Violencia Política: ¿las elecciones como rehén?

Javier Santiago Castillo

La violencia como método sistemático para dirimir diferencias en la política desde hace siglos abandonó su papel. En las sociedades democráticas es una forma excepcional, que se presenta en situaciones excepcionales.

En nuestro país desde 2006 se ha exacerbado la violencia relacionada con la delincuencia organizada. La violencia política en su representación más extrema, el asesinato, ha hecho acto de presencia en el proceso electoral, pero no es un fenómeno novedoso.

Según un estudio de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) publicado en agosto de 2017, en 11 años han sido asesinados violentamente 100 alcaldes en funciones, electos y exalcaldes en lugares dominados por el crimen organizado.

2010 y 2014 fueron los más letales, en el primer caso, para alcaldes en funciones, y en el segundo para exalcaldes, en cada año se registraron 17 asesinatos.

Durante la presente administración el número de víctimas ha mostrado una tendencia al alza, pues de 2013 a la fecha han sido ultimados 51, mientras que en la administración del expresidente Felipe Calderón fueron asesinados 49.

Los estados con más riesgo para los alcaldes son: Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; siendo militantes del PRI los que mayor número han sido asesinados: 43 en total; seguido del PRD con 22; y el PAN con 15.

Hay que agregar los datos del último mes, 14 munícipes y regidores, en ejercicio o exfuncionarios municipales, así como aspirantes a un cargo de elección popular han perdido la vida por motivos aparentemente vinculados a su responsabilidad pública. Los casos se extienden a lo largo de la geografía nacional; de Hidalgo a Tabasco; de Chiapas a Nayarit, y de Jalisco a Guerrero. Parte de esta violencia son los asesinatos de más de ochenta periodistas ultimados en los últimos once años.

Pareciera que el ejercicio de cargos municipales se ha convertido en actividad de alto riesgo. Recordemos el caso de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, asesinada al día siguiente de su toma de posesión. Ahora, sin embargo, destaca la concentración de la violencia política homicida y su dispersión geográfica.

En el medio político se habla de algunas de las prácticas habituales de la delincuencia organizada para la obtención de protección y beneficios económicos. Contrariamente a lo que afirman “opinólogos” ansiosos de notoriedad, no hay evidencia de financiamientos de la delincuencia organizada a las campañas políticas. Aunque pudiera darse.

Pareciera que su método es más expedito: exigen a los munícipes electos, de cualquier partido, puestos en la administración, generalmente relacionados con seguridad pública, información sensible o aportaciones en efectivo. En otros casos, se han lanzado amenazas para que personajes con posibilidades de triunfo declinen en su aspiración, para dar paso libre a quienes aparentemente han pactado con ellos. Así parece haber ocurrido en amplias zonas de Tamaulipas y la región serrana de Durango, Chihuahua y Guerrero, en los comicios locales más recientes.

Enseñoreados de diversos territorios, los grupos delincuenciales parecieran resueltos a controlar, también, la representación política local. Llama la atención, sin embargo, que los asesinatos ocurran de manera casi simultánea en puntos geográficos diversos.

La “guerra contra el narcotráfico” ha disminuido a los grandes cárteles, propiciando su lucha intestina por el control de las organizaciones, ha propiciado su pulverización en una heterogénea pléyade de grupos locales pequeños, pero que exhiben un elevado nivel de violencia. Será acaso que los grandes cárteles conservan una articulación y coordinación interna superior a la que reconocen las instancias de seguridad pública, o bien es posible que el “efecto imitación” se haya difundido con velocidad entre pandillas que han quedado constreñidas a territorios más reducidos y pelean por ellos por el único medio que conocen: el asesinato.

Se requiere una respuesta eficaz a lo que, sin exageración, se nos presenta como una seria amenaza para el sistema de representación política. Es casi una leyenda urbana que, en el pasado, se pactaba con los principales grupos del crimen organizado para mantener la delincuencia en niveles “aceptables”.

Hoy, no podemos olvidar que la aparente dispersión de los grandes cárteles y su lucha interna ha modificado su línea principal de actividades, que para muchos pasó del trasiego de droga a Estados Unidos al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y otros delitos que extraen beneficios económicos directamente del territorio en que se asientan.

De manera que las pretensiones de “pactos con la delincuencia” se tornan aún más inmorales e ineficaces. No sabemos cuál es el conjunto de medidas que debemos tomar ante un fenómeno multifactorial, complejo, pero sí estamos conscientes que la vuelta a un pasado mítico no es solución alguna y sólo representaría la capitulación de las instituciones, al exhibir incapacidad para brindar seguridad a las personas y sus bienes.

Los grupos delincuenciales parecieran estar enviando un mensaje, tomando como rehén a la representación política. Pagar el rescate es una opción ruinosa.

Entretanto, los partidos políticos desarrollan sus procesos de selección interna de candidatos en contextos política y socialmente hostiles, que ahora se ven ensombrecidos por la amenaza delincuencial. No estoy exagerando. Ya ocurrió. En 2015 y 2016 hubo momentos en que los partidos no lograban contar con aspirantes a las candidaturas en zonas bajo control de la delincuencia organizada.

En un caso claramente distinto, el encono, los viejos agravios mutuos, hicieron acto de presencia en la Ciudad de México. La agresión a un mitin de Morena por supuestos perredistas dejó como saldo una persona fallecida. Agresión dicen unos; montaje, replican los otros. El hecho indubitable es que no debe permitirse que a la violencia delincuencial se sumen prácticas gangsteriles de cualquiera de los partidos políticos. No sólo se pervierte la contienda política; el caso podría tener otras implicaciones. Es imperativo esclarecer si en estos hechos, de uno u otro lado, no participaron pandillas locales, ahora convertidas en golpeadoras políticas para después erigirse en “dueñas de un territorio”.

Precisamente porque parece no tener mucho de casual la coincidencia de asesinatos por motivos políticos del último mes, a los que habría que sumar los que aquí y allá se han suscitado en los últimos años, se requiere dar paso a la política, protegerla y proyectarla como el espacio de contienda civilizada que es y debe seguir siendo. Para dar paso a la política es indispensable alejarla de la complicidad con la delincuencia, como ya algunas investigaciones en curso va sacando a flote. La delincuencia organizada ya es un factor que contribuye a la inestabilidad política. Hay que detenerla.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

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