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Nos cancelan verificentros sin decir agua va: los dueños

Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, acusa que la licitación para nuevos centros fue hecha a medida para que no participaran

Trabajadores y concesionarios se manifestaron afuera de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, negó que el Gobierno capitalino les hubiera avisado con tiempo de que ya no se les renovaría la concesión para seguir operando.

“No sé quién le dijo lo contrario a Mancera, pero nosotros no sabíamos nada”; esto luego de que el mandatario capitalino señalara que los dueños de los centros ya sabían “desde hace mucho” lo que iba a suceder.

El representante de los verificentros aseguró que ellos se enteraron el 18 de diciembre pasado, justo cuando la Secretaría de Medio Ambiente hizo el anuncio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la suspensión por seis meses del programa de verificación.

Torres explicó que desde 1995 la concesión se les renovaba cada cinco años sin embargo, a la entrada de Mancera, el método cambió y la autorización se solicitaba cada dos años.

“Nuestra autorización data de 1995 y en ésa se contempla la revalidación mas no la terminación de la autorización. Recordemos de que a nosotros nos venían revalidando por cada cinco años, solamente esta administración nos revalidó por dos años”, comentó el presidente de la asociación.

Señaló que en este nuevo concurso de concesiones la administración local no permitió su participación ni de ningún miembro de su familia.

“Ellos ya tenían planeado dar un golpe mortal a las empresas y a los trabajadores para impulsar nuevos negocios”, aseguró.

La Asociación Ecológica de Verificación afirmó que es ilegal el término de las concesiones de 74 verificentros y su salida de operación para dar paso a los 55 nuevos centros, los cuales, de acuerdo con la Sedema, contarán con nueva tecnología.

Además, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México no respetó las resoluciones de amparo, emitidas en noviembre de 2017 las cuales impedían la suspensión de operaciones en cinco verificentros, ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

El abogado de la asociación, en la que se encuentran 40 de los verificentros que no obtuvieron la renovación para operar, indicó que las autoridades de la administración local ignoraron las suspensiones definitivas otorgadas por juzgados administrativos federales.

Por tal motivo, el presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, Gustavo Torres, y exempleados de los centros de verificación acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para presentar una queja sobre violación a sus derechos al trabajo, de audiencia y a un medio ambiente sano.

Aunado a ello los quejosos presentaron una inconformidad  patrimonial, de acuerdo con Torres,  porque cada verificentro perdió cerca de 20 millones de pesos en equipo e instalaciones.

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