Chihuahua, otro frente

Aurelio Ramos Méndez

¿Cuál será el proyecto electoral oculto en el encontronazo entre Javier Corral y el gobierno federal y el PRI, en el que están montados reconocidos grillos, maromeros y logreros de toda laya? Es un enigma.

Lo cierto es que, tal como han dicho políticos y funcionarios, con independencia de cuál es la realidad en cuanto a la retención de recursos federales al gobierno de Chihuahua, este asunto ha adquirido penetrante olor electorero.

Para percatarse de las seguras aunque por ahora indescifrables segundas intenciones escondidas en el caso, basta revisar la lista de personajes que acuerparon a Corral en la presentación de su denuncia.

En el combo destacaban Jorge Castañeda, con camiseta de integrante de la junta de gobierno de Human Rights Watch; Santiago Nieto, en condición de desempleado; Jacqueline Peschard, en calidad aún de presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Y estaban, asimismo, Santiago Creel, Ernesto Ruffo, Agustín Basave y Guadalupe Acosta Naranjo, además de otros activistas —genuinos o farsantes— de toda suerte de causas antisistema, académicos e intelectuales.

¿Quién es el arrequín y hacia dónde guía a este grupo de tan conspicuos políticos, la mayoría de ellos parapetados en el burladero de los “independientes”, el servicio público “ciudadanizado” y el perfil dizque diferente de los políticos tradicionales? Misterio.

Ríos de tinta y horas de radio y televisión han absorbido las versiones de que detrás de esta jugada se hallan Ricardo Anaya y su equipo de estrategas. No hay tal.

El Joven Maravilla del panismo ha dado pruebas de arrojo y talento político, hasta el punto de haber chamaqueado y desplazado a veteranos correligionarios suyos, incluidos Felipe Calderón, Margarita Zavala y Gustavo Madero, entre muchos. Pero el esquema que se perfila en el caso Chihuahua excede su fortaleza, alcance y liderazgo.

El episodio, en todo caso, promete ponerse como para apartar butaca de primera fila. Porque, al parecer, existen razones que justifican la protesta del chihuahuense.

Así lo dijo a Crónica la presidenta del comité ciudadano anticorrupción, quien, sin embargo, percatada de la dimensión electoral del asunto, anunció —a toro pasado— el retiro del grupo que preside de esta disputa.

“Lo que sí puedo decir es que nosotros apoyamos ese evento en el que el gobernador Corral salió a reclamar que no le hubieran dado los recursos que ya se habían acordado con Hacienda porque él estaba haciendo o había empujado todo el asunto en contra de César Duarte”, dijo Peschard.

Más aun, añadió, la queja del gobernador estaba plenamente justificada, pues “su reclamo iba en el sentido de que había muchas acusaciones penales en contra de Duarte y que no había prosperado la extradición”, y “a nosotros como comité de participación ciudadana lo que nos toca es apoyar esas acciones que van encaminadas al combate a la corrupción”.

Menos inocentes, más sagaces o sabedores del alcance de la acusación, el Presidente Enrique Peña Nieto, varios de sus colaboradores, así como dirigentes y exdirigentes del PRI descubrieron, desde el primer momento, las intenciones electorales de Corral y quienes lo cobijaron y respaldaron.

El propio inquilino de Los Pinos dijo que la conferencia de Corral “pareció más un acto político, cargado de signo partidario”; Manlio Fabio Beltrones corrió a tramitar amparo, y Enrique Ochoa dijo que el chihuahuense miente “para levantar la campaña de Anaya”.

En medio de semejante bulla José Antonio González reconoció que dos de cuatro convenios extraordinarios suscritos con el gobierno de Chihuahua no han sido cubiertos. Uno, porque el gobierno estatal le dio un número de cuenta equivocado.

El segundo convenio se halla impago por insuficiencia presupuestaria. Insuficiencia que —dijo asimismo el titular de Hacienda— también afectó a otros estados, aunque sigue siendo un acertijo el determinar de cuáles se trata.

González Anaya rechazó que hubiera pedido suspender investigaciones de corrupción. Admitió, no obstante, que hizo notar a Corral que acciones suyas cuestionan el convenio en virtud del cual se transfiere a los estados recursos extraordinarios.

La observación deslizada por el titular de Hacienda equivalió a decir: “Si no te gusta recibir dinero por este convenio, pues no voy a incomodar dándote dinero; se suspende la ministración y sanseacabó”. Con el pequeño detalle de que el convenio correspondiente ya estaba vigente, pues había sido firmado el 14 de diciembre.

En los forcejeos entre las partes en conflicto salió a relucir todo un catálogo de cuestionamientos al gobierno chihuahuense.

Ochoa Reza y Aurelio Nuño le atribuyeron la comisión de condenables, inadmisibles prácticas penitenciarias, entre éstas la supuesta tortura en contra de Alejandro Gutiérrez —uno de los principales operadores de Beltrones—; Meade señaló la incompetencia para solucionar el problema de la violencia; y González Anaya le pidió aclarar el destino de 4 mil millones de pesos.

En este punto aparecieron unos 400 empresarios que le dijeron a Corral “¡no está sólo!” y medio millar de integrantes de la Asociación Nacional de Alcaldes —una de varias agrupaciones de munícipes—, quienes virtualmente lo declararon mártir del federalismo.

En esas vamos. Entre fundadas acusaciones de desviación de recursos públicos y represalias federales a la oposición y afanes de tripular y capitalizar electoralmente esas prácticas indebidas.

Hasta este punto, está claro que el trabuco formado por Corral pretende menos ayudar a Anaya que tener una participación mayor y directa en la disputa por la presidencia. No en 2024, como algunos suponen, sino el 1 de julio próximo.

En modo alguno es descabellado suponer que este otro frente de facto intenta montar a uno de los suyos en una candidatura, así sea bajando del cuaco al abanderado de bloque Por México al Frente. Lo que aún se halla en la más absoluta oscuridad es cómo, mediante cuales artes podría consumar esta jugada. Veremos.

aureramos@cronica.com.mx

 

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