De la Madrid, First México

Aurelio Ramos Méndez

A una semana de formulada, aún se mantiene como un enigma la propuesta de Enrique de la Madrid de legalizar la mariguana, al menos en las zonas turísticas; de entrada, en Quintana Roo y Baja California Sur.

En torno de este planteamiento se han tejido las más diversas elucubraciones, mientras el titular de Turismo guarda un silencio que, tristemente, contribuye a desmontar su atinada, valiente y nacionalista idea.

En el catálogo de conjeturas resalta la suposición de que el presidente Enrique Peña Nieto le tiró de las orejas al vástago de Miguel de la Madrid, por la sencilla razón de que el mandamás ni en sueños ha pensado legalizar las drogas.

Que, si en 2016 el Jefe del Ejecutivo avaló una amañada consulta pública, ésta fue restringida al uso terapéutico de la yerba y, más bien, para entretener las graderías con un tema consultado y diagnosticado hasta la náusea.

Se sospecha, asimismo, en los medios de opinión, que la audaz recomendación de De la Madrid en realidad fue un amago a los negociadores gringos del TLC para tratar de lograr ventajas —como imitando las baladronadas de Donald Trump—, al grito de First México.

Y flota en la atmósfera, además, la infamante creencia de que el lance del expresidenciable constituyó tan sólo una jugada electoral destinada a propiciar un choque entre vagones de un mismo tren, léase las fuerzas de la alianza Por México al Frente, que obviamente disienten entre sí con relación al espinoso asunto de las drogas.

Cualquiera que haya sido la motivación, la reflexión de De la Madrid puso sobre la mesa un tema capital: lo que él mismo calificó de “trato inadecuado al tema de las drogas en México”, el cual ciertamente está en el fondo de los más descomunales problemas de nuestro país.

En el fondo —por ejemplo— de desafíos tales como el escalofriante baño de sangre que ha dejado cerca de150 mil muertos en dos sexenios.

Del gravísimo deterioro social e institucional derivado del río de oro que reporta el tráfico de estupefacientes y nutre la corrupción, en todos los estamentos sociales.

De la distracción de ingentes recursos que un país pobre como el nuestro debería destinar no a cuidar la salud de los yupies gringos sino a solucionar las necesidades más apremiantes: salud, educación, empleo, vivienda de los mexicanos.

No debería haber razón alguna para dudar de la honradez intelectual con que De la Madrid acometió el tema.

Más aún, bien visto el asunto, si dijo que nos haría enorme daño perder los centros turísticos a causa de la violencia, no advirtió de un riesgo remoto sino de algo que ya está ocurriendo.

Y si reconoció —más vale tarde que nunca— que “en Estados Unidos empezaron a decidir cuáles son las drogas buenas y cuáles las malas”, y opinó que “nosotros, como país, ya no debemos comprar ese cuentito”, le asiste por entero la razón.

Si nos atenemos al tono, los argumentos, la idoneidad en función del cargo que desempeña y la pertinencia ante la cotidiana barbarie que asuela el país, resulta claro que el secretario de Turismo actuó motivado por la más acendrada convicción.

No encaja en esta reflexión, sin embargo, el mutismo del funcionario ante el olímpico desdén del gobierno que sirve, y peor aún, ante la descalificación de su apremio, desde las más altas instancias del gobierno, incluso a base de los más pobres razonamientos.

Por ejemplo, eso de decir que “las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud, no hacen daño a la salud porque son ilegales”; que “la ilegalidad deviene del daño a la salud” y que la legalización, sencillamente, es un planteamiento que el gobierno no comparte.

Con base en este apodíctico dictamen uno esperaría de un gobierno celoso del cuidado de la salud de su población un conjunto de medidas, a cual más audaz:

Cerrar, más rápido que inmediatamente, las fronteras a la importación de gordura sin aranceles, que eso ha significado la apertura de puertas de par en par a alimentos procesados que nos tienen en el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad infantil.

Clausurar, tan pronto como ahora mismo, los puestos callejeros de tacos y fritangas, que saturan las muchas rutas de la tifoidea en nuestras ciudades, cuyos propietarios, ellos sí, incurren por insalubridad en graves delitos contra la salud.

Y hasta deberían nuestras autoridades realizar operativos con las Fuerzas Armadas para impedir la venta de huevo en las tienditas de la esquina —las ovotienditas—, pues el consumo de este producto, de alto contenido de colesterol, causa más muertes que la fiebre amarilla.

No nos engañemos. El problema de las drogas no es de salud pública sino financiero, internacional, de seguridad nacional, de seguridad pública y de otras muchas implicaciones.

En gracia de discusión, podría decirse que quienes desde dentro del gobierno defienden la caracterización del fenómeno como asunto de salud pública están en la obligación institucional y moral de avalar sus dichos con datos de las entidades encargadas de la Salud.

Si así lo hicieran conoceríamos las quizá descomunales cifras que los mexicanos del común ignoramos acerca del número de muertos y discapacitados por consumo, ya sea moderado o en sobredosis, de mariguana y otras drogas, suaves o duras.

En todo caso, si la propuesta del titular de la Sectur esconde una estratagema electorera, al final del partido podría resultar un sonoro disparo por la culata.

Porque el choque de trenes se produjo en todos los partidos y aun dentro del gobierno federal, y porque en las entidades demográficamente más importantes, las que podrían determinar una elección, líderes políticos avalaron la idea de la legalización.

Botones de muestra pueden ser Jalisco y la Ciudad de México. Aristóteles Sandoval dijo que deberían ser legalizadas todas las drogas, no sólo la mariguana, y que a nuestros jóvenes los está matando no el consumo de substancias ilícitas sino la violencia derivada del combate al narco.

Y la candidata más perfilada para gobernar la capital, Claudia Sheinbaum, dijo sí a la legalización, mientras que Miguel Mancera recomendó avanzar en la definición jurídica sobre el acceso al estupefaciente, que ya es legal para fines medicinales.

Opiniones idénticas a las anteriores fueron vertidas por políticos con influencia en el Estado de México, Veracruz y otros estados con padrón abultado, mientras a contravía se manifestaron candidatos presidenciales y a jefes de gobierno del PRI, el PAN, Morena y otras fuerzas.

En suma, porque aun los gobernadores directamente aludidos —Carlos Mendoza y Carlos Joaquín González— desafiaron la línea federal y dejaron entrever la aceptación social de la polémica medida, si de acabar con la inseguridad y la violencia se trata.

aureramos@cronica.com.mx

 

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