El profesor de asignatura al rescate.

Carlos Matute González

Esta semana, en un operativo en Michoacán, detuvieron al Mosh, líder del Consejo General de Huelga (CGH), que mantuvo la UNAM en paro durante más de seis meses en 1999, con la intención de que el modelo de universidad pública gratuita no cambiara, entre otras demandas, el cual acabó con la intervención de la Policía Federal y detuvo las reformas a la máxima casa de estudios del país.

Este líder estudiantil hoy es miembro de un grupo de choque perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública estatal del gobierno perredista. A casi veinte años de la expulsión del Mosh, el lunes 29 de enero comienzan las clases en la UNAM y más de 250 mil estudiantes reinician sus labores en una institución que se sostiene casi sólo con el subsidio presupuestal. ¿Cuáles son las secuelas de esta huelga que congeló el esquema de financiamiento de la universidad pública?

Hoy, la mayoría de las clases a nivel licenciatura en planteles públicos y privados las imparten los profesores de asignatura, que cobran en promedio alrededor de 350 pesos al mes por hora semanal. El monto varía, según la categoría, la institución, la antigüedad, régimen fiscal de contratación y la región. La planta de profesores de tiempo completo y medio tiempo, que cuentan con un ingreso mayor, envejeció y algunas universidades impulsaron programas de jubilación para disminuir la edad promedio.

Por ejemplo, la participación de las instituciones públicas en la matrícula nacional de la licenciatura de Derecho disminuyó a menos del 50 por ciento y en esta carrera la educación pública se concentra en un número reducido de universidades autónomas que se masificaron y las privadas se multiplicaron. Hay más de 700 instituciones de tamaño pequeño que captaron el número creciente de rechazados del modelo estatal gratuito con base en dos estrategias: a) personal docente mal pagado, aprovechándose del tabulador de las entidades públicas y b) mayor laxitud en los requisitos académicos. La prioridad era captar más, retenerlos sin garantizar la calidad académica (licenciaturas en tres años, semipresenciales), disminuir los costos con bajos salarios y esquemas de pagos accesibles. 

En el “mercado” de educación superior se posicionaron algunas instituciones, cuyo objetivo era la clase media alta, con pago de cuotas elevadas para la mayoría de los aspirantes a estudiantes, que con la colocación de un alto porcentaje de sus egresados en puestos de trabajo aumentaron su prestigio y matrícula. Por supuesto, la crisis de la UNAM contribuyó al éxito de esta estrategia.

En medio de este proceso quedaron atrapados los profesores de asignatura, quienes paulatinamente crecieron en importancia en la actividad docente, ya que las plazas definitivas de tiempo completo o parcial no crecieron por falta de presupuesto, ni se desocuparon debido a que sus titulares veían disminuido significativamente su ingreso si se pensionaban.

Paradógicamente, quienes soportaron en gran parte la educación superior sufrieron la reducción en términos reales de sus honorarios o salarios, ya que no fueron beneficiados de los esquemas vinculados con el sistema nacional de investigadores ni gozaron de las prestaciones de los otros maestros. En este escenario, hoy es difícil pensar que un profesor universitario de asignatura puede contar con un ingreso digno para vivir si no tiene otra fuente de percepciones.

Las condiciones que garantizan la calidad de la educación superior en Derecho, medida por FIMPES y COPAES, sólo se presentan en el 40 por ciento de las instituciones. Además, la investigación se desvinculó de la enseñanza y los programas de estudio no se actualizaron, tendencia que empezó a revertirse en 2010 con los programas de modernización del sector que amplió la matricula pública y mejoró el ingreso del profesorado de tiempo. Sin embargo, el Derecho público se sigue enseñando con libros de texto de hace cincuenta años que no contienen los cambios en la materia.

Los esfuerzos de la UNAM fueron limitados en la medida que conservó un modelo financiero caduco, dependiente del presupuesto federal, que le impidió el aumento a la oferta educativa, la renovación de la planta docente y la mejora de las percepciones de los profesores de asignatura. Se avanzó en la mejora tecnológica e infraestructura; sin embargo, el número de rechazados aumentó exponencialmente y éstos se fueron a continuar con sus estudios a las instituciones privadas de bajo costo y se reprodujo el círculo vicioso. El mercado de trabajo de los universitarios se sesgó hacia las universidades privadas de prestigio, lo que provocó el aumento de las cuotas en estas instituciones.

Casi veinte años después del paro en que el CGH hundió a la UNAM, los profesores de asignatura no tenemos nada qué agradecerles a los activistas perpetuos como el Mosh, que hayan contribuido a preservar un modelo de educación superior caduca. Aun así, le entramos al rescate por amor a la camiseta y una vocación incontenible por la docencia. Muchos estamos cansados de las confrontaciones estériles de los grupos radicales que sólo buscan conservar o volver a esquemas superados o fracasados. Vale.


Profesor de posgrado del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
carlos@carlosmatute.mx

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