Por un debate serio

Rosa Gómez Tovar

El día de mañana se llevará a cabo un seminario en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral titulado “Política y Dinero: Democracia Vs. Corrupción”. El objetivo de dicho evento es que expertos en la materia aporten argumentos a una problemática común a todas las democracias, la dificultad de blindar las contiendas electorales de la corrupción que aqueja a los estados hoy en día.

Uno de los debates más recientes en México respecto al financiamiento de la política en México ha sido disminuir o incluso eliminar los recursos públicos como reclamo al actuar de los partidos, a quienes frecuentemente se les asocia con los problemas de nuestro país.

 Sin embargo, se olvida el largo trecho que se ha recorrido para llegar al punto en el que nos encontramos y los beneficios del modelo de financiamiento a los partidos en México.

El generoso financiamiento público no siempre ha existido en nuestro país, es resultado de un tortuoso proceso de reformas electorales que comenzaron en 1977 donde se considera a los partidos por primera vez como entidades de interés público. En 1986 y 1990 se reguló el financiamiento público en la Ley a través del uso de costos mínimos de campaña y el número de candidatos a diputados.

A partir de 1996 el financiamiento público debe ser predominante sobre el privado de acuerdo con la Constitución y se estableció el actual criterio de distribución del financiamiento: el 30 por ciento se reparte de manera igualitaria, mientras que el 70 por ciento se hace de acuerdo con los porcentajes de votación de la elección de diputados anterior.

En 2007, se definieron con claridad tres conceptos de financiamiento directo a los partidos políticos en la Constitución: para la realización de actividades ordinarias; para la búsqueda del voto (campaña); y para actividades específicas. Así también, se estableció una fórmula de cálculo, el 65 por ciento de la unidad de medida de actualización (UMA) multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Esta fórmula representó una disminución en términos reales respecto al año anterior, además en ningún año posterior a este cambio los recursos alcanzan los 4 mil 283 millones (pesos de 2017) del año 2002, el más alto desde 1997.

De alguna forma es entendible el descontento ante un sistema de partidos que, una vez en el poder, no han podido generar y distribuir el bienestar de manera equitativa en la sociedad mexicana. La percepción de la sociedad es que los partidos son impermeables al bajo crecimiento económico y en algunos casos, a los momentos de crisis profunda del país.

No parece ser coincidencia que haya sido en 2009 cuando surgió el movimiento “ya bájenle”, año en el que el PIB se redujo en 7 por ciento, mientras que el flujo de los recursos a los partidos se incrementó respecto al año anterior. Sin embargo, considerando los datos duros respecto al dinero destinado a los partidos, la tasa de crecimiento promedio real del financiamiento público a partidos nacionales entre 1997 y 2017 es 1.0 por ciento (sin considerar el financiamiento de campaña), mientras que la del Producto Interno Bruto es 2.1 por ciento y la participación del financiamiento en el producto se ha mantenido constante en 0.02 por ciento, un porcentaje relativamente modesto.

Eliminar el financiamiento público a los partidos podría calmar el descontento de la sociedad, pero de ninguna forma eliminará las tentaciones para que algunos actores políticos utilicen recursos no permitidos en sus actividades, más aún, complicarían las tareas de supervisión del dinero en la política. Ahora más que nunca el debate serio es el que debe privilegiarse, así que este seminario es una excelente oportunidad que debemos aprovechar.

rosagomeztovar@outlook.com

 

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