La violencia que les heredamos

Diva Hadamira Gastélum

Las diversas manifestaciones de violencia que se han generado a lo largo de los últimos años a nivel nacional visibiliza una de las problemáticas que si bien se le ha puesto atención para su prevención, no se ha logrado proteger y garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes.

La situación de exilio involuntario que viven a diario familias mexicanas en diversos estados de nuestro país ha sido una de las principales causas donde los más afectados son las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en 2016, alrededor de 35 mil personas han sido desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados.

Sin embargo, no todas las causas son debido a la violencia e inseguridad, existen motivos relacionados con los desastres naturales, usos y costumbres (principalmente en comunidades indígenas), conflictos religiosos y por tierras; así como diversas violaciones a sus derechos humanos y políticos.

Dos de las entidades que más se ha visibilizado el desplazamiento forzado interno ha sido Chiapas y Sinaloa; esta última afectando a por lo menos 65 comunidades serranas distribuidas en siete municipios del estado: Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Culiacán, Guasave, Choix, Navolato y El Fuerte. Además de registrar en 2016 seis eventos, afectando a más de 4 mil 208 personas.

Chiapas por su parte, más de 4 mil personas de las comunidades aledañas entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en la zona de los Altos de Chiapas, han sido desplazadas por grupos de paramilitares debido a una añeja disputa territorial de 1973.

Y es que, al desplazarse de manera forzada, las personas no solamente pierden su hogar, también pierden sus vidas, su patrimonio, sus familias y los vínculos y arraigos con su propia identidad.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha señalado que el desplazamiento forzado interno obliga a las familias a vivir en condiciones infrahumanas; sometiendo a los integrantes más jóvenes a riesgos inaceptables; y es que esta terrible problemática afecta de gran manera su derecho a la educación, a su desarrollo físico, psicológico e integral y sobre todo a la realización de sus sueños; siendo la niñez de las comunidades indígenas los más vulnerables.

Ejemplo de ello, ha sido la información proporcionada por organizaciones locales de Chiapas, quienes demuestran que son más de 1000 personas desplazadas de las cuales casi la mitad son niñas y niños; permanecen refugiados a la intemperie en las montañas, colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad.

De igual manera, las niñas y mujeres enfrentan en su camino, un mayor riesgo de ser víctimas de abusos sexuales, físicos, prostitución y matrimonio infantil, precoz y forzado; además de la estigmatización social y la negación de sus derechos fundamentales, políticos y sociales por pertenecer a una minoría étnica, vivir en condiciones de marginación o contar con alguna discapacidad; lo que aumenta la vulnerabilidad y la adversidad que a diario sufren.

Si bien existen leyes y políticas para garantizar los derechos humanos y el interés superior de la niñez mexicana, se requiere la implementación de medidas urgentes para su protección y seguridad en todo momento. Tal cual como lo dicta la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ya no basta solo el plasmar obligaciones en instrumentos jurídicos, por supuesto que es importante y fundamental; pero también debemos actuar para que se apliquen estas normas y recomendaciones, respetando ante todo los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.  

No permitamos que este tipo de conflictos lo hereden nuestras hijas e hijos,  garanticemos su seguridad, su derecho al desarrollo integral, su derecho de la infancia y adolescencia, pero sobre todo a ser libres y vivir sin violencia.


Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores
@DivaGastelum

 

 

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