Año de inflexión

Conacyt -

Víctor Alejandro Espinoza*

El proceso electoral que arrancó formalmente el 8 de septiembre del año pasado tendrá su corolario el 1 de julio próximo. En un sistema presidencial como el nuestro, los comicios para elegir al sucesor de Los Pinos concitan todas las miradas nacionales y externas. Lo interesante es que esto ha sido así desde principios de los años treinta hasta 1988, un año después de la fundación del Partido Nacional Revolucionario —antecedente del PRI—, cuando el “destapado” por el presidente en turno era el seguro sucesor, aún sin haberse celebrado las elecciones.

Uno de los principales cambios en materia electoral tuvo lugar a partir de la controvertida sucesión presidencial de 1988. No me refiero a las leyes electorales, sino a las prácticas y a la incertidumbre de los resultados como elemento central de la democracia política. La competencia electoral se instaló como referente imprescindible de los comicios. Surgieron nuevos instrumentos en el panorama nacional: uno de ellos fueron las encuestas. Mismas que durante su primer periodo cumplieron su cometido en términos de mostrar los niveles de competencia, pero que luego se pervirtieron al utilizarse como medios de promoción política, sobre todo por la alteración de los resultados o por el sesgo en su interpretación.

La presente elección no tiene precedentes. Parecería un lugar común al que nos referimos cada tres o seis años. Sin embargo, considero que la distingue el mayor nivel de incertidumbre sobre los resultados en la disputa presidencial. Ni siquiera en 2006 se percibía ese malestar ciudadano que demanda un cambio; pero no sólo respecto al partido que gobierna, sino que vaya más allá de los resultados estrictos, es decir, que permita la transformación del régimen político. Es difícil que los ciudadanos logren trascender el discurso de indignación y formalizar este tipo de propuestas, pero los actores políticos deberían ser verdaderas correas de transmisión. Tampoco la mayoría lo tiene claro, y quien lo llega a manifestar es más bien a nivel declarativo.

La transformación del régimen parece ser una salida indispensable ante la crisis institucional que padecemos. Los gobiernos del PRI y del PAN han compartido el diagnóstico acerca de que los problemas que hemos padecido en las últimas décadas se deben a las personas que han ocupado los cargos, nunca debido al tipo de régimen político o modelo económico. Con gobiernos honestos saldríamos del atolladero. Pero esa visión ha mostrado su fracaso. Hoy estamos ante la necesidad de cambios estructurales y que requieren de un gran pacto entre todos los actores para llevarlos a cabo. La segunda transición a la democracia es la vía para empezar a atacar los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que ya son inaplazables, a riesgo de una confrontación social de efectos impredecibles.

Veremos qué programas abanderan los candidatos. Se presentan tres alianzas y al menos dos candidatos independientes (en este último caso se trata de un fenómeno inédito en México). De tal manera que todo indica que aparecerán en las boletas cinco candidatos presidenciales. Lo importante será conocer a fondo sus propuestas. Hasta el momento, tanto el precandidato del frente conformado por el PAN/PRD y MC, Ricardo Anaya, como el de la alianza entre MORENA/PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, han referido que su objetivo es la transformación del régimen político, pero no lo hemos visto sistematizado en sus propuestas ni conocemos cuáles son las vías para lograrlo. Es muy probable que no los conozcamos y con ello se habrá perdido una gran oportunidad para llevar a cabo el cambio que requerimos. Un presidente de la transición debería surgir del actual proceso electoral. ¿Lo habrá?

Como sabemos, actualmente nos encontramos en la llamada etapa de precampañas, misma que inició el 14 de diciembre y que habrá de concluir el próximo 11 de febrero. Y donde aparentemente los precandidatos buscan el voto de la militancia de sus partidos para convertirse en candidatos. Me parece que ya debemos transitar a un modelo de elecciones primarias, porque las precandidaturas únicas sólo son candidaturas anticipadas, debido a la absurda decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de permitirlo. Entre el 15 de enero y el 15 de febrero, partidos políticos y coaliciones deberán registrar sus plataformas electorales, mediante las cuales podremos acercarnos a lo que nos proponen.

Formalmente las campañas arrancan el 30 de marzo y concluirán el 27 de junio. Serán tres meses intensos en los que seremos bombardeados por millones de spots en radio y televisión (26 millones, 879 mil 040 solo en los 90 días), periodo en el que jugarán un papel de primer orden las redes sociales. Si ya en 2012 los mensajes y la comunicación horizontal ciudadana jugaron un papel fundamental, en esta ocasión el número de usuarios ha crecido exponencialmente. Seremos testigos de una y mil historias (verdaderas y falsas) que incidirán directamente en el ánimo colectivo.

Al corte del 15 de diciembre, la Lista Nominal de potenciales electores sumaba ya 87 millones 879 mil 838. De ellos, el 51.86 por ciento son mujeres (45 millones, 573 mil 260) y el 48.14 por ciento hombres (42 millones 306 mil 578). Es decir, las mujeres superan en casi 3 millones a los hombres. El grupo de edad mayoritario es el que se sitúa entre los 18 y los 29 años de edad, sumando un 29.25 por ciento, es decir, la tercera parte de la lista nominal lo componen los jóvenes. Pero el grupo se incrementa en 10.9 por ciento si agregamos al resto de los llamados millennials (hasta los 34 años), alcanzando casi el 40 por ciento de votantes potenciales a los que sin duda los candidatos habrán de recurrir para alcanzar la victoria.

Por cierto, en esta elección se encuentran en juego 3 mil 447 cargos públicos, incluyendo alcaldías gobernadas por usos y costumbres y diputados y senadores de representación proporcional. Los cargos federales son, además del de presidente de la República, 300 diputados de mayoría relativa (MR), 200 de representación proporcional (RP), 64 senadores de MR, 32 de RP y 32 de primera minoría. Sumando en total 629 puestos federales. El resto, 2818 son cargos estatales y municipales.

Se trata de la mayor elección concurrente de la historia: salvo Baja California y Nayarit, en las 30 entidades restantes coinciden elecciones locales y federales. Por si fuera poco, habrá también siete elecciones para gobernador desde el exterior, el mayor número de elecciones coincidentes en las que participarán los mexicanos de fuera.

Los retos del proceso electoral son enormes para los órganos electorales federales y locales. Pero la responsabilidad mayor creo que es de los partidos políticos y de los ciudadanos. Deberemos exigirles a los candidatos que cumplan lo que nos prometieron en campaña. Y esperemos que incluyan la transición a un nuevo régimen político. ¿Se comprometerán?

* Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte

victorae@colef.mx

Twitter: @victorespinoza_

www.victoralejandroespinoza.com

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