Tres aspirantes, una estrategia

Aurelio Ramos Méndez

Los más poderosos jefes de la delincuencia organizada, en especial los capos del narcotráfico, deben estar desternillándose de risa, seguros de que, quienquiera que gane la Presidencia, tendrán garantizados seis años más para acrecentar sus fabulosas fortunas, y, junto con el gobierno federal, proseguir la conversión del país en un inmenso cementerio.

La razón es simple. Del PAN y el PRI los mexicanos hemos conocido durante 18 años —sobre todo los últimos 12— la cruenta estrategia y la oferta de más de lo mismo que en materia de seguridad aplicarían José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Y del más aventajado precandidato este jueves nos percatamos de que, de alzarse con la victoria, llegaría sin estrategia ni equipo.

Peor aún, que con él la tan temida militarización del país sería ya franca, desembozada, no sólo para efectos de combate a la delincuencia organizada sino de la seguridad pública en general. ¿Cómo? Por medio de una Guardia Nacional que unificaría el Ejército, la Marina y la policía.

En medio de la mayor expectación Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de seguridad que fue parto de los montes. Idéntico a los de sus adversarios. El cual, en los hechos, por más que el tabasqueño lo niegue, significaría la continuidad de la inútil guerra contra las drogas.

Se necesita candor para creer que los más desalmados mafiosos serán intimidados hasta el punto de abandonar sus jugosísimos negocios, tan sólo porque El Peje —tal como también anunció— madrugará para reunirse todos los días, a las seis de la mañana, con su gabinete de seguridad.

Y que los traficantes de mariguana, cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas se quedarán paralizados de miedo sólo porque la guerra ya no sería librada por soldados, marinos y policías, cada quien por su lado, sino por todos estos agentes del Estado juntos, unidos como un solo hombre.

El plan anunciado por el tres veces postulante a la grande de seguro tiene a los líderes malandros jactándose de su irreductible poder, seguros de que nada hay de qué preocuparse.

Menos pueden perder el sosiego esos señores, si al frente de la Secretaría de Seguridad Pública —de inminente restitución— estará el ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox, Alfonso Durazo, cuya designación dibuja enormes signos de interrogación.

¿Obedece el nombramiento de Durazo una invocación para tratar de atraer al ya muy enclenque colosismo de base? ¿Busca capitalizar el desencantado foxismo? ¿Esconde algún mensaje sobre el magnicidio de 1994, cuando el narco fue línea de investigación olímpicamente soslayada?

¿Oculta esa designación un amago de develar intrigas de la casa presidencial en tiempos de Fox? ¿Tiene el también ex vocero presidencial información susceptible de quitarle el sueño a la mafia del poder?

Valen estos y otros muchos interrogantes porque entre las cartas de presentación del Durazo no hay ni una sola probatoria de experiencia en el campo de la seguridad. Y así las cosas, ¿cuál es la razón de su selección para el cargo?

No se necesita ser obcecado contradictor del tabasqueño, de esos que a la sola mención de su nombre echan espuma verde por la boca, para afirmar que la exposición de su proyecto y equipo para atender la inseguridad, el problema número uno del país, resultó decepcionante.

Frente a la incapacidad de sus adversarios para aportar opciones distintas de la sangrienta, ineficaz y contraproducente guerra al narco diseñada por el Pentágono, López Obrador ofrece… profundizar la vía bélica.

Eso, y no otra cosa, entrañaría el conformar una corporación con la totalidad de fuerzas armadas y de policía, cuyo mando único estaría peligrosamente en manos del gobernante, así sea con apego al mandato constitucional que le atribuye la condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

¿No sería eso descarada militarización y exactamente aplicación de lo mismo que inició Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha continuado con desastrosos resultados, al costo de un terrible baño de sangre?

Pueden el líder de Morena y los suyos alegar que, en su caso, el mando único estaría en manos de un demócrata, con pueblo atrás, respetuoso de los derechos humanos y constitutivamente inepto para reprimir al pueblo. Sonaría bien. Pero ese es discurso de toda satrapía.

Se vio venir el desencanto desde el martes, cuando el de Macuspana anticipó que en tres años acabaría con el problema del narco, sin explicar cómo obraría semejante milagro.

La verdad de las cosas es que el tráfico de drogas y su secuela de violencia persistirá —por más que suene a exasperante cantaleta— mientras no sea legalizada la producción, tráfico y consumo de drogas. Y esto es algo a lo cual El Peje, tal como han hecho los gobernantes del PAN y el PRI, le sacó la vuelta.

En los países donde se resiente con mayor crudeza el problema de las drogas, en un esquema de ilegalidad, se ha ensayado de todo, sin el menor éxito, por más que hay quienes se asombran con muy relativos logros en Colombia.

Se ha explorado en esas naciones desde la sustitución de cultivos y la guerra total, hasta la negociación con los capos —ya sea en lo oscurito o a la luz del día—; el descabezamiento de cárteles, el combate con apoyo gringo y el dizque debilitamiento de sus estructuras financieras. Todo en vano.

Cuando a Calderón se le ocurrió comprometer de lleno a las fuerzas armadas voceros oficiosos del régimen avalaron la medida. Dijeron que si los militares fallaban, entonces sí, no quedaría opción alguna.

Más de una década después el problema no sólo persiste, sino que se ha recrudecido, con un saldo escalofriante: cerca de 150 mil muertos, y contando.

Frente a este resultado estaba claro que cualquier propuesta del puntero electoral, por descabellada o desatinada que pareciera, tendría al menos el mérito del esfuerzo de innovación.

Por ello recogió simpatías el atinado revire consistente en que quienes critican al prospecto morenista son los mismos a quienes les debemos estar como estamos.

Ellos —llegó a decir, sobrado, El Peje— “llevan bastante tiempo y no han podido; pero yo no soy ni Calderón ni Peña. Fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México y demostré que se puede reducir la incidencia delictiva. Ya lo hice. Eso dijo. Y, ¡ni modo de tildarlo de mendaz o acallarlo con pruebas!

Terciaron otros muchos políticos logreros, que por besarle los pies a San Miguel le besaron la cabeza al diablo. Uno de ellos el inefable Javier Lozano Alarcón, quien buscó quedar bien con Meade y le asestó un golpazo a Peña Nieto.

“La calle es para el ciudadano y la cárcel para el delincuente”, retuiteó Lozano un mensaje de Meade, al que añadió: “en alusión a la estupidez de López Obrador. Muy bien”.

Olvidó el poblano que millares de presos han sido liberados –once mil tan sólo en la Ciudad de México, a decir de Miguel Mancera— por efecto del nuevo sistema de justicia penal entusiastamente promovido por el presente gobierno.

En esas andamos. En medio de una atroz violencia y sin esperanzas de cambio.

aureramos@cronica.com.mx

 

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