Evaluaciones, percepciones y campañas

Ulises Lara López

A mi amigo Eduardo Moreno Baños porque siempre

estará entre nosotros la llama de su presencia

 

Presentó la OCDE hace unos días la “Estrategia de Habilidades” en la que define las competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, que permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. Esta definición incluye toda la gama de competencias cognitivas (alfabetización y aritmética), técnicas (específicas de un sector u ocupación) y socioemocionales (trabajo en equipo, comunicación) y afirman que “El conjunto de todas las competencias disponibles para la economía en un momento dado conforma el capital humano de un país”.

Según la Estrategia de Habilidades se ha pasado del enfoque tradicional centrado en la educación formal donde la capacitación o certificaciones/diplomas en años y créditos obtenidos a una perspectiva mucho más amplia que incluye las competencias que las personas adquieren, utilizan, conservan e incluso pierden a lo largo de la vida. Las personas necesitan competencias para tener éxito en el mercado laboral así como construir sociedades más igualitarias y tolerantes.

El estudio presentado dice que pocos jóvenes mexicanos desarrollan niveles altos de competencias y cursan niveles educativos superiores. Pese a algunas mejoras, el rendimiento de México en la mayoría de parámetros de desarrollo de competencias se sitúa al final de los países de la OCDE. Lo interesante es que apoya sus conclusiones en el Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés), sus evaluaciones indican que son muchos los jóvenes que no desarrollan niveles elevados de competencias: 56.6 por ciento de los alumnos tiene desempeño deficiente en matemáticas, 41.7 por ciento en lectura y 47.8 por ciento en ciencias. Además, sólo el 56 por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años completan un ciclo superior de educación secundaria, muy por debajo del promedio de la OCDE.

Confirma que un porcentaje reducido de estudiantes mexicanos concluyen sus estudios de nivel superior a pesar que únicamente el 16 por ciento de la población entre 25 y 64 años había cursado educación superior en 2015; muy lejos de la media del 36 por ciento de los países de la OCDE. Descubre que el acceso a las universidades varía de forma considerable por regiones, con una tasa de participación elevada en la Ciudad de México y una tasa mucho menor en la mayor parte de las entidades federativas y comprueba lo que sabíamos, que desde la “masificación” de la educación superior el índice de participación entre hombres y mujeres es similar, aunque hay algunas diferencias por área de estudio.

Lo que resulta interesante es que el reporte llega a la conclusión de que se requiere una arquitectura jurídica que refuerce y financie la colaboración entre secretarías y organismos gubernamentales para mejorar los resultados. Señalan que muchos participantes en los talleres y reuniones técnicas de la Estrategia de Habilidades de la OCDE indicaron que el principal desafío del sistema de competencias en México consiste en eliminar las barreras jurídicas que impiden la colaboración entre diferentes instituciones públicas. La actual Ley deja poco margen para la flexibilidad o los incentivos a la colaboración entre diferentes dependencias y consigna “México necesita incentivar una colaboración más eficaz”.

Pero sorpresivamente nos enteramos que a principios de año el Secretario Otto Granados emitió el acuerdo 01/01/18 por el que determina el cambio del subsistema de educación media superior más grande del país, con 45 años atendiendo alumnos desde la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) para fusionar instituciones y oferta educativa en la nueva Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicio.

Lo inexplicable es que mantiene los mandatos que ya habíamos escuchado anteriormente como Marco Curricular Común a nivel nacional y su participación en el Espacio Común de la EMS y se los impone a los Consejos Estatales de Programación y Planeación de la Educación Media Superior, es decir, ¿lo mismo pero más barato?

La recién nombrada subsecretaria de Educación Media Superior, Sylvia Ortega Salazar tendrá que enfrentar la reacción de los trabajadores y de los ciudadanos interesados en saber el sentido y alcances de la decisión del acuerdo antes mencionado. Aunque se ve complicado el panorama la doctora Ortega tiene una amplia experiencia política, a diferencia de su antecesor, y es una académica reconocida como profesora investigadora de tiempo completo en la UAM, ha ocupado cargos como la rectoría de la unidad Azcapotzalco de la UAM y de la Universidad Pedagógica Nacional ,y hasta hace unas días Directora General del Colegio de Bachilleres, por lo que espero que pronto haga declaraciones que nos expliquen que el acuerdo 010118 es una estrategia que va más allá de la coyuntura electoral.

Sería deseable que los titulares de las Secretarías le pidieran a sus subordinados inmediatos rendir cuentas y pudieran ser avaluados antes de ser relevados. Rodolfo Tuirán regresa como subsecretario de Educación Superior y no existe mayor informe que lo que él mismo ha publicado. Sólo quisiera agregar, para una valoración integral del desempeño que existe el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), y desde la administración pasada la Subsecretaria de Educación Media Superior se volvió cabeza de sector, dice en su página de internet que en 2017 superaron sus metas al conceder un total de 595 mil 976 certificaciones a nivel nacional (¡!), con lo que confirman las conclusiones de la OCDE y la percepción de los especialistas que participaron con ellos, que contamos con un reducido porcentaje de personas especializadas y capacitadas de acuerdo a las necesidades que la industria requiere por la falta de vinculación entre las instituciones participantes, cabe señalar que anteriormente el Consejo dependía directamente de la oficina del Secretario de Educación Pública y del Secretario del Trabajo y Previsión Social ¿Qué fue lo que no funcionó?

Tal vez el sexenio próximo alguien se haga cargo de terminar lo que se dejó pendiente o de plano empecemos por pensar en el futuro para cambiar el presente sin dejar de aprender del pasado.

 

 

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