Ciudad

Osa Mayor, entre “que el gobierno pague todo” y un plan de pagos reducidos

Osa Mayor; en la pared, propaganda de la asociación morenista Benita Galeana.

En Osa Mayor, el edificio de departamentos de 15 pisos en la Colonia Doctores que ha comenzado a ser derribado y del que no quedará nada en dos meses, todos están de acuerdo en que el desastre superó a vecinos que estuvieron dispuestos a asumir tareas preventivas y a destinar parte de sus recursos a mantenimiento mayor del inmueble (realizado apenas en 2014). Pero qué pasará con sus damnificados es aún algo que nadie puede prever.

Hoy, en una reunión con Ricardo Becerra, el Comisionado para la Reconstrucción y Transformación de la CDMX, la posición de parte de los damnificados fue radical: gratuidad universal, es decir, que el gobierno pague al cien por ciento la dotación de nuevas viviendas.

Otros, como la administradora Jackeline Carmona o Samuel Cano, hablan de una negociación en la que el costo para los damnificados debe ser más baja de lo que les ha planteado la autoridad en una primera propuesta, en una entrevista para Crónica, Carmona dijo que a lo mejor las cuotas de 15 mil pesos que les pedían primero, podrían convertirse en ocho mil, un monto que siguen negociando con el Comisionado.

A unos pasos de Osa Mayor, un cartel de Benita Galeana AC, dirigida por Martí Batres, reza: Rentando o arrimado, y ofrece los oficios de esta organización de vivienderos para conseguir casa propia. Esa es la marca de los tiempos electorales que rodean el desastre natural que cimbró Osa Mayor y que echará por tierra todos los esfuerzos de sus habitantes para mantener en pie este impresionante inmueble de la Colonia Doctores.

No todos los vecinos estuvieron presentes en la reunión, Samuel Cano, uno de los que no asistieron, comenta que en 2014 el mantenimiento a los cimientos se realizó con presupuesto de la delegación Cuauhtémoc que los vecinos completaron.

Pero el desastre aquí superó cualquier prevención. Para los condóminos de la Osa Mayor actualmente reina la incertidumbre sobre dónde van a vivir después de que el edificio fuera declarado inhabitable producto de los dos sismos de septiembre de 2017. A pesar de haber avanzado este lunes en conversaciones con el comisionado, todavía no han llegado a un acuerdo concreto.

Los vecinos solicitaron también ayuda económica para pagar renta de los espacios en los que se alojan desde que abandonaron sus departamentos. Carmona aseguró que las respuestas a sus peticiones han sido positivas, sin embargo, todavía no existe un compromiso oficial.

Propietarios (los que apoyan la idea de gratuidad absoluta) se quejaron de la pretensión de construir un edificio nuevo y venderles los departamentos mediante un préstamo de alrededor de dos millones de pesos, lo que significaba pagar cerca de 15 mil pesos al mes, una cantidad a la que no tienen acceso, aseguran, muchos condóminos. Las negociaciones parecen estar destinadas a avanzar en dirección de que la venta de los departamentos sea más barata.

Desde el 15 de enero una empresa constructora trabaja en la demolición de la estructura, actualmente la zona de seguridad está cercada y se prevé que el edificio dure ocho semanas en ser derribado completamente. Frente al inmueble todavía permanece una comisión de condóminos que se reúne diariamente en una carpa y un toldo con la finalidad de ser visibles ante el gobierno a quien le exigen una pronta solución sobre sus nuevas viviendas.

Imprimir