Violencia extendida y proceso electoral

Wilfrido Perea Curiel

Si bien en 2018 habrán elecciones para presidente de la República y se renovará el Congreso de la Unión; también se verificarán comicios para gobernador en nueve entidades. Es decir, todo el país se verá trastocado por el frenesí electoral. En un reciente reporte del INE y la Fepade, se detectan como estados en foco amarillo, debido a los índices de violencia que reportan: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Como elemento adicional, cabe señalar que la violencia ha repuntado en semanas recientes en Guanajuato, Jalisco, CDMX, Morelos y Puebla.

Este año, que recién comienza, trae ya el fatídico sello de la violencia. Tal vez como producto de una inercia que ubica al 2017 como el año más violento en lo que va de la presente administración y, como el segundo más crudo, desde hace 8 años. Según el recuento mensual realizado por el diario Milenio, en 2017 ocurrieron 12 mil 532 asesinatos, apenas por debajo de los 12 mil 658 reportados en 2010. 

El promedio de homicidios diarios por disputa de territorios y ajuste de cuentas durante el 2017 fue de 34.3, un incremento del 14.3 por ciento con respecto a 2016. La concentración de estos delitos se dio en Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Estado de México.

En los ocho días que van del 2018, una serie de asesinatos suman la macabra cifra de 80 muertos en hechos violentos, distribuidos en nueve estados. En Chihuahua 27 personas fueron asesinadas. En Baja California, se ejecutaron a otras siete. En Nayarit, el pasado 2 de enero se registró el asesinato del director de Protección Civil de Santiago Ixcuintla, Sabino Mejía Rodríguez. El 3 de enero, en Hidalgo, fue ultimado el expresidente de Mixquiahuala, Miguel Ángel Licona Islas, junto con su hijo Miguel Ángel Licona Pérez. El 4 de enero, el excandidato del PRI a la alcaldía del municipio de Tenampa, Veracruz, César Antonio García Cosquilla, fue acribillado. En Oaxaca, Daniel Cruz Robledo, hijo de un fiscal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca del estado, fue liquidado en Huajuapan de León. En Zacatecas, se registraron dos agresiones armadas en los municipios de Guadalupe y Fresnillo en los que murieron un comandante de la policía estatal y tres personas más. En Guerrero, en dos enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, en Acapulco, fallecieron 11 personas. En Colima, un comando armado que irrumpió en el fraccionamiento San Ignacio de Tecomán, asesinó a seis personas y dejó heridas a un par más.

El proceso electoral del 2018 se avizora como el más grande y competido en la historia reciente del país, pero también puede ser distorsionado por el entorno de violencia que se extiende por el territorio nacional. La violencia acompañará a la justa electoral, solamente está por determinarse el grado de impacto que tendrá sobre los comicios. La nota roja disputará primeras planas al derrotero de las campañas. Recurrencia de hechos violentos, combinados con excesos e irregularidades en el proceso electoral, conforman un cocktail preocupante. Nadie desea que todo lo anterior devenga en violencia política, sin embargo, el huevo de la serpiente se está incubando.

A un mes escaso de haber iniciado las llamadas precampañas, el recuento de políticos asesinados es de once, de los cuales, cinco pretendían contender por un cargo en estas elecciones.

Hace apenas unos lustros, los asesinatos políticos eran una verdadera excepción, ahora parece que son más comunes de lo que pudiera pensarse. La violencia parece haber llegado para quedarse, no se ve manera como pueda contenerse a este flagelo que lacera sobremanera a la sociedad mexicana.

Las autoridades electorales no han fijado una postura clara ante los hechos de violencia, quizá para no desatar una ola de paranoia. No obstante, el INE debería estar atento al comportamiento de este fenómeno y pronunciarse enérgicamente. De lo contrario, se da la pauta para que los comicios de 2018 se vean severamente amenazados.

pereawilfrido@me.com

 

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