La engañosa centralización

Javier Santiago Castillo

En el antiguo régimen, centralizar decisiones y acciones parecía un medio para resolver asuntos complejos con rapidez. Al evitar la deliberación colectiva e incluso el debate, ciertamente se lograba rapidez en las decisiones, pero no necesariamente mayor eficiencia y eficacia. La pragmática burocrática aconsejaría que las decisiones las tomaran sólo los supuestos especialistas, sólo los que hacen bien las cosas, sin molestas interferencias de los legos.

Pero resulta que la democracia es mucho más que un conjunto de manos levantadas o de boletas depositadas en una urna. Es, en esencia, un método deliberativo, en el cual las decisiones surgen del concierto de todas las voces. Su resultado puede ser lejano al óptimo técnico, pero representa un bien nada menor: la conjunción de visiones y la concordancia social sobre el quehacer de instituciones e individuos.

Decidir, en democracia, implica reconocer capacidades, anhelos, intereses y visiones de todos los que participan en la conversación, no sólo de los autodenominados especialistas. Las decisiones democráticas apelan a la autonomía moral y la conciencia del colectivo; el “gobierno de los que saben” es, por definición, elitista, arrogante y, finalmente, portador de un interés particular que no se atreve a decir su nombre.

El sistema nacional de elecciones establecido en la reforma constitucional y legal de 2014, concentró amplias atribuciones y tareas en el Instituto Nacional Electoral (INE). No bastó con enumerar tareas que corresponden a uno y otro ámbito. Se dotó al INE de la facultad para “Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales”.

Con supuesta base en ello, el Consejo General del INE ha resuelto que no se limitará a emitir reglas, lineamientos y criterios, sino que asumirá por completo la realización de conteos rápidos de las elecciones de los nueve gobernadores previstas para julio próximo. Se trata, no es posible decirlo de otro modo, de una extralimitación de facultades y de un nuevo acto de centralismo arrogante.

El ejercicio de la facultad de asunción no es ni puede ser arbitrario o caprichoso. En términos de ley, debe acreditarse cuáles son los factores sociales que afectan la paz pública, ponen en grave riesgo a la sociedad e impiden la organización de la elección, o bien cuál intromisión de los poderes locales afecta la elección. El documento aprobado no lo hace. En consecuencia, puede considerarse que no está fundado jurídicamente con solidez, para no decir que es ilegal.

La adopción de una medida excepcional exige argumentos excepcionales. En cambio, el acuerdo del INE enarbola un alegato limitado, constreñido a opiniones burocráticas y litigioso contra las dudas y objeciones de los institutos electorales locales. Señala que su objetivo “consiste en obtener información confiable de los resultados de los comicios…y tiene como finalidad impedir que fuentes interesadas, carentes de elementos adecuados y objetivos o inducidas a error, puedan divulgar y difundir resultados claramente alejados o hasta opuestos a la verdad contenida en las urnas, que hagan concebir algo distinto a la verdad objetiva y crear un ambiente postelectoral de incertidumbre y hostilidad a los actores políticos, que pueda influir en la legitimidad política y en la gobernabilidad durante el ejercicio del cargo de los candidatos triunfantes”.

Es decir que el atropello al ámbito local de atribuciones, el despojo que se les hace de su facultad expresa para emitir resultados, se justifica en aras de ¡obtener información confiable!, lo que implica suponer que los institutos locales no tienen capacidad, técnica, humana e institucional para proporcionarla. También busca impedir que otras fuentes provean resultados, a los que de entrada se moteja como distintos de los efectivamente arrojados por las urnas. Es decir que la voz del INE y sólo ella sea investida de veracidad, vox INE, vox Dei.

No es posible obviar que hace poco más de una semana el presidente del INE hizo un fracasado intento para que partidos y candidatos se comprometieran a no proporcionar sus propios resultados de la próxima elección. Nadie acompañó lo que se percibió como un despropósito que suplantaba la política por una pretendida racionalidad burocrática.

El acuerdo del INE menciona que “la reforma buscó, desde la construcción constitucional, la estandarización a nivel nacional de requisitos, procedimientos y plazos, de manera que la organización electoral atienda a estándares de calidad homogéneos”. Así, se incursiona en la arrogancia de suponer que sólo el INE puede proporcionar calidad, olvidando diversos errores cometidos, como en la reciente elección de Coahuila.

Se desdeñan las capacidades de los institutos electorales locales y se pasa por alto que, a lo largo de la historia, éstos han acreditado niveles de desempeño superiores a los del otrora IFE, en diversas materias. Los sistemas informáticos y la calidad de la cartografía electoral del otrora IEDF, por ejemplo, siempre fueron mejores que los del IFE. El Instituto Electoral capitalino creó la mascarilla Braille, que después el IFE ostentó como propia; o el caso de las urnas electrónicas de Coahuila y Jalisco.

Desdén y adjudicación de innovaciones locales no pueden menos que leerse como arrogancia poco sustentada. Hoy, el INE afirma implícitamente que sólo sus conteos rápidos son certeros, metodológicamente bien construidos y bien operados.

Una de las grandes virtudes de la democracia es la distribución del poder. La concentración de atribuciones en el INE derivada de la centralización le ha otorgado un gran poder. Tengo la convicción de que la concentración de poder no es saludable para un sistema democrático, más cuando se ejerce de una forma arbitraria.  

Pero al final surge la impresión de que no se trata de un tema técnico, que hay algo más en el fondo de la decisión tomada. No deja de ser curioso que el acuerdo se refiera únicamente al conteo rápido de las elecciones de Gobernador y Jefe de Gobierno. La renovación de diputaciones locales y ayuntamientos no suscita preocupación en la autoridad nacional. Será que el objetivo real no es el aseguramiento de la calidad técnica de un instrumento, sino la concentración de la emisión de resultados estratégicos en manos del INE. Concentración del poder y sólo eso. ¿Conviene a la institucionalidad democrática?

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

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