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Señor director:

Seguimos con el tema de las declaraciones de Jacqueline Peschard a Crónica y todo lo que se desató después en la disputa entre el Gobierno del estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En Facebook, Mario A. Gómez Maldonado nos deja el siguiente comentario:

La salida del CPC del SNA del caso Chihuahua debiera constituir una enseñanza para sus integrantes. Con tan sólo analizar la denuncia del gobernador Corral le entraron a participar. Sin contar con la posición de la otra parte, de llevar a cabo una investigación rigurosa, y sobre todo, imparcial. Pero no es el primer tropiezo que han enfrentado. El pasado 2 de diciembre, cuatro de los cinco comisionados del referido Comité hablaron para el New York Times, y lamentaron que cuando han querido obtener información sobre los casos de Pegasus, Odebrecht, y otros, han tenido una respuesta negativa. Y no podía de ser de otra manera, la Ley del SNA no establece que investigarán en lo concreto y particular cada uno de los hechos de corrupción, pasados y presentes. Pero además, en el caso de Chihuahua ¿Quién ha determinado que dejó de ser una presunción y constituye un hecho de corrupción?

Sí la Ley del SNA hubiera considerado que el CPC debería investigar cada uno de los casos que se denunciaran, se les hubiera dotado de los recursos y estructura operativa para llevar tal hipótetica función, en mayor o menor medida que los otorgados a la ASF o SFP. Y además el objetivo del SNA es prevenir e investigar los hechos de corrupción. Y resulta que antes de prevenir, ya están investigando, ¿no debería ser al revés?

Dado que no se ha informado a la ciudadanía cuál ha sido su avance en la elaboración de propuestas de Políticas Públicas en materia de control de recursos públicos, fiscalización y combate a la corrupción. Pero además han presentado dos amparos, el día 7 de agosto de 2017 ante juzgados de distrito de la CDMX, y en uno de ellos se dice “La finalidad que se persigue es un juez federal ordene a los estados que corresponda a eliminar las irregularidades existentes tales como (...) 3) que se establezca cómo se entrelazarán los Sistemas Locales de Fiscalización con los Sistemas Locales Anticorrupción”. (nota. se apunta sólo el punto a analizar).

Que un juez determine tal entrelazamiento, es un absurdo. Ningún juez podrá llevar a cabo tal solicitud, esto les correspondería a los auditores o fiscalizadores. ¿O también llevarán a los jueces que determinen cómo se investigan y prueban los hechos de corrupción?

Los errores del diseño en el Sistema Nacional Anticorrupción están siendo visibles, pero más la incapacidad de un actuario, un abogado, dos sociólogos y una doctora en ciencia política que se han creído y la sociedad, que son “especialistas en corrupción”. Y es que el diseño del SNA y la integración de su CPC sólo han demostrado el demérito o descrédito que tiene la auditoría y fiscalización. Sin embargo, todo esto ha representado una salida falsa, y parece que tendremos que transitar por el fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción para construir otros caminos no de luchas quijotescas sino garantizar que simplemente las Instituciones funcionen.

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