Gasto federalizado: la Auditoría Superior de la Federación - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 08 de Diciembre, 2017
Gasto federalizado: la Auditoría Superior de la Federación | La Crónica de Hoy

Gasto federalizado: la Auditoría Superior de la Federación

Carlos Matute González

A nadie debe extrañar que en el proceso de designación de Auditor Superior de la Federación dos de los tres finalistas sean expertos en la auditoría del gasto federalizado, que representa el 70 por ciento de las revisiones al presupuesto que efectúa esa entidad y el 33 por ciento del gasto total de la Federación, es decir, 4 de cada 10 pesos presupuestales los ejercen los gobiernos locales y municipales.

¿Qué es el gasto federalizado? Grosso modo es la parte del presupuesto federal que ejercen las entidades federativas por dos conceptos: participaciones de la recaudación federal (20 por ciento) y otros fondos participables y los fondos de aportaciones federales y otras transferencias presupuestales. Las primeras, cuando las recibe el estado o la Ciudad de México, por ser parte de la coordinación fiscal, se convierten en recursos propios de las entidades federativas y regulados por la legislación local. Las segundas, las entidades federativas se convierten en ejecutoras del gasto federal y, por lo tanto, está sujeto a toda la normatividad del mismo.

¿Por qué interviene en este tipo de gasto la ASF? En las aportaciones y transferencias, la ASF es la instancia que verifica la cuenta pública que incluye todo el gasto federal, sin importar quién lo ejecute y si se trata de una entidad federativa, la competente para revisar este ejercicio es una instancia federal y no local, que sólo es coadyuvante. La Constitución es clara “fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México” (art. 79).

En cambio, en las participaciones federales, en principio, la ASF no debiera ser la competente por tratarse de un ingreso propio de las autoridades locales, es decir, técnicamente no son recursos federales, pero con la reforma anticorrupción de 2015, se ampliaron sus facultades para permitirle, en coordinación con las entidades federativas o directamente, proceder a la fiscalización de las participaciones.

Esto último es lo que explica que más del 50 por ciento del presupuesto federal, si se quita el gasto de pensiones, sea ejecutado en el nivel local —aportaciones y participaciones— y sea indispensable orientar la labor de la ASF a la fiscalización de las entidades federativas.

Las notas periodísticas vinculan a los integrantes de las ternas con partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados, con base en información filtrada o inferencias, pero lo cierto es que dos de ellos están ahí por sus conocimientos en la materia de gasto federalizado.

Colmenares Páramo fue Auditor Especial de ese tipo de gasto y Orcí Magaña lo es actualmente. Ambos, sin menospreciar los méritos del tercero, Trinidad Zaldívar, experto en temas de transparencia, conocen la principal problemática que enfrenta el país en materia de riesgos de desviación de recursos públicos. La mayor desviación detectada en las entidades federativas, cuyos controles presupuestales son débiles y la fuerza de los gobernadores, con respecto a las legislaturas locales, les permite tener injerencia en la designación de los miembros de las autoridades fiscalizadoras locales.

Colmenares es un funcionario con una larga carrera en el servicio público federal y local. Institucional desde hace décadas, servidor público, consultor en la materia de participaciones federales, articulista y conocedor a fondo de las complicadas fórmulas de distribución del Fondo General de Participaciones en donde importa el esfuerzo recaudatorio local y la variación del PIB para la entidad y conocedor de los efectos, montos y complejidad.

Orcí Magaña, con una larga carrera política y administrativa en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, vinculado con políticas de desarrollo social y desde hace ocho años con el funcionamiento de la ASF, tanto en su aspecto administrativo como de organización de la revisión de cuentas públicas de las entidades federativas en los últimos años, es la propuesta interna de esa entidad.

La Cámara de Diputados tendrá la última palabra. La Comisión de Vigilancia ya hizo su tarea al proponer a los expertos. El Pleno tiene la materia prima y esperemos que sea lo mejor para el país, ya que el Auditor Superior de la Federación es uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción.

 


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