La Suprema y la seguridad interior

Juan Manuel Asai

Fue nocivo que la Ley de Seguridad Interior entrara en su etapa de definiciones, la de los votos a favor y en contra, con la campaña electoral encima. Es saludable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga para dejar en claro si las disposiciones de la ley son o no son constitucionales antes de ponerla en marcha. Y es que durante la campaña se impone de manera natural la lógica de la competencia. Los partidos de oposición, y sus aliados en diversas organizaciones ciudadanas, descalifican todo lo que emana del gobierno para desprestigiarlo ante la opinión pública y ganar, calculan, algunos puntos de aceptación, más allá incluso de si en su fuero interno consideren que es una ley necesaria o útil.
Se trata, le recuerdo al amable lector, del marco legal que busca normar las actividades de las Fuerzas Armadas en las calles, fuera de los cuarteles, en el combate directo, casi cuerpo a cuerpo, con las bandas del crimen organizado que operan en el país. Los operativos conjuntos arrancaron en la localidad de Apatzingán, Michoacán, al inicio de la administración panista de Felipe Calderón y, a un año de que concluya el sexenio del priista Enrique Peña, la ley todavía tiene que esperar, ahora por el visto bueno de la Suprema Corte.
Esta estrategia arrancó hace más de una década con el propósito explícito, transitorio, de contener el avance de las bandas criminales que en aquel entonces parecían imparables. En todo este tiempo la clase política le ha fallado al Ejército y a la Marina Armada en al menos dos maneras:
La primera es dejando en la congeladora una y otra vez, este marco legal. Obligando a soldados, marinos y policías federales a desplegarse por calles, callejones, veredas, en una zona de penumbra que lacera su prestigio y pone en riesgo el respaldo de la población a la que protegen y defienden. Varios mandos castrenses pidieron en diversos tonos, desde la demanda hasta la exigencia, que los legisladores les dieran la ley. Es una forma de saber todos a qué atenernos, de establecer protocolos, deslindar atribuciones y responsabilidades. La clase política le regateó ese derecho a las Fuerzas Armadas y es inadmisible.
La otra falla es, si se puede, peor: ni el gobierno federal ni mucho menos los gobiernos de los estados y los municipios, salvo alguna excepción que confirma la regla, han hecho esfuerzos serios, continuos, eficaces, para construir policías que puedan con el paquete de encarar al crimen organizado.
La tarea de contención se ha vuelto permanente por la sencilla razón de que los gobiernos no han hecho su trabajo. Ellos, con su desidia, impulsan la militarización, no los militares. No planean, no invierten, no trabajan en formar policías. Se conforman con lamentarse y lanzar pedidos de ayuda a los soldados para que saquen las castañas del fuego.
Se formó en estos años un círculo vicioso. Los estados, frágiles, pidieron ayuda porque el problema de seguridad los rebasó. Las Fuerzas Armadas acudieron, hicieron el trabajo que les competía a las entidades, se desgastaron, incurrieron en errores, no lo discuto, pero cumplieron con su deber y luego grupos políticos de diversos signos los acusan de todos los males habidos y por haber.
Y como cereza de un pastel tóxico aparece López Obrador y dice que en su sexenio el Ejército no se lanzará contra el pueblo y que él perdonará a todos los criminales y al diablo con las instituciones.


jasaicamacho@yahoo.com
@soycamachojuan

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