Oligopolio social y nueva plebe

Francisco Báez Rodríguez

En el estruendo de las campañas electorales de 1988, empezó a sorprenderme la actitud de los partidos de oposición: todos realizaban cada vez más prácticas al estilo priista. Por un lado, escribiría que el corporativismo en México había creado una sociedad en la que “el individuo, protegido sólo por las leyes e instituciones, es prácticamente un hombre sin atributos”, y el ciudadano se ve obligado a corporativizarse (“El ciudadano sin atributos”, La Jornada, 27 de marzo de 1988). Subrayaba el hecho de que “nuestra vida cotidiana todavía está teñida por el gran autoritarismo que nos dice que todos los mexicanos son iguales ante la ley pero, orwellianamente, hay unos mexicanos más iguales que otros; habemos mexicanos más o menos protegidos y representados, y hay parias. La legalidad es hoy, más que nunca, el poder de los que no tienen poder; debería estar, por tanto, en el orden del día de todos los que se sienten de la parte del progreso y de la democracia”. Remataba diciendo que se trataba de un problema de moralidad pública.

Por el otro, una semana antes había hecho una reflexión similar (“Oligopolio social y nueva plebe”, La Jornada, 21 de marzo de 1988), más enfocada a la crítica del actuar de los partidos.

Este es el texto:

“Un viejo tema, nunca suficientemente desarrollado, ha vuelto a la palestra: en México hay una enorme fragmentación social, que se refleja en una lógica corporativizante, en la cual los distintos grupos sociales -más allá de las solidaridades- trabajan para sus propios e inmediatos intereses, presionando de manera aislada (a la burocracia estatal, sobre todo). Este tipo de política, se dice, impone su dinámica a los partidos, vaciándolos paulatinamente de contenido (veánse “Desigualdad y democracia”, de Soledad Loaeza, Nexos 123 y “El reino de los intereses particulares”, de José Woldenberg, La Jornada, 19 de marzo).

“Aquí hay mucho hilo para bordar y muchas aclaraciones qué hacer.

“1) Esta fragmentación social no es exclusiva de México: se trata de un fenómeno mundial, con ejemplos verificables en los cinco continentes. Tampoco parece ser un fenómeno ligado estrecha y únicamente al deterioro de las condiciones de vida de la población: existe y se desarrolla aun en aquellos países en donde ha habido un crecimiento económico notable y se han atemperado desigualdades en los niveles de ingreso. Es cierto, sin embargo, que esta especie de corporativismo tomó fuerza en una época de crisis mundial, los años setenta, y que los grupos sociales más poderosos empujaron, en la práctica, a la formación de intereses corporativos y a la creación de leyes, normas e instituciones que corresponden a esa fragmentación.

“2) Podemos hablar, entonces, de la creación, en muchos países, de oligopolios sociales (los grupos más o menos protegidos y representados) y un nuevo tipo de proletariado, que no estaría definido en el sentido marxista del término, sino en el romano antiguo: una masa de (aparentes) ciudadanos, no representada ni protegida, y por tanto incapaz de participar activamente en la vida política (pero no por ello incapaz de transmitir tensiones al tejido social). El tamaño de esta masa de desposeídos (de los sin participación) es muy grande en México, y debe contar para el cálculo político y social.

“3) Es legítima la preocupación por el movimentismo que sustituye a los partidos y los deforma. Pero hay que notar que movimiento y movimentismo no son la misma cosa. El movimentismo es el movimiento convocado y manipulado desde un partido, fracción o grupo político, que impide que el malestar del ciudadano se convierta en proyecto constructivo, en proyecto de país. Como lo demuestra, con creces, nuestra historia, el movimentismo (la negación del movimiento) se desarrolla mejor en un ambiente carente de oposición (en el que las autoridades son, de hecho, las únicas capaces de responder a las presiones-peticiones de los grupos de interés).

“4) Si los partidos se comportan de manera cada vez más similar entre ellos (piénsese, por ejemplo, en el clientelismo), si el espacio en ellos se reduce cada vez más a la vida de palacio (reyes, cortesanos, conspiradores), si no privilegian el programa y el diálogo vivo con la sociedad (si no hacen de la nación su punto decisivo de referencia), no pueden considerarse ajenos (y muchos menos, víctimas) en todo este proceso. Un partido político que, de cara a los problemas nacionales y afianzado en la legalidad, logre revertir estas prácticas (o cuando menos inicie su cambio) tendrá –a la corta o a la larga– todas las de ganar. Porque las sociedades crecen y –al contrario de lo que quisiera hacernos creer la derecha–, la democracia no tiende espontáneamente a la disgregación”.

A casi 30 años de distancia vale preguntarse si algo ha cambiado. Creo que los procesos que describo se han vuelto más evidentes. Que el oligopolio social se ha dividido en castas, con la clase política de todos los partidos hasta arriba. El movimentismo se convirtió en método de trabajo para todos los partidos –y estaba yo equivocado al suponer que se desarrollaba mejor en un ambiente sin oposición política–, y no surgió un partido que quisiera revertir esas prácticas.

Sigo, sin embargo, convencido de que la democracia no tiende espontáneamente a la disgregación: ese es un efecto generado desde el poder, con ayuda de los cambios estructurales en la economía mundial.

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