Ley Orgánica del Poder Judicial

Israel Betanzos

En la definición del nuevo andamiaje jurídico de la Ciudad de México, los diputados de esta última Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobamos con 62 votos a favor la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los trabajos para la definición de esta ley iniciaron el 31 de enero, cuando la Carta Magna de nuestra capital fue aprobada por los diputados de la Asamblea Constituyente.

El reto no fue menor, pues no se trató sólo de una actualización de nombre sino de dar certeza jurídica a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia a través de 411 artículos y 16 transitorios que integran la ley.

En un ejercicio plural, democrático y de respeto a todas las expresiones, los diputados integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que presido en la ALDF, analizamos las diversas iniciativas presentadas por las fuerzas parlamentarias con el fin de dar forma a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, integrada por las leyes del Tribunal Superior de Justicia y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en acatamiento al Artículo Transitorio Décimo Primero de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Luego de un escrupuloso trabajo, garantizamos que el Tribunal Superior de Justicia sea la máxima autoridad en materia judicial de la ciudad por conducto de la Sala Constitucional, el Consejo de la Judicatura y los juzgados.

A partir del primero de junio de 2019, fecha en que entrará en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado presidente no podrá optar por la reelección del cargo, como había sucedido hasta ahora, y ejercerá sus funciones sólo por un año; en tanto que los siete miembros del Consejo de la Judicatura no podrán optar por la reelección al cumplir los seis años en el cumplimiento de sus obligaciones.

Los siete magistrados de la Sala Constitucional ejercerán el cargo por un lapso de ocho años, mientras que los once miembros del Consejo Judicial Ciudadano también deberán abandonar esa responsabilidad al concluir los periodos determinados.

La Sala Constitucional observará que las reformas que se analicen en el Congreso de la Ciudad estén apegadas a los 71 Artículos de la Carta Magna al igual que las decisiones de los impartidores de justicia al dictar sentencias.

En ese sentido, se debe reconocer la creación de la Visitaduría Judicial, órgano interno de control que estará a cargo de supervisar el funcionamiento de las salas y juzgados, en lo que será un auténtico observatorio de las labores de impartición de justicia.

Los diputados integrantes de esta séptima legislatura aprobamos las leyes secundarias que proveerán a la ciudad y a sus instituciones de las herramientas necesarias para transitar con éxito las grandes transformaciones por venir.

* Coordinador del PRI en la ALDF

@IBetanzosMTDF

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