Movimiento indígena y sistema político

Isidro H. Cisneros

En las elecciones federales de julio próximo estaremos ejerciendo el derecho político a votar por candidatos independientes. El crecimiento exponencial de este tipo de alternativas se debe en buena medida al rechazo hacia los partidos políticos tradicionales, toda vez que importantes sectores del electorado han dejado de sentirse representados por ellos. Lo anterior resulta evidente si observamos que en 2015 fueron electos seis candidatos independientes (un gobernador, un diputado federal, un diputado local y tres ayuntamientos), mientras que en 2016 fueron diez los candidatos elegidos por la ciudadanía (nueve ayuntamientos y un diputado constituyente en la Ciudad de México). Este desarrollo político ocurre a pesar de que las candidaturas independientes expresan la inequidad de la contienda que se genera a partir de los requisitos de registro y acceso a prerrogativas. Originariamente, estas barreras fueron impuestas por la legislación y han continuado por medio de las facultades reglamentarias de los institutos electorales.

La independencia aparece en una doble dimensión: como instrumento para defender una política pública sin presión de los partidos, y como respuesta a la fragmentación de la oferta política, la erosión de la representación legislativa, así como al debilitamiento del nexo entre el electorado y las élites gobernantes. En este país donde la política es patrimonio de unos cuantos y donde los ciudadanos no cuentan con presencia real en el espacio público, lo que reduce su participación a simples observadores de los procesos políticos, se presenta una precandidatura independiente a la Presidencia de la República en la persona de María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy. Propuesta por el Congreso Nacional Indígena ha colocado en el centro del debate el empobrecimiento, explotación, despojo y marginación que sufren los pueblos y comunidades indígenas.

La Comisión Económica para América Latina informa que en México viven cerca de 17 millones de indígenas distribuidos en todo el territorio nacional, aunque cada vez con mayor presencia en las zonas urbanas. Radican en 156 mil asentamientos dispersos en 803 municipios en los que el 30% de la población habla alguna lengua indígena. Este universo está estimado en 68 lenguas y 364 variantes dialectales. Somos una nación pluricultural, plurilingüe y multiétnica y, en consecuencia, resulta prioritaria una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional fundada en el diálogo y el respeto de las diferencias. La precandidatura independiente de Marichuy representa una expresión política de nuestra diversidad social y cultural que recuerda que no obstante las grandes transformaciones vividas por nuestro país, casi nada ha cambiado para los indígenas.

Esta precandidatura plantea al sistema político el dilema de la calidad de la democratización que se ha venido construyendo. Un proceso en el que no se encuentran representados importantes grupos sociales y que pone en entredicho las promesas de justicia social y modernidad política emanadas de la Revolución Mexicana. Las candidaturas independientes son un vehículo para estimular al sistema de partidos, ampliar la oferta política y regenerar el trabajo legislativo. Nuestra democratización requiere de un mayor desarrollo de las candidaturas independientes para estimular cambios en los diseños institucionales. De ahí la importancia de apoyar con nuestra firma para que el movimiento de reivindicaciones indígenas aparezca en la boleta electoral.

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