Cultura

El Consejo de salvaguarda del patrimonio urbano debe incluir a la ciudadanía

Reportaje. En su primera sesión se comentó dejar fuera a las organizaciones civiles, señala Jesús Antonio Machuca Ramírez, investigador del INAH y miembro del consejo. Crónica presenta entrevistas con otros dos especialistas miembros, quienes explican el funcionamiento del organismo, que fue letra muerta por 17 años

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La creación de Directores Responsables de Obras (DRO) de Conservación para que cualquier persona obtenga una licencia de construcción en la Ciudad de México (CDMX), así como la definición de qué son los espacios abiertos monumentales y qué incidencia tendrá la ciudadanía en la declaratoria de un bien como patrimonio cultural, son algunos puntos que discutirá el recién creado Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México.

Crónica presenta entrevistas con los tres académicos que forman parte de este Consejo, que debió integrarse hace 17 años cuando se publicó la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico del Distrito Federal; sin embargo, esta ley nunca se aplicó porque no existía el grupo de especialistas que velara por su cumplimiento y porque, hasta la fecha, carece de un reglamento.

Pero después de la demanda ante el Juzgado Décimo en Materia Administrativa (P-64/2016-IV) al gobierno local por parte de un grupo de habitantes de la delegación Iztapalapa preocupados por la preservación del Canal Nacional —un camino de agua prehispánico clasificado en la Ley de Salvaguarda como espacio abierto monumental—, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX) instauraron el Consejo.

Los miembros del nuevo organismo que conversaron con este diario son: Saúl Alcántara Onofre, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Jesús Antonio Machuca Ramírez, investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.

DRO DE CONSERVACIÓN. “Me parece que la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico del Distrito Federal es un avance enorme para la conservación del patrimonio cultural y natural de la Ciudad de México porque habla de espacios abiertos monumentales y de un director responsable de obra de conservación en los programas de desarrollo urbano”, comenta Saúl Alcántara Onofre.

El también especialista en paisajes culturales, admite que el compromiso como integrante del Consejo es establecer los lineamientos generales de las políticas públicas del Gobierno de la CDMX para la salvaguarda del patrimonio urbanístico y arquitectónico.

“Lo más importante es deliberar y apoyar al Jefe de Gobierno en las declaratorias de algún inmueble afecto al patrimonio urbanístico y arquitectónico. En estos momentos, la Ley de Salvaguarda no tiene reglamento y habría que participar en su elaboración porque sin reglamento, la ley no tiene aplicación”, explica.

¿Qué temas se abordaron en la primera sesión del Consejo, celebrada el pasado 12 de enero?, se le pregunta a Alcántara Onofre. “Se abordó el tema del Canal Nacional porque este espacio no cuenta con un plan de manejo, entonces empezarán a trabajar en eso la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Elaborarán el expediente de Canal Nacional en relación con sus valores monumentales, culturales y ambientales”, responde.

—¿Qué opina del Canal Nacional?

—Que se debe recuperar su vocación de bosque de galería, porque era un bosque de galería con sauces nativos como el Salix humboldtiana, ahuejotes o ahuehuetes, es decir, árboles que son de la Cuenca del Valle de México y que estaban presentes en el México antiguo.

Pero para el académico de la UAM hay otros temas que a partir del caso Canal Nacional —tema que Crónica ha hecho visible— valdría la pena discutir en el Consejo, por ejemplo, hacer valer la figura de espacio monumental abierto e implementarlo en los programas de desarrollo urbano y la existencia de un Director Responsable de Obra de Conservación.

“Me interesa mucho esta Ley de Salvaguarda porque es un adelanto enorme. Llena los vacíos que tiene la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que le da razón de ser al INAH e INBA pero que deja fuera el patrimonio natural y lo traslada a otras leyes. Esto es, el patrimonio paisajístico queda en la indefensión total”, expresa.

Aunque los abogados, añade, comentaron en la sesión que la Ley de Salvaguarda tiene muchos problemas, “para mí es un enorme avance y el gobierno de la ciudad se pone a la vanguardia en Latinoamérica por retomar la figura de espacio abierto monumental, de imagen urbana, incluso de vegetación, paisaje… cosas que la ley federal no toca completamente”.

En el artículo 10 de la ley en mención se establece que un espacio abierto monumental es: “un medio físico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras”.

Es el caso, por ejemplo, del Canal Nacional, Canal de Cuemanco, Canal de Chalco, Jardín Centenario, Viveros de Coyoacán y las calles Arcos de Belén-Chapultepec, Florencia, Palmas, Vértiz, Campeche, División del Norte y Cumbres de Maltrata.

En relación a los programas de desarrollo urbano, detalla Alcántara Onofre, la ciudad cuenta con Directores Responsables de Obra (DRO) y corresponsables en diseño arquitectónico y urbano, pero de aplicarse la Ley de Salvaguarda se deberá establecer un DRO de Conservación, de acuerdo a los artículos 101 y 111.

“Director Responsable de Obra de Conservación, es el restaurador que se hace responsable de la observancia de esta Ley, su reglamento, las recomendaciones técnicas emitidas por el Consejo de Salvaguarda y, en su caso, la reglamentación de salvaguarda en las obras para las que se otorgue la responsiva. La calidad de Director Responsable de Obra de Conservación se adquiere según lo establecido en el reglamento”, se lee en el artículo 111.

También estipula en el artículo 101 que para conseguir la autorización necesaria a efecto de obtener la licencia de construcción, para realizar obras de intervención de un monumento o de un espacio abierto monumental (…) “se deberá presentar ante el Consejo de Salvaguarda correspondiente, el proyecto firmado por un Director Responsable de Obra de Conservación y los corresponsables”.

Alcántara Onofre señala que eso es un avance gigantesco porque “ya no es el arquitecto con formación general, sino un especialista en conservación que puede responder por los proyectos y programas de salvaguardia de la ciudad. En lo particular, voy a sugerir que también haya corresponsables de paisaje”.

—¿Esta figura no existe en ningún otro estado?

—No y por eso se intervienen sitios sin ninguna conciencia específica de lo que es el patrimonio, ya no puede seguirse dejando la cáscara de la arquitectura o a las fachadas construirles edificios anodinos que no aportan nada a la ciudad, al contrario, sólo es cosa financiera, pero desde el punto de vista patrimonial no hay aportación. Además, daría cabida a todos los estudiantes que estamos formando en las universidades.

CERTEZA Y NO OCURRENCIAS. Como el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México surgió a partir de la resolución de un juez a favor de la protección del Canal Nacional, el primer asunto que atenderán los integrantes será el estatus legal de este camino de agua que abarca las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, así como estudiar los efectos que tendría declararlo patrimonio cultural, explica Bolfy Cottom.

“Otro tema que está sobre la mesa es revisar el contenido de la propia Ley de Salvaguarda, determinar hasta qué punto es viable o no, si es preciso pensar en algún cambio, revisarla a la luz de las facultades que tiene la Ciudad de México, ver cómo quedará resuelto el asunto de controversia que tiene en la Corte el gobierno local. Ésa será otras de las tareas del consejo y será motivo de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad”, precisa.

—¿Cuál es la mejor opción para el caso Canal Nacional?

—Primero, está definido en la ley como un espacio monumental abierto y eso quién sabe qué es, no tiene suficiente claridad, por eso lo que se necesitaría es seguir un procedimiento que nos lleve a dar certeza jurídica sobre de dónde a dónde debe protegerse, qué implica su protección, cuáles son las consecuencias de su preservación, a qué estaría obligado el Gobierno de la Ciudad, cuáles serían los derechos y obligaciones de los vecinos que tienen que ver con esta área, cuáles los efectos de esa declaratoria…

“Si no hay certeza respecto del instrumento legal que declare el Canal Nacional, nos seguiremos manejando con ocurrencias, como el caso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad, que se le ocurrió darle ese título al Canal pero sin decir nada más, como si hubiera capacidad de adivinación de qué estaban pensando”, responde.

Eso, añade el investigador del INAH, genera mucho daño porque se les dan falsas expectativas a las personas, porque al momento en que la ley no se puede cumplir, llegan las controversias legales, protestas y reclamaciones.

—¿Se requiere una revisión de conceptos?

—Es cierto que en tiempos recientes ha habido una evolución conceptual de bienes y de lugares que teóricamente deben preservarse, es decir, eso significa una modernización del instrumento legal; sin embargo, hay que ser cuidadosos porque esta Ley de Salvaguarda tiene muchos problemas conceptuales, tiene una serie de disposiciones que la hace imposible de cumplir.

Sobre su opinión de la creación del Director Responsable de Obra de Conservación, Bolfy Cottom asegura que es muy precipitado emitir un juicio y enfatiza en que primero debe existir certeza jurídica.

“Una ley podrá ser muy moderna y acabada en el sentido de que está a la vanguardia de los conceptos, pero hay que buscarle una manera de aplicación en las políticas públicas y a nuestra realidad, porque si no hay suficiente infraestructura, recursos y personal, nunca se cumplirá”, responde.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Jesús Antonio Machuca Ramírez, investigador del INAH, destaca que la creación del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la CDMX es una oportunidad para revisar las tareas sustantivas de las instituciones, la aplicación y coherencia con las leyes federales y las convenciones internacionales ratificadas por México y, sobre todo, definir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el patrimonio cultural.

“La cuestión de aquello que se considera patrimonio urbanístico y arquitectónico tiene una dimensión eminentemente social y, en muchos casos, complicaciones de tipo ambiental como ahora sucede con el Canal Nacional, pues fue el canal prehispánico y que hoy queda lejos de su función original”, indica.

Las decisiones que se tomen sobre este tipo de patrimonio, añade, involucran o afectan las condiciones de vida de las personas que habitan los espacios culturales, porque “el hecho de que haya varias asociaciones de ciudadanos, un frente de asociaciones que llevan 10 años trabajando en la preservación de las áreas verdes como Canal Nacional, es importante y me parece que se debe tomar en cuenta”.

Una intervención que se hizo en la primera sesión del Consejo, narra Machuca Ramírez, no tuvo sentido para él y lo puso alerta. “Se comentó que debe participar la población pero alguien dijo que ‘las organizaciones civiles, no’. Me pareció raro porque entiendo que esas organizaciones son la misma población. Me pareció extraño porque es como si de antemano se descartara a alguien y se incluyera a otros, que no son definidos claramente”.

Por eso, el especialista en Antropología Social opina que los miembros del Consejo deben ser cuidadosos, porque esta nueva figura debe ser un organismo participativo y abierto en cuanto a participación ciudadana. “Incluso ya hay legislación en la materia, ya hay una ley de participación ciudadana que es importantísima, tan importante que la demanda y amparo que fue introducido por gente interesada en el Canal Nacional hizo posible que el Gobierno de la Ciudad de México se pusiera atento. Pienso que se debe buscar el espacio para la participación de ciudadanos”, aseveró Machuca Ramírez.          

¿Qué dice la Ley de Salvaguarda sobre el DRO de Conservación?

-Debe ser un restaurador acreditado en técnicas de conservación

-En los proyectos de desarrollo urbano será responsable del cumplimiento de la Ley de Salvaguarda y de llevar a cabo las recomendaciones del Consejo de Salvaguarda.

-Sus funciones específicas serán establecidas en el reglamento de esta ley (actualmente en proceso de redacción).

-Su firma debe estar en los proyectos que requieran licencia para construir y para realizar obras de intervención en un monumento y en un espacio abierto monumental.

-El proyecto que firmará debe indicar el estado actual del monumento, el uso que tendrá éste, detalles de adecuación propuestos y memoria descriptiva, entre otros aspectos.

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