 19-S, incluyendo la corrupción burocrática y de particulares que violaron la norma.

Se requiere un censo clasificado de viviendas afectadas, otro de damnificados que incluya estatus social, económico y determine quiénes pueden ser sujetos de crédito.

Muy grave sería que gran parte de los damnificados no tuvieran capacidad para endeudarse y sus inmuebles terminen en manos de instituciones crediticias, para regresar a la condición de damnificados, pero sin posibilidad alguna de volver a vivir bajo un techo.

Iniciar la reconstrucción también requiere un Atlas de Riesgo actualizado y confiable, para determinar si se puede y cuánto es posible construir.

Es indispensable también imprimirle integralidad a la norma, vincularla con la Ley de Protección Civil y adecuarla al marco de las políticas de resiliencia que imprimirán a la CDMX capacidad para sobreponerse en el futuro a emergencias críticas.

La parte más polémica de la iniciativa es la propuesta de un modelo mixto de financiamiento por medio de la construcción y venta de viviendas adicionales, que plantea un incremento de hasta el 35 por ciento en el coeficiente de utilización del suelo, niveles de edificación y/o número de viviendas máximas existentes con anterioridad al sismo.

De rechazar este esquema, se debe ceder un porcentaje de la superficie edificable que le corresponde a cada propietario, con el fin de construir viviendas adicionales para financiar la reconstrucción.

Sin embargo, por alguna extraña razón no se determina la dimensión del espacio a recortar ni cómo se venderán los departamentos excedentes.

Además, el proyecto dice que si el inmueble se levantó con la vieja norma que establecía una anterior zonificación, se respetará la altura y podrá rebasar hasta tres pisos más, aunque la norma sea obsoleta, inviable y represente un riesgo en la actualidad.

No podemos soslayar que la tragedia provocada por el nuevo 19-S ha ido develando, en cada inmueble colapsado, una historia de corrupción, discrecionalidad, incumplimiento de la ley y violación de las normas vigentes.

Se edificaron pisos de más, se usaron materiales fuera de norma, se violaron normas y los servicios como agua, electricidad, seguridad, estacionamientos, recolección de basura, entre otros, resultaron insuficientes y de baja calidad.

El debate sobre si se debe reconstruir de manera gratuita para todos o, como lo plantea la iniciativa, con créditos blandos, enfrenta dos posturas cerradas, pero el problema no solo es blanco o negro, se soslayan los matices grises.

Por ejemplo: Juan perdió uno de sus cuatro departamentos que rentaba en un inmueble de la calle Ámsterdam, en la colonia Condesa, es un exitoso empresario joven y adinerado, ¿debe recibir el mismo trato que Lety? madre soltera de la tercera edad, jubilada, divorciada, que vivía sola en ese mismo inmueble en un departamento que le heredó su padre y hoy no tiene posibilidad alguna de endeudarse.

La iniciativa tampoco fija mecanismos concretos para la participación de los afectados, no prevé que algunos damnificadas accedan a subsidios habitacionales ni explica cómo participarán los afectados en el cuidado y manejo de los recursos del Fondo para la reconstrucción.

El proceso de reconstrucción es una oportunidad inmejorable para democratizar nuestra ciudad, prepararla para enfrentar nuevas contingencias, fortalecer la participación ciudadana y transparentar la gestión pública.

Es imprescindible revisar otras experiencias de reconstrucción, como el modelo japonés y escuchar a expertos y ciudadanos, porque si no sentamos las bases para una reconstrucción honesta y equitativa,  estaremos cavando nuestra tumba y la de los damnificados por el 19-S. Al tiempo.

* Diputado por Miguel Hidalgo

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