Desarrollo Urbano y Seguridad, retos del GPPAN 2018

Jorge Romero Herrera

Al iniciar el año; que es también el último de esta VII Legislatura; se cierra un capítulo en la historia legislativa de la Ciudad de México pues la próxima legislatura corresponderá ya un Congreso. Resulta por ello oportuno identificar los retos que enfrentaremos en este último periodo, los Diputados de Acción Nacional, en materia de trabajo legislativo; así como los temas que habremos de impulsar en favor de los habitantes de la Ciudad de México, en el marco, además, de un proceso electoral complejo.

Ante el agudizamiento de la inseguridad y con el convencimiento de que su combate es multifactorial, el grupo parlamentario del PAN contempla una agenda legislativa clara en materia de seguridad pública, en la que se promueva de manera firme la dignificación policial. Desde la Comisión de Seguridad Pública en la ALDF, que preside el diputado Gonzalo Espina, se impulsará el dictamen de la Ley de Dignificación Policial, con la intención de brindar mayores estímulos y capacitación, una universidad, un hospital y la homologación salarial para los policías capitalinos.

La dignificación del policía, comienza por dotarlos de mayores derechos sin vulnerar sus funciones, con el fin de alcanzar una mayor cultura de respeto hacia ellos, puesto que también son seres humanos que tienen familia, amigos y proyectos de vida, que en ocasiones le son arrebatados por delincuentes, al accionar sus armas, acelerar sus vehículos y demás actos que acaban con la vida del policía en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, los sismos del pasado 19 de septiembre pusieron al descubierto la enorme necesidad de acciones en materia de desarrollo urbano. Por ello, nuestra agenda es robusta en el tema y busca revertir los años de políticas públicas ineficientes en esta materia; los trabajos los encabeza la diputada Margarita Martínez Fisher, quien preside la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Ella se ha dado a la tarea de convocar a vecinos organizados y comités ciudadanos, a participar activamente en la elaboración y discusión del dictamen del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (PGDUCDMX), con el propósito de escuchar todas las voces de la sociedad —en especial la de los pueblos originarios y los barrios— para contar con una nuevo marco jurídico-legal consensuado, que ofrezca certeza, transparencia y un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos el desarrollo de vivienda y las autoridades.

Con las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa, impulsadas por el GPPAN, ahora cualquier persona que tenga derecho e interés jurídico puede fundar y motivar su inconformidad ante las autoridades competentes, cuando una obra no cumpla con la normatividad vigente o puede interponer un juicio de acción pública para garantizar que las construcciones se apeguen a la ley.

El nuevo marco jurídico busca contar con un mayor equilibrio, ya que por un lado se busca la participación ciudadana a través de información y, por otro lado, contar con una autoridad que transparente sus determinaciones.

El terremoto del pasado 19 de septiembre marcó un parte aguas que nos debe obligar a atender y apoyar a quienes sufrieron pérdidas y a quienes aún viven bajo los riesgos que dejaron los sismos; aquellos que a primera vista quizá no se perciben, pero que son fundamentales para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la CDMX, dentro del que será un largo proceso de reconstrucción.

Los diputados del PAN, de manera seria y responsable, propusimos con fundamentos, una serie de acciones para atender a los damnificados de los sismos del 19 S; entre las que destaco las siguientes:

• Crear una plataforma digital de acceso público que concentre la información de censos, estudios, cifras de daños y damnificados.

• Verificar las instalaciones del Archivo General de Notarias para garantizar certeza jurídica patrimonial.

• Dar certeza del estado que guardan los inmuebles dañados y su posible riesgo para la vida de las personas que los habitan o visitan.

• Destinar el monto del impuesto predial para apoyar a damnificados.

• Garantizar que los inmuebles de educación básica y media garanticen la seguridad de los usuarios.

• Auditar a las delegaciones en materia de obras y desarrollo urbano para deslindar responsabilidades.

Estas y otras propuesta más están encaminadas a dar seguridad jurídica y económica a los ciudadanos que perdieron su patrimonio, para lo cual es indispensable —más que realizar críticas a lo que se hizo o dejó de hacer en el pasado— mirar el presente y buscar soluciones; sin protagonismos ni menoscabo a la labor de otros, pero con transparencia, solidaridad y ánimo de unidad.

 

* Coordinador del GPPAN en la ALDF

* Secretario de la Comisión de Gobierno

@JorgeRoHe

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