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Armonizan leyes mexicanas con Acuerdo de París contra cambio climático

La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, para armonizar ese ordenamiento en función del Acuerdo de París y reducir 22 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Con las modificaciones se estipulan las bases para el cumplimiento del Acuerdo de París, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados, lo cual reduciría riesgos y efectos del cambio climático.

Con esta armonización se asumirán las metas de mitigación y adaptación con base en los compromisos internacionales firmados por México y las contribuciones voluntariamente asumidas por el mismo.

Además la Federación se comprometerá a elaborar una Política Nacional de Adaptación en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, así como a identificar y desarrollar metas de mitigación de largo plazo, teniendo como año meta 2050, con objetivos de corto y mediano plazo y con una hoja de ruta para asegurar su cumplimiento.

También revisar y actualizar el avance de la estrategia nacional, contribuciones y estrategia de financiamiento cada cinco años.

El país se compromete a reducir de manera no condicionada a 22 por ciento sus emisiones de GEI y 51 por ciento sus emisiones de carbono negro para 2030.

La reducción de los GEI se logrará a partir de las disminuciones en diversos sectores: transporte 18 por ciento, generación eléctrica 31 por ciento, residencial y comercial 18 por ciento, petróleo y gas 14 por ciento, industria cinco por ciento, agricultura y ganadería ocho por ciento, y residuos 28 por ciento.

En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de “progresividad”, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, respetar irrestrictamente los derechos humanos, la salud, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

También a los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.

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