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Trump declara la guerra a la mariguana… pero a ésta le salen aliados poderosos

Ofensiva. La tolerancia que tuvo Obama con los estados para que abran la puerta a la legalización del cannabis choca con la decisión del actual presidente de Estados Unidos de insistir en décadas de ofensiva fracasada contra el narco. ¿Qué bando ganará?

El 4 de enero, el gobierno de Estados Unidos derogó una ley de 2013 que autorizaba a los estados a legislar libremente sobre la mariguana, lo que permitió que, en apenas cuatro años, ocho estados rompiesen un tabú de décadas: Colorado, que abrió la veda en 2014, Washington, Nevada, Oregón, Alaska y, desde el pasado 1 de enero, California. A mediados de este año también empezará a venderse legalmente en Maine y Massachusetts.

Contra todo pronóstico, el fiscal general de EU, Jeff Sessions, inauguró 2018 dando un portazo a la “revolución verde” que permitió Barack Obama. En concreto, otorgó poderes a los fiscales generales de los 50 estados para imponer la ley federal —contraria a la legalización— sobre la estatal, incluso en esos ocho estados donde ya se aprobó en referéndum y se legalizó su consumo y venta.

¿Sorpresa o no tanto? Aparentemente, el anuncio de Sessions fue una sorpresa porque el presidente Donald Trump sugirió en campaña que respetaría la voluntad de los estados. Además, su lógica de empresario sin escrúpulos le habría aconsejado no dejar escapar un lucrativo negocio que ahora se reparten los carteles del narcotráfico a un lado y otro de la frontera. El más reciente estudio, elaborado por New Frontier Data, revela que, si fuera legal en los 50 estados, para 2025 se habrían generado en EU un millón de puestos de trabajo y las diferentes administraciones recaudarían en los próximos ocho años 132 mil millones de dólares. Sin embargo, su carácter impulsivo y su trastorno de personalidad narcisista y megalómana, que le impiden reconocer que alguien lo hace mejor que él, lo llevaron a hacer lo que se teme de alguien así: destruir todo lo que hizo su antecesor, ya sea el Obamacare, el programa DACA o, en esta ocasión, el Cole memorandum, por ser el fiscal James Cole el que redactó la primera normativa liberalizadora del cannabis, tal como se lo pidió el último mandatario demócrata.

Cegado por esa mezcla de ignorancia, improvisación y ultimadamente pura envidia, Trump está dispuesto a destruir el experimento de Obama con la mariguana en los estados y a retomar con más bríos la fallida guerra contra las drogas que declaró el presidente Richard Nixon en la década de los 70.

Pero la realidad puede ser tan terca o más que el autoritario Trump. Los defensores de la mariguana se sienten más fuertes que nunca. Creen que ha llegado lo que los gringos llaman su momentum, y cuentan, además, con tres poderosos aliados para que ni el presidente Trump (ni los narcotraficantes) ganen esta guerra.

El efecto Colorado. El fiscal general de Colorado, Bob Troyer, ya ha advertido que no está dispuesto a volver a criminalizar la mariguana en su estado, como pretende su jefe Sessions.

Lejos de someterse, Colorado ha ganando una primera batalla con la publicidad gratis que le regaló la Casa Blanca, al anunciar la nueva estrategia contra las drogas. Gracias a Sessions, la prensa ha vuelto a fijarse en Colorado y a recordar que no sólo ha recaudado ya más de 500 millones de dólares en impuestos desde que comenzó la venta de mariguana recreativa, en enero de 2014, sino que el dinero se ha reinvertido exitosamente en educación y rehabilitación de drogadictos. Consecuencia directa o no, el hecho es que en Denver el número de asesinatos cayó un 52.9 por ciento durante los ocho primeros meses de “experimento cannábico”.

El efecto California. No es casualidad que el gobierno de Trump haya lanzado su contra ofensiva contra los “estados mariguanos”, tres días después de que California se apuntara al club.

El 1de enero, el estado más rico, más poblado y más rabiosamente antitrumpista de EU se declaró en guerra abierta contra el mandatario republicano, no sólo por el tema de la legalización de la mariguana (que podría animar a muchos otros estados a seguir el mismo camino), sino porque se convirtió en el primero en declararse santuario de los indocumentados.

Las autoridades californianas han sido muy claras en los dos frentes abiertos contra el gobierno de Trump. No van a consentir que por un capricho del actual mandatario la mayor economía de EU se resienta, y en consecuencia, no van a consentir ni redadas masivas contra inmigrantes, ni van a renunciar a los casi seis mil millones de dólares que esperan recaudar al año con la venta legal de mariguana.

Y el tercer aliado: La opinión pública. Trump, siempre preocupado por sus índices de popularidad, debería estar más atento a lo que dicen las encuestas sobre la mariguana.

La última encuesta de Gallup, publicada en octubre pasado, anuncia que el 64 por ciento de los estadunidenses apoya la legalización, cifra que sube hasta el 71 por ciento en los ocho estados donde ya es legal, según otra encuesta de la Universidad Quinnipiac.

Pero quizá lo más relevante y que deberían tener en cuenta tanto el presidente como los congresistas republicanos es que el 51 por ciento de los votantes republicanos tampoco tienen problemas con su legalización. La encuesta de octubre de Gallup destaca que es la primera vez que la mayoría de los republicanos apoyan esa idea y representó un aumento del nueve por ciento en los índices de aprobación respecto al año previo. A comienzos del año 2000, solo uno de cada cinco republicanos aprobaba la legalización.

Consciente de que este año se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara de los Representantes, el senador por Colorado Cory Gadner se mostró así de duro al respecto con el presidente de EU: “Trump ha pisoteado la voluntad de los votantes. Tomaremos todas las medidas necesarias para que no se salga con la suya”. Gadner, por cierto, es republicano.

 

fransink@outlook.com

 

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