Piden editores ampliar a 24 meses el plazo para el precio único del libro | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 06 de Diciembre, 2017

Piden editores ampliar a 24 meses el plazo para el precio único del libro

Dificultad. Alberto Ruy Sánchez comentó que los problemas de la accesibilidad a los libros son múltiples en el país, pero el eje es el régimen de precios inflados. “Es falsa la idea de que existe más acceso a los libros cuando se ofrecen descuentos, pues éstos en realidad son falsos”

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Los editores también pidieron a los senadores que se aplique la tasa cero a las librerías.

Las mejoras a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro no deben estar enfocadas a la disminución de la vigencia del plazo único del libro, sino a ampliar ese tiempo a 24 meses, aplicar la tasa cero a las librerías, crear el uso de suelo para librerías y eliminar el régimen de precios inflados a los libros. Así lo expusieron los editores Marcelo Uribe, Alberto Ruy Sánchez y Rodrigo Pérez Porrúa, durante una audiencia pública realizada ayer por la Comisión de Cultura del Senado de la República tras la propuesta de modificar el artículo 26 de dicha ley cultural.

Actualmente el artículo 26 establece que “los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente Ley, cuando se trate de libros editados o importados con más de dieciocho meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales”. No obstante, la iniciativa del Senado busca reducir esa vigencia a 12 meses.

El editor de Artes de México, Alberto Ruy Sánchez, comentó que los problemas de la accesibilidad a los libros son múltiples en el país, pero el eje es el régimen de precios inflados.

“Supongamos un libro que cuesta 100 pesos al público, lo normal sería y ha sido, que el 40 por ciento de ese dinero vaya al comercio que lo vende, entonces la casa editorial necesitará 60 pesos para pagar todos los otros gastos: imprenta, gastos de producción, derechos de autor. Calculemos un cinco por ciento de ganancia”, explicó.

Pero al entrar en acción los comercios de grandes superficies en el mundo, quienes comenzaron a exigir un porcentaje mayor al 40 por ciento normal, “digamos un 80 por ciento más, y si un editor con los otros gastos sigue necesitando 60 pesos, la tienda deberá aumentar el precio de venta del libro desde el inicio en 200 por ciento”.

Eso implica, añadió, que el libro que debería costar 100 pesos, costará 300 pesos, es decir, el 80 por ciento para satisfacer al comercio y un 20 por ciento igual a los mismos 60 pesos para el restos de los gastos.

“Si la tienda aún dice que ofrece después un descuento del 50 por ciento, quedará el libro en 150, así estará aumentando el precio de un libro que debería costar 100. El régimen de precios de inflados hace que detrás del telón aumenten los precios simulando por delante al público que disminuyen”, subrayó.

Ruy Sánchez comentó que es falsa la idea de que existe más acceso a los libros cuando se ofrecen descuentos, pues éstos en realidad son falsos. “El antídoto en Francia a este régimen de precios inflados son las tiendas de precio único, pero precio único no es galicismo que significa ‘precio controlado’, sino el ‘precio más bajo posible’”.

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, dijo, con su precio único no está en contra de los precios más bajos, del comercio electrónico, ni de los descuentos, sino en contra “de los descuentos rutinarios subrepticiamente inflados por la inercia viciosa de la industria. Recortar ese periodo de vigencia del precio único, es boicotear su efectividad, volverlo inflable”

SIN LIBRERÍAS. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), Carlos Rosique Anaya, expuso en la audiencia que las cifras de liberarías en el país varían, pero de acuerdo a la última encuesta realizada en 2014 por la CANIEM, existían 1,204 establecimientos que acumularon más de 217 mil metros de superficie, de los cuales 31 por ciento se encontraban en la Ciudad de México.

Por ello, opinó que no es con una política de descuentos como se incentiva la lectura ni el comercio de libros, “se requiere de políticas públicas que propicien el desarrollo de una industria editorial fuerte y puntos de comercialización que son las librerías”.

Al respecto, Marcelo Uribe, editor de Ediciones Era, precisó que México cuenta con el peor índice del continente en librerías per cápita, situación que no ha mejorado ni mejorará de aprobarse la reciente iniciativa de modificar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

“Después de 9 años de esta ley es posible afirmar que la verdadera prioridad sigue siendo la misma: una amplia red de librerías independientes capaz de ofrecer la mayor cantidad de títulos en todos los rincones del país, en precios asequibles para todos, y para esto son indispensables dos cosas: la tasa cero para librerías y una ley clara y firme”, señaló.

En su turno, Rodrigo Pérez Porrúa expuso que abrir en México una librería es una odisea. “No existe un uso de suelo de librerías, es increíble que exista para papelería y bares y no para librerías. Una vez que uno logra abrir la librería se nos castiga bajo un régimen fiscal injusto, en el sentido de que como librerías pagamos más impuestos que una vinatería, zapatería o que una farmacia”.

Eso, indicó, se contradice con lo que wdice la legislación nacional sobre los derechos básicos de educación, salud y alimentación.

“El gobierno estableció que los principales productos que formaran estas áreas tuvieran una tasa cero, es el caso de las medicinas. Pero ¿a las librerías?, se les olvidó que existimos, por lo cual quedaron en el peor de los regímenes fiscales que es el exento, es decir, la renta, la luz, una computadora o cualquier mejora nos cuesta 16 por ciento más que a una zapatería. Si queremos fomentar el libro y lectura, hagamos que los libros lleguen a los ciudadanos”.

Iniciativas

La actual iniciativa de modificar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro será discutida por la Comisión de Educación del Senado, mientras tanto, de diciembre de 2017 a febrero de 2018, los legisladores de la Comisión de Cultura realizarán una sola propuesta de modificación a la ley en mención, basándose en 7 dictámenes que ya se habían redactado y que no se habían discutido en el pleno ni con expertos.

 

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