Amnistía e hipocresía - Aurelio Ramos Méndez | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 08 de Diciembre, 2017
Amnistía e hipocresía | La Crónica de Hoy

Amnistía e hipocresía

Aurelio Ramos Méndez

Destila hipocresía, de lado y lado, la bulla desatada en torno a la propuesta de otorgar amnistía a narcos, lanzada con ligereza por Andrés Manuel López Obrador, al desgaire a pesar de la gravedad del tema, y rechazada con aspavientos pero sin reflexión por sus detractores.

Fue hipócrita el tabasqueño, porque su breve, vago y superficial planteamiento quizá no apunta hacia un perdón y olvido sin taxativas para narcos —aun para quienes han  cometido delitos que la ONU denomina atroces—, sino hacia algo aún más amplio, aunque de diferente índole: una amnistía económica para todos los mexicanos que se han beneficiado de la corrupción, él incluido.

Y actuaron con doblez los políticos, funcionarios  e integrantes de la ruidosa turbamulta que reprendió al puntero en la carrera por la Presidencia, porque se opusieron a sabiendas de que una amnistía de tal género, un genuino borrón y cuenta nueva en el campo de la corrupción, podría beneficiarles a ellos y, sin exageración alguna, a todos los mexicanos.

Se necesitaría haber vivido en otro planeta por lo menos durante las últimas tres décadas para percatarse de que el narcotráfico ha permeado todos los estamentos sociales, al punto de que el prefijo narco ha tenido aplicación en todos los ámbitos.

Así, hemos oído hablar de narco para hacer referencia no sólo a traficantes de drogas propiamente dicho, sino a políticos, jueces,  funcionarios, gobernadores, alcaldes, legisladores, banqueros, generales, procuradores de justicia, policías, empresarios, periodistas —¡uf!— meseros, taxistas, viene-viene y hasta narcocuras.

Visto este fenómeno sin prejuicios, politiquería ni cálculos electorales, todos estos mexicanos en realidad han sido víctimas de una política global trazada —por recurrente y fastidioso que suene— por los Estados Unidos: la ilegalidad de las drogas.

Ilegalidad que nuestros sucesivos gobiernos han acatado a costas de su envilecimiento y de decenas de millares de vidas humanas y una ingente porción del presupuesto nacional. Mientras el gobierno con el ejército más poderoso del orbe ¡es incapaz de inhibir la venta de estupefacientes a las puertas de la Casa Blanca!

Llevamos décadas en esta ruta, aunque, ciertamente, con mayor indignidad en los últimos dos sexenios. Estamos en la coyuntura de preguntarnos si queremos seguir por el mismo camino.

El narco ha penetrado todas las actividades económicas, degradado las instituciones, potenciado la corrupción pública y privada, diversificado el catálogo de delitos y bañado de sangre el país.

No obstante, en la estridente respuesta a la idea de López Obrador —expuesta desde la más reprobable oscitancia, al a’i se va, sin calcular las consecuencias de sus dichos ni tomarse la molestia de explicar sus alcances— no se ha escuchado ni el más superficial análisis del problema.

Hemos leído, sí, expresiones de ruindad proferidas por no pocos de quienes se llenan la boca para demandar debate de altura en las campañas. “La mujer de AMLO canta muy bonito las de Silvio Rodríguez; pero las que le gustan al Peje son los narco corridos y las del Komander”. Una más, ésta con relente autocrítico, propio de un conocedor por experiencia personal: “El que de santo resbala, hasta demonio no para”.

También hemos visto rasgándose las vestiduras a algunos de los funcionarios responsables del desastre de seguridad y violencia en que nos hallamos. De quienes podría decirse que, si tuvieran pudor, meterían la cabeza en la arena.

Y, tristemente, también hemos visto subiéndose al ring de la grilla a servidores públicos que, en razón de sus cargos, armas y noción de patria era tradicional que se mantuviesen al margen del lodo y las veleidades electorales.

No nos vendría mal una amnistía para quedar en paz con la justicia, aunque, en efecto, aun en el campo de la producción y comercialización de enervantes es indispensable establecer diferencias.

El común de los ciudadanos tiende a considerar que la totalidad de quienes se dedican a aquellos ilícitos tienen la capacidad económica, el poderío armamentístico y la cobertura política de El Chapo, Los Beltrán Leyva, Caro Quintero y otros capos. La realidad es muy distinta.

La mayoría de involucros en aquellas actividades, quienes saturan las cárceles o ya pagaron con la vida el delito de tratar de salir de pobres, son —o eran— mexicanos del montón, campesinos en la miseria, indígenas precariamente castellanizados, ninis, clasemedieros apenas emergentes…

Y, si de decir la verdad se trata, debe señalarse que, de un modo u otro, todos los mexicanos hemos sido beneficiarios de los dividendos que reporta el tráfico de drogas. Y necesitamos expiar nuestros pecados.

El narco le reporta a nuestro país dividendos cuyo monto varía en función de la fuente de información. Veinticinco mil millones de dólares al año, según el gobierno gringo; 19 mil millones, según la ONU; 12 mil millones, el Banco Mundial, y mucho menos a decir de Hacienda.

Se trata, en todo caso, de un río de dinero que para ser lavado y saldar su pecado original ingresa al circuito financiero y nutre las actividades económicas más inverosímiles, sin que los ciudadanos rasos nos percatemos de cómo y dónde. Aunque —no nos digamos mentiras— tampoco nos desvela el conocimiento puntual de ese origen incierto.

Se benefician del narco, así sea de manera indirecta, por ejemplo, los espectadores de un partido de futbol en las incontables ligas donde actúa esa siniestra expresión delictiva. O, ¿se habrán preguntado esos aficionados de dónde quizá provine el dinero que financia al equipo de su preferencia?

Los huéspedes de hoteles e infraestructura turística levantada con recursos de origen ilícito, ¿pensarán dos veces antes de alojarse en esos establecimientos, o sólo cierran los ojos al zambullirse en las albercas y san se acabó?

Padres de familia cuyos vástagos acuden a jardines de niños u otros planteles probablemente erigidos con dineros calientes, ¿habrán reparado alguna vez acerca del mecenazgo en el plantel donde estudian sus hijos?

¿Solicitan certificado de origen del dinero los propietarios de agencias de distribución de autos, cuando a ellos se acercan personajes de solvencia inusitada, capaces de pagar en efectivo el importe de flotillas completas de vehículos?

Sacerdotes que a lo largo del país reciben regias y anónimas limosnas destinadas a reparaciones de templos y obras pías, ¿habrán caído en la cuenta de la muy probable pecaminosa ruta de tales obvenciones?

¿Habrán hecho lo propio alcaldes recipiendarios de aportaciones para el asfaltado del camino, la pavimentación de la cancha deportiva o la remodelación de la escuela abandonada por el Estado? Las posibilidades son infinitas.

Visto así el asunto no se antoja desmesurada la conveniencia de una amnistía económica general, amplia y definitiva.

No sólo para los narcos y sus protectores y padrinos dentro de las más altas esferas del poder público, sino para todos los mexicanos. Excepto, claro, para quienes han cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad o de guerra.

Sería el punto de partida para iniciar de cero la moralización del país.


aureramos@cronica.com.mx

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