La vigente agenda monotemática de seguridad

Cecilia Téllez Cortés

Hace unos días, durante un acto en la delegación Gustavo A. Madero, el precandidato a la Presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer 10 acciones básicas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en México. También aseguró que no se debe temer a la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.
Anunció que —de ganar la máxima magistratura de este país—, creará la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.
Sí, esa que ya existía y que al arribo del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto pasó las funciones a la Secretaría de Gobernación, presuntamente por la insistencia del actual titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en el pecado llevó la penitencia.
Y es que el tema de seguridad sigue siendo el talón de Aquiles desde las administraciones panistas. Y aunque al inicio de su gestión el presidente Peña Nieto aseguró que se había dejado atrás la agenda monotemática de seguridad, tanto en la relación México con Estados Unidos, como al interior del país, es un hecho que las cifras de nuestro México cada vez más violento dicen todo lo contrario al deseo presidencial.
Que no dio resultado el haber transferido las responsabilidades de seguridad a Gobernación, es un hecho. Fue Vicente Fox quien creó la Secretaría de Seguridad Pública; Felipe Calderón le dio continuidad e invirtió grandes sumas para modernizarla, equiparla y tenerla en los principales rubros de los presupuestos de la Federación.
Sin embargo, con el gobierno de Peña Nieto el tema de la seguridad se politizó a tal grado que en la coyuntura electoral, avizorada desde el año pasado, desde la propia Secretaría de Hacienda se restringieron recursos para este rubro que tantos dolores de cabeza ha dado a la actual administración y que se prevé signifique pérdida de votos en los próximos comicios.
En agosto de 2016, diputados federales encabezados por la perredista María Luisa Beltrán anunciaron la intención de analizar una iniciativa que buscaba retomar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero esta vez con atribuciones preventivas del delito.
Otra de las funciones que se pretendía adherirle a dicha secretaría eran la de asignarle tareas de prevención, actualmente en manos de la Secretaría de Gobernación.
Desde sectores académicos, legislativos y civiles se ha pugnó por retomar esa dependencia, sin embargo, a un año escaso de culminar su gestión, las cifras de la delincuencia y el modus operandi de ésta, han rebasado a las instituciones encargadas de proveer seguridad a la población.
En agosto pasado, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, fue el propio presidente Peña Nieto quien afirmó que el modelo de seguridad ya no sirve y lo externó así: “Hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización en las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del Siglo XXI”.
Mucho de lo que ahora sucede en materia de seguridad  es por falta de inversión en un factor clave: el recurso humano. Se quejan de falta de policías, pero sería bueno que desde la secretaría de Hacienda se generen las plazas suficientes para enfrentar este problema. A ello hay que sumarle el hecho de que nuevas leyes, tales como el nuevo sistema de justicia penal le han facilitado el actuar al delincuente. Encontraron por fin la puerta giratoria de la justicia.
Este jueves, en el salón Tesorería habrá un nuevo encuentro del Consejo de Seguridad Pública donde se tendrá que admitir que, lejos de acabar con la agenda monotemática, es ésta la que impera y quizá con cifras todavía más altas que en la gestión anterior.

ENTRESIJOS.- A menos de un año de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, no se han cumplido seis de cada 10 compromisos que el Ejecutivo federal firmó ante notario público durante su campaña presidencial en 2012, destacó la Coparmex. Los pendientes del mandatario van desde obras críticas de infraestructura o conectividad hasta materia de seguridad y corrupción, apuntó el organismo empresarial. El expresidente Carlos Salinas de Gortari descartó que se trate de una crisis interna el hecho de que el precandidato del tricolor no sea un militante y consideró que esa decisión es parte de un proceso de transformación del PRI que respondió a las exigencias de la sociedad civil.

@cecitellez
cetece@gmail.com

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