Meade y los arreglos feudales

Óscar Espinosa Villarreal

Me aventuraba hace ocho días a proponer aquellos aspectos que considero fundamentales a considerar en la selección del candidato por el cual votar en 2018 y apenas unos días después, el lunes pasado, nos enteramos de quién será, muy probablemente, el abanderado del PRI para esa contienda electoral.

Por lo que hace a esta primera designación (muy afortunada, a mi parecer), creo que José Antonio Meade seguramente comparte varios de los principios que propuse la semana anterior. Conozco bien a miembros de su familia más cercana y tengo claro que se trata de gente muy honorable, con principios y valores importantes en el desempeño eficaz de una tarea pública. Y en cuanto a él, creo que su trayectoria y forma de vida pública resultan un espléndido antecedente.

Pero me consta, por mi experiencia en el quehacer público, que una cosa es querer y otra es poder hacer todo lo uno desearía. No podemos, ni debemos ignorar que sería el abanderado de una organización política de muchos años y en consecuencia, heredero de vicios y virtudes de la misma. Una organización que ha participado de diversas formas en el armado de arreglos perversos que no pareciera dispuesta a sacrificar. Arreglos que condicionan el margen de maniobra de un funcionario emanado de sus filas y que gravitan sobre el interés común.

Ahí está el reto más importante de Meade, a mi modo de ver, en caso de resultar electo: poder desmantelar el entramado de naturaleza feudal que ha caracterizado por décadas a nuestro régimen político. Un entramado creado en aras de fortalecer la gobernabilidad compensando a la vez la lealtad de muchos incondicionales.

Recordemos la definición de Feudo según el diccionario de la RAE que nos ayudará a entender a qué me refiero: “Contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad de vasallo al donante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba”

Es así como, a lo largo de nuestra historia moderna, el régimen ha otorgado o mantenido prebendas y recursos a quienes le garantizan esa lealtad incondicional. Sirva el ejemplo del aquel presidente de Televisa que afirmaba que en México había tres intocables: el PRI, el Señor presidente y la Virgen de Guadalupe. Originalmente pensamos en estas prácticas, como características solo de la forma de gobierno priista, pero bastó la alternancia para entender que esto no era privativo de un partido, sino de una tradición de Gobierno. 

En gobiernos del PRI y del PAN, por igual, atestiguamos por décadas que fue el Sindicato de Trabajadores de la Educación, quien dictaba la política educativa y el de trabajadores petroleros quien manejaba a su parecer la operación de PEMEX. Y son solo dos ejemplos. Nos podríamos seguir así “da Infinitum” con Gobernadores, Presidentes Municipales, dirigentes sindicales, empresariales y llegaríamos, no nos sorprenda, hasta los franeleros, los vendedores ambulantes, los del metro, o los gestores de vivienda o de trámites oficiales.

Ya me he referido en alguna ocasión al hecho de que las reformas estructurales emprendidas por esta administración, a través del llamado Pacto por México, si alguna virtud indiscutible tienen, es precisamente desmantelar dichos arreglos, a través de abrir los sectores a la competencia nacional e internacional, crear los organismos con un grado de independencia suficiente para no depender de las motivaciones políticas a la hora de tomar decisiones y acotar la influencia de los liderazgos sindicales estrictamente al ámbito de su competencia.

En el próximo sexenio, me parece que se impone ahora actuar enérgicamente en aquellos sectores que, por alguna razón, han permanecido intocables, así como profundizar las reformas emprendidas, acelerando su implementación y generalizando sus efectos a todo el país, porque no hacerlo, implica lastres que impiden el desarrollo de áreas estratégicas para el progreso de nuestra nación.

El proceso previo a la designación del candidato del PRI, en donde se eliminaron candados que perecían indestructibles, nos permite pensar en que ello no significa romper con el partido, sino buscar liderar un cambio dentro del mismo, que responda a la nueva realidad ciudadana, capaz de comunicarse y movilizarse en forma antes impensable. Todas las reformas emprendidas a partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari demuestran que es posible cambiar cuestiones de fondo.

En ese sentido, espero que el PRI sea consciente de que los electores no priistas que hoy votarían por Meade, no lo harán como un cheque en blanco, sino condicionando su apoyo a una verdadera metamorfosis de ese Instituto político que, simplemente dicho, tendrá que entender que las cosas dejaron de ser como eran. Ni modo, en algún sentido, ese es el precio de haber optado por un candidato que no era uno de los “suyos”.

Meade se encuentra en el proceso de registro como precandidato que se realizará el domingo 3 de diciembre, ante la Comisión de Procesos Internos del PRI. El periodo de precampañas terminará en 11 de febrero de 2018, fecha en la que el partido deberá tomar la decisión final para registrarlo como candidato presidencial antes del 29 de marzo de 2018.

Mientras tanto, esa precampaña que la ley contempla será para Meade la oportunidad no solo de presentarse ante el electorado como una posible alternativa, sino principalmente, a mi modo de ver, como un tiempo estratégico para cabildear hacia dentro del PRI esa propuesta de cambio de fondo que el país demanda y hacia afuera, la construcción de una alianza partir de compromisos indeclinables con una ciudadanía dispuesta, quizás, a hacer una excepción y votar por el partido que, en su caso, lo postulará.


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