Gasto electoral no declarado, riesgo para la equidad - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 21 de Enero, 2018
Gasto electoral no declarado, riesgo para la equidad | La Crónica de Hoy

Gasto electoral no declarado, riesgo para la equidad

Javier Santiago Castillo

La reforma constitucional de 2014 generó un nuevo modelo de fiscalización política que pretendía agilizar las resoluciones de la autoridad electoral, para procurar en lo posible que las conductas antijurídicas sean sancionadas en el propio proceso electoral en el que se susciten y no varios años después.

La importancia de este propósito salta a la vista con la resolución que esta semana emitió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática en el año 2012. En aquel entonces se denunció la utilización de tarjetas de diversos bancos para distribuir recursos en beneficio de la campaña presidencial de la otrora coalición Compromiso por México —integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México— como un gasto oculto, porque no se reportaron a la autoridad,

El PRI, en su respuesta, negó que “por sí mismo o a través de intermediarios o terceros, el Partido Revolucionario Institucional haya realizado pago alguno por alguna labor realizada durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en beneficio de dicho instituto político o de la Coalición “Compromiso por México”, mediante 16 tarjetas de las instituciones BBVA Bancomer, Banamex y Santander objeto del procedimiento”.

Una primera resolución en la que se declaró infundada la queja fue emitida el 23 de enero de 2013 y se ordenó la instauración de un procedimiento oficioso respecto específicamente de tarjetas de la institución financiera Bancomer.

A su vez, el Partido Acción Nacional, aduciendo falta de exhaustividad, presentó nueva queja en el mes de octubre de 2013, misma que fue desechada por la entonces denominada Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la realización de las indagatorias.

Se giraron 42 requerimientos de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 16 a la empresa Logística Estratégica Asismex, S.A. de C.V. La empresa aportó respuestas contradictorias y posteriormente sus representantes legales no pudieron ser localizados, en tanto que las oficinas de la empresa aparecían puestas en renta. Seguiría una serie interminable de oficios girados a otras empresas y personas a lo largo de casi cinco años.

A Bancomer se le giraron 26 requerimientos de información respecto de 101 tarjetas de nómina tradicional, 110 tarjetas de pagos y 111 nómina de autoservicio, sin que respondiera la mayoría de ellos. Llama la atención que el INE no ejerciera su facultad para superar el secreto bancario y que no instaurara procedimiento alguno de sanción en contra del Banco. No fue sino hasta diciembre de 2017 que la institución bancaria proporcionó información, de la que se desprende un gasto de $70, 484, 034.00, junto con un listado de beneficiarios.

Lo curioso es que al comparar los nombres de los beneficiarios de las tarjetas con los listados de representantes generales y de casilla de los partidos políticos, no sólo se identificaron los correspondientes al PRI, sino además representantes de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza, para dar un total de 7 mil 311. De ellos, 5 mil 436 eran del PRI.

A la autoridad electoral no le llama la atención que buen número de los representantes de los partidos denunciantes hubieran sido presuntos beneficiarios de los pagos mediante tarjetas. Asume como hecho incontrovertible que la empresa Asismex entregó recursos a diversos partidos, sin preguntarse sobre la hipótesis de que tales nombres se hubieran utilizado para dar dinero a personas distintas. No le llama la atención la clara concentración en representantes del PRI. Con discutible “imparcialidad”, impuso sanciones a todos, como si hubieran sido parte de una maniobra que apunta a uno solo de los partidos. Es una manera peculiar de entender la exhaustividad en las indagatorias y el principio de imparcialidad.

La resolución no da cuenta del origen de los recursos. ¿Asismex pagó con sus propios recursos o fue mero intermediario de alguien más? Queda la desagradable impresión de que actuó como “empresa fachada”. No se indagó al respecto y por tanto nunca lo sabremos.

Al final, la “prueba reina” en este caso es la información proporcionada en diciembre del año pasado por Bancomer, que involucra 7 mil 311 pagos y no sólo los de las ocho tarjetas originales de la queja. No habla bien de las capacidades de investigación del INE o, para decirlo de modo amable, muestra una ventana de oportunidad para la mejora de las indagatorias de fiscalización: menos papeleo y más eficacia.

El asunto, hay que insistir, proviene de la elección de 2012. Constituye un antecedente poco alentador. En el contexto de una elección técnicamente más compleja y políticamente más enconada, en el que las distancias entre el ganador y sus contendientes más inmediatos tenderán a reducirse como sugieren las encuestas, gasto no declarado de los partidos políticos, el gasto oculto, puede erigirse como la gran manzana envenenada de nuestra democracia.

Para que la fiscalización sea integral y eficaz se debe de conocer la fuente del financiamiento. Es un elemento básico de la transparencia en la actuación del INE como autoridad. La impunidad es un fardo que pesa en la espalda de la sociedad. El INE no puede dejar de investigar quiénes son el o los aportantes a los partidos y, en su caso, sancionarlos; y de existir actos de los que se desprendan faltas fiscales, penales o de otra índole, dar vista a las autoridades competentes. Estas acciones son las que pueden inhibir financiar a los partidos al margen de la ley y evitar conductas delictivas en el futuro.

El desarrollo de mecanismos eficaces y oportunos de disuasión, investigación y sanción de los ilícitos en materia de ingreso y gasto de los partidos resulta fundamental para la preservación de la equidad en la contienda, el imperio de la legalidad y la legitimidad de gobernantes y representantes.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

Imprimir

Comentarios