Sin válvulas de alivio

Rodolfo Torres

Con la lumbre a los aparejos

Después de la reforma política de 1977, que canalizó el descontento social hacia la senda de los procesos electorales, y de la reforma del 1996, que hizo factible que en el año 2000 cambiara de signo partidista la silla presidencial, pareció, por un momento, que podríamos encaminarnos hacia una ruta sostenida de fortalecimiento de los instrumentos institucionales para la transmisión pacífica del poder público. A poco más de 20 años de aquella segunda gran reforma, podemos asegurar que no sólo se ha debilitado la institucionalidad democrática, sino que, además, todo parece indicar, se ha obstruido toda válvula que pudiese aliviar la polarización política que avecinan las elecciones del 2018.

Las sociedades que se denominan democráticas han desarrollado, a lo largo de su historia, un conjunto de instrumentos para procesar pacíficamente el (en no pocas ocasiones, agudo) conflicto político. Entre otros: el sufragio efectivo (universal y libre), los procesos electorales equitativos, las instituciones electorales que garanticen el desarrollo igualitario de las contiendas y resuelvan con justicia las controversias, los parlamentos (en nuestro caso, cámaras de diputados y senadores) con genuina representatividad y que tengan al interés público como premisa, y los partidos políticos que favorezcan la participación ciudadana para la renovación del poder público. Por desgracia, la percepción de la población, aparentemente mayoritaria, es que todos esos instrumentos no cumplen a cabalidad con las expectativas señaladas.

La efectividad del sufragio se encuentra comprometida en sus fundamentos esenciales debido, principalmente, a la práctica -que en cada elección se refina y amplifica- de coacción del votante y compra del voto. Tal práctica se ha extendido al punto que constituye ya una variable considerada en la planeación presupuestal de precampañas y campañas, o incluso, de otros actos posteriores a éstas.

A esa práctica nociva hay que agregar la apabullante difusión de propaganda negativa que circula hoy día de modo casi endémico. A pesar de que la reforma electoral de 2007 tuvo, como uno de sus afanes, inhibir ese tipo de propaganda, lo cierto es que ahora se ha convertido en la vertiente predominante. Se privilegia la denostación, pues se bombardea al potencial elector con una avalancha de adjetivos para descalificar al contrincante, sin aportar argumentos a favor de la propia oferta político-electoral. Con ello se agudiza la polarización, se transmite información confusa e irrelevante, y se coloca al elector en una posición muy endeble frente a la difícil tarea de tomar decisiones de cara al tablero de la contienda electoral.

La credibilidad respecto al desarrollo equitativo de las contiendas descansa, en buena medida, en la confianza que la ciudadanía deposita en las autoridades electorales. Con base en un estudio elaborado por Consulta Mitofsky (CM) en septiembre de 2015, se puede observar que la credibilidad en las instituciones ha languidecido. El promedio de calificación de 17 instituciones decayó de 6.9 en 2008 a 6.2 en 2015. En particular, el INE (IFE) pasó, de 2004 a 2015, de una calificación de 7 a 6.1. Una encuesta más reciente, elaborada por el grupo Reforma en junio de 2017, detecta que “el 55 por ciento estima que el Instituto es poco independiente respecto al Gobierno”.

Un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), de noviembre de 2016, muestra que casi el 66 por ciento de los encuestados manifiesta que las instituciones persiguen sus propios intereses (en contraste, casi el 28 por ciento piensa que buscan cumplir con la sociedad). En cuanto al INE el 62.2 por ciento confía poco o nada (sólo el 36.9 confía mucho o algo).

A la luz de las encuestas de CM y GCE (y de otras con resultados similares) cabe esperar que, desde la percepción ciudadana, la actuación tanto de las Cámaras de Senadores y Diputados como de los partidos políticos no podría ser eficaz y determinante para desactivar un eventual conflicto político extremo. CM advierte que, de 2004 a 2015: los senadores han tenido 5.2 como su calificación más baja y 6.7 como la más alta; los diputados 5.1 y 6.2; y los partidos políticos 4.9 y 6.2, respectivamente. GCE, por su parte, revela que el 77.1 confía poco o nada en el Senado, el 79.3 poco o nada en la Cámara de Diputados, y 86.3 poco o nada en los partidos políticos.

Un elevado volumen de participación ciudadana podría atenuar el conflicto político y, como consecuencia, beneficiar la transmisión pacífica del poder público. Sin embargo, la distorsión de la voluntad del elector que provocan la coacción, la compra de voto, el predominio de la propaganda negativa, y la baja estima en las instituciones en general, en las electorales en particular y en la representación política, dislocan esa participación y sus posibilidades. Conviene observar las cifras oficiales de participación: en la elección presidencial de 1994, fue del 77.16 por ciento, en la elección de 2012, del 63.08.

Más allá de la oposición que diversos actores políticos han expresado, mediante recursos legales, respecto a diversas resoluciones de la autoridad electoral, pues se trata de un mecanismo saludable y consustancial a nuestro modelo electoral, llama la atención la existencia de una aparente mayoría de la población (reflejada en las encuestas) que no cree en la imparcialidad de la autoridad electoral. Es evidente pues que, de confirmarse esa tendencia, se inhabilitaría cualquier eventual actuación de esa autoridad respecto al alivio de la tensión política. La lumbre se encuentra en los aparejos; el riesgo es fehaciente.

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