Presupuesto y elecciones - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 10 de Diciembre, 2017
Presupuesto y elecciones | La Crónica de Hoy

Presupuesto y elecciones

Javier Santiago Castillo

Los presupuestos públicos no gozan de buena reputación. Sin mayor análisis, se tachan de excesivos, injustificados o simplemente mal confeccionados. Siempre se aludirá a que tales recursos serían mejor empleados para la satisfacción de otras necesidades sociales, como si éstas se subsanaran renunciando a la realización de uno u otro de los deberes del Estado.

No pueden negarse vicios usuales en la confección de los presupuestos. Crecimientos inerciales, “partidas acolchonadas”, metas imprecisas, por ejemplo. Lo más pernicioso es el crecimiento del gasto corriente en detrimento del gasto de operación. El Instituto Nacional Electoral (INE), no está exento de este tipo de comportamientos de casi todas las burocracias. Lo señalé en este mismo espacio, a propósito del presupuesto de $18,226,427,970.00 (Dieciocho mil doscientos veintiséis millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.) que originalmente solicitó a la Cámara de Diputados.

Pero tampoco puede decirse de manera responsable que todo el presupuesto de la autoridad electoral tiene esas características, ni mucho menos que se trate de un gasto público regido por el dispendio. El monto solicitado era, ciertamente, elevado. Pero su ajuste razonable no podía hacerse de manera intuitiva; era y es necesario emprender una cuidadosa reingeniería presupuestal que propicie una mayor racionalidad en el gasto, sin afectar las funciones sustantivas. No se trata de no gastar, o gastar poco, sino de hacerlo con racionalidad, eficacia y eficiencia. Gastar lo necesario, sin dispendio, pero también sin estrecheces que pongan en riesgo el fin apetecido.

Por ello debiera suscitar preocupación que la Cámara haya autorizado un monto que resulta en 800 millones menor al solicitado. No hay explicaciones sobre los criterios que condujeron a tal cifra. Es verdad que la cantidad originalmente solicitada es cuantiosa, pero también las acciones a desarrollar son vastas, numerosas y complejas.

Como es sabido, las facultades del INE en el específico campo de organización de procesos electorales fueron significativamente ampliadas. Al encomendársele, con todo lo que ello implica, la recepción del voto ciudadano no sólo en las elecciones federales sino también en las que celebrarán 30 entidades federativas, se incrementaron las tareas a emprender y se introdujo una inusitada complejidad en su realización.

Obviamente, todo lo anterior se refleja en el presupuesto. La pretensión por todos compartida de disminuir el costo de nuestra democracia no se logra con llamados abstractos a la austeridad ni disminuciones presupuestales “a ojo de buen cubero”. Los asuntos complejos requieren soluciones igualmente complejas; todo lo demás es mero voluntarismo.

Es en este contexto que, el pasado viernes, el Consejo General del INE, aprobó los ajustes al presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018. Los ajustes aprobados impactaron en 2 rubros. Se redujeron 200 millones en presupuesto base en las partidas 2000 a 6000, y 600 millones en la cartera de proyectos institucionales.

Llama la atención la disminución a tareas directamente relacionadas con el proceso electoral concurrente. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral dispondrá de 230 millones menos, por lo que habrán de instalarse 30 por ciento menos casillas especiales; no se adquirirán 47 mil bases porta urnas y el número de marcadores bajará de diez a siete. Su similar de Capacitación Electoral y Educación Cívica deberá disminuir el tiempo de contratación de los capacitadores-asistentes electorales para hacer frente a una disminución de 192 millones.

Por su parte, las representaciones legislativas en el Consejo General dispondrán de 55.8 millones menos de lo previsto. En protesta, los representantes de partidos y legislativos se ausentaron de la sesión en la que el Consejo General aprobó los ajustes presupuestales. Históricamente, el IFE, ahora el INE, ha asumido el costo del apoyo a las representaciones partidarias y legislativas en el Consejo General. Ésa es una costumbre heredada del pasado que no ha tenido un claro sustento legal. Además, no debemos pasar por alto que la Ley General de Partidos Políticos no distingue esta labor representativa respecto de las actividades ordinarias permanentes, para las cuales les otorga financiamiento público. Este tipo de vacíos legales hace frágil la institucionalidad electoral.

 “El dinero siempre es territorio de disputa”, lo que llama la atención es la inmadurez de los representantes, al ausentarse de la sesión, y del presidente del consejo en el video que circula en los medios electrónicos. Ante los desplantes de los actores políticos, sobriedad republicana. Más allá del histrionismo es preocupante que se diga que no se recurrirá a lo establecido en el artículo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto, que permitiría una ampliación presupuestal para subsanar deficiencias financieras en la organización de las elecciones. Espero sólo haya sido un exabrupto. Además, solicitar o no solicitar una ampliación es un asunto que compete decidir al Consejo General.

Pero volviendo al fondo del tema, hubo una época, no demasiado lejana, en la que parecía existir consenso social en que la realización de elecciones certeras, confiables, constituía un bien preciado para la estabilidad política y el desarrollo de la democracia. Los recursos públicos que se empleaban para ese fin, se entendían social e institucionalmente válidos, sin grandes debates.

Hoy, pareciera que la compulsión por abatir el gasto de las instituciones del Estado, pasa por alto la naturaleza y racionalidad sistémica de las erogaciones. Hemos construido un sistema electoral abigarrado, barroco, y poblado de “candados”; exigimos —con razón— comicios transparentes, certeros y con resultados inmediatos; pero no estamos muy dispuestos a asumir que todo eso tiene un costo.

Existe una responsabilidad institucional doble, de quien presupuesta y de quien aprueba. Del Legislativo se requieren explicaciones sobre las razones para disminuir un presupuesto. De las instituciones responsables se requiere explicar cómo gastan. En este caso, el INE hace algo más de dos años decidió tomar medidas para modernizar su funcionamiento administrativo. Se avanzó algo en el diagnóstico, pero se desconoce si se concluyó y las medidas instrumentadas. Explicar acciones de racionalidad en el uso de recursos públicos ayudaría a un diálogo interinstitucional constructivo.

Posponemos una y otra vez la deliberación pública sobre nuestra democracia y las vías racionales y efectivas para disminuir sus costos sin afectar los avances logrados. Nos concretamos a pedir que todo salga barato. ¡¡¡Cuidado!!! Como decía mi abuela veracruzana: “A veces, lo barato sale caro”.

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

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