Las víctimas sin resarcimiento

Rafael Cardona

Hace muchos años, cuando la edición vespertina del diario alguna vez taurino, Ovaciones, era el medio impreso de mayor circulación en la Ciudad de México, el editor López Antúnez, si no me falla la memoria, puso una cabeza genial para definir una de las incontables pifias de la procuración de justicia:

“LA PROCU, EN RIDI”.

Hoy se podría instalar de nuevo ese encabezado.

Culpar por un asesinato a una persona ausente del país el día en que fue cometido el crimen, no es sino un ridículo más. Tanto como para obligar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (alguna vez procurador, como dicen los franceses, “par lui méme”). Me refiero, obviamente al asesinato de la servidora sexual (en otro tiempo se les llamaba con el nombre profesional más antiguo del mundo), muerta en el hotel Pasadena.

“El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, fue claro: “Si se le tiene que ofrecer una disculpa a Axel Arenas, que se la ofrezcan.

“Lo anterior, luego de que el actor, exonerado del feminicidio de Karen, y sus familiares exigieron a las autoridades una disculpa pública por las fallas en sus investigaciones.

“Mancera reiteró que la detención del actor se hizo apegada a los protocolos de actuación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

“Asimismo, el mandatario dijo desconocer el tema que se trató en la reunión que sostuvieron Axel Arenas y el procurador “Edmundo Garrido el martes por la noche.

“El procedimiento que se ha seguido ahí de la información que tengo yo es una doble imputación de testigos directa y un señalamiento con otro testigo más de un número de placas, unas imágenes, etcétera”, explicó Mancera.

“Quien además dijo que fue el Juez de Control quien consideró que había pruebas suficientes para determinar que Arenas debía ser detenido por elementos de la policía de investigación, aunque después dijo que los alegatos presentados por la defensa eran contundentes para culminar con la investigación en contra del actor.

“Eso lo consideró el juez suficiente para una orden de captura, los testigos sostenidos en su dicho, pero sin embargo ante una prueba que tiene un peso relevante que es el que se acredita que está fuera del país, pues me parece que se termina la investigación”.

Así pues no sólo queda en ridículo la “Procu”, también el juez de control y en el fondo, todo este sistema acusatorio cuya novedad nos fue ofrecida a los ciudadanos como una garantía salvífica en el mundo pantanoso de la injusticia. El dichoso sistema sólo ha acarreado la liberación de presos, la “despresurización” de las cárceles y la proliferación del delito. Y eso no es invención de esta columna, es una declaración reiterada del Jefe de Gobierno, quien además de todo es doctor en derecho.

Pero este caso nos recuerda una enorme laguna en el sistema de justicia: una disculpa es —en el mejor de los casos— una muestra de buena educación, pero no un acto resarcitorio, ni mucho menos compensatorio.

En el catálogo de los Derechos Humanos esta figura de la disculpa jamás logra el nivel reparador del daño. Se ha llegado al extremo —entre lo grotesco y lo ridículo— cuando, no por errores de investigación o injustos encarcelamientos, sino por ejecuciones extrajudiciales, como se le llamaba antes, de ofrecerles disculpas a los muertos, con el argumento de reparar el sufrimiento de sus deudos. No se repara nada.

Si el Estado, encarnado por una autoridad judicial o policiaca, maltrata a un detenido, de inmediato se alza la ola de protestas. Pero cuando tras un periodo cualquiera se prueba la inocencia de un encarcelado, no les queda más remedio a quienes esa pena sufrieron, sino alzar los hombros mientras escuchan la cantinela de siempre: usted perdone. Disculpe usted.

En el país de las demandas, Estados Unidos, una pifia de este tamaño, tiene repercusiones financieras graves. Un buen grupo de abogados puede meter una demanda feroz contra quien ha sido ultrajado y privado de la libertad por una investigación mal encaminada y una pena peor aplicada. En México no pasa nada.

Y sobre eso también se debería legislar. La tan socorrida invocación a un proceso debido, puede poner en la cárcel a un culpable (el caso Cassez lo prueba); la acusación y puesta disposición del juez —confundido por los elementos de una mala investigación— de un inocente, deja impune al Estado incompetente.

LOZANO

En el mes de diciembre, a principios, Javier Lozano caminaba tranquilo por los pasillos superiores del conjunto Reforma 222. Estaba afuera de un banco.

—¿Cómo ves a Meade?, me preguntó. Le contesté con vaguedades.

—A mí me cae a toda madre. Es un tipazo, es… y soltó una larga cadena de elogios.

Y lo mejor, no es priista, me dijo.

—¿Cómo tú?

—Abrió la sonrisa y me dijo, como yo, como yo…

Apenas ayer comprendí ese diálogo.

 

 


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