La regulación del artículo 134: no todo tema es materia electoral - Rosa Gómez Tovar | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 19 de Noviembre, 2017
La regulación del artículo 134: no todo tema es materia electoral | La Crónica de Hoy

La regulación del artículo 134: no todo tema es materia electoral

Rosa Gómez Tovar

La prohibición del uso de recursos públicos para beneficiar campañas electorales tiene un objetivo muy claro, evitar que entre el candidato del partido en el poder y el de la oposición exista inequidad; esta regulación se encuentra en el artículo 134 Constitucional. Sin embargo, esta disposición no es aplicable únicamente para temas electorales, y ésta fue una de las principales razones para que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera como válido el amparo presentado por la Organización Artículo 19 en contra de la omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134.

Vayamos por partes, el artículo 134 establece que todos los recursos públicos deben administrarse con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, de ahí que no sólo regula normas respecto al uso electorero de recursos públicos, sino la probidad con la que debe ejercerse en todo momento el presupuesto de que dispone el sector público en cualquier ámbito.

En específico, el párrafo octavo establece que la propaganda de cualquier ente público debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, además que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Si bien, este precepto se adicionó en noviembre de 2007, fue hasta el decreto de reforma político electoral de febrero de 2014, que el propio Congreso dispuso una fecha límite para que se expidiera la ley reglamentaria a dicho párrafo: el 30 de abril de 2014 (el segundo periodo de sesiones de la LXII Legislatura). Así, Artículo 19 presentó un amparo, el cual fue sobreseído por un juez de Distrito de la Ciudad de México, porque a la fecha el Congreso evidentemente no ha cumplido con una obligación establecida en la Constitución.

En su revisión del amparo, la SCJN consideró que el artículo 134, en el párrafo en discusión, tiene por objeto que el ejercicio del gasto en comunicación social del gobierno atienda a los principios mencionados anteriormente y, por otro lado, que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto (ya que el gobierno podría usarlo como de control sobre los medios), de ahí que el Congreso deberá emitir la Ley reglamentaria antes del 30 de abril de 2018.

Para muchos, ésta es una victoria de cara al proceso electoral de 2018, no obstante, la SCJN elevó el debate a la posibilidad de que la no regulación del ejercicio del presupuesto pueda afectar derechos fundamentales, en este caso el de libertad de expresión. A pesar de que un indicador fiable de que la comunicación social se está enfocando a fines electorales, es el incremento del gasto de gobierno en este rubro durante años electorales, el desvío de recursos públicos de los objetivo a los que está dirigido es un problema que se extiende más allá de las campañas, y por ello regularlo de forma permanente —no sólo en tiempos electorales— sea más benéfico, ya que puede atacar el problema de fondo: la corrupción. Tal vez si ésta fuera una consideración que se realizara más frecuentemente en nuestra sociedad, es decir, tratar de encontrar soluciones a los problemas de nuestro país no únicamente en la esfera electoral, podamos avanzar hacia un rumbo de rendición de cuentas efectivo, y de mayor impacto del gasto público en el desarrollo económico.

rosagomeztovar@outlook.com

 

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